El Concello compensará al Club del Mar por el COVID pese a la oposición del interventor

Pagará 52.800 euros por las pérdidas que le supuso a la asociación gestionar la piscina municipal del complejo durante la pandemia, si bien el club reclamaba ocho veces esa cifra

Protesta de socios del Club del Mar por la piscina municipal ante el Concello este verano. |   // VÍCTOR ECHAVE

Protesta de socios del Club del Mar por la piscina municipal ante el Concello este verano. | // VÍCTOR ECHAVE / enrique carballo

El Ayuntamiento aprobó la semana pasada indemnizar al Club del Mar con unos 52.800 euros por las pérdidas que sufrió en 2020 y 2021 debido a la gestión de la piscina municipal ubicada dentro de las instalaciones por la pandemia de COVID, si bien la entidad reclamaba una compensación tasada en 400.000 euros para el periodo 2018-2021. Lo hizo contra el criterio del interventor municipal, funcionario encargado de fiscalizar los actos del Gobierno local y sus consecuencias económicas, que considera que no se ha pedido la compensación debidamente y que no ha habido un cálculo correcto de la suma.

La raíz de la reclamación de la entidad, formulada este año, nace del acuerdo de 2003 por el que el Ayuntamiento cedió la gestión de la piscina al Club del Mar. Esta asociación debía pagar un canon trimestral y acoger cursos acuáticos organizados por el Ayuntamiento, a precios tasados. En los horarios que quedasen libres, según indica el informe redactado por el Ayuntamiento para justificar la compensación, el club podría emplear la instalación para su “explotación propia”; así, los socios pueden utilizarla, al igual que la piscina exterior que sí pertenece al club.

Pero, según indica el Ayuntamiento, este convenio “nunca funcionó de acuerdo con lo previsto”. El Concello fue reduciendo los cursos que ofertaba y remitiendo menos usuarios, y “en contrapartida, el propio Club del Mar aumentó su oferta”, de forma que en el año anterior a la pandemia tres de cada cuatro cursillistas estaban en actividades de la asociación y no municipales.

En febrero de este año, el Club del Mar envió un escrito al Ayuntamiento pidiendo una compensación económica por el déficit entre lo que tendría que estar ingresando de acuerdo con el convenio y las entradas reales. Ahí indicaba que el déficit en relación a lo previsto había sido de unos 377.000 euros en los años 2018-2021. Aplicando el IPC, subía la cantidad a cerca de 401.000.

Esta reclamación está ligada a la afirmación, expresada por la directiva, de que el mantenimiento de la piscina interior está afectando negativamente a las cuentas de la sociedad. En julio propuso a los socios subir las cuotas de manera extraordinaria para hacer frente a lo gastos, algo que rechazó la asamblea, y el club llegó a amenazar con cerrar las instalaciones.

Ahora bien, el Ayuntamiento rechaza realizar una compensación basada en el problema de raíz porque indica que el contrato se ha venido desarrollando bajo una relación “de confianza mutua” y la entidad no solicitó que se cumpliesen las condiciones originales ni pidió un desequilibrio anteriormente. Dicho de otra forma, el Ayuntamiento cree que no cabría que el Club del Mar pidiese ahora una compensación por un hecho que permitió durante años: según dice el Concello, “el litigante se derrota a sí mismo”.

Así, el Gobierno local, que admite que se debe indemnizar al club por las pérdidas de 2020 y 2021, establece como base de cálculo el año 2019, y considera que se le deben abonar unos 50.000 euros por la bajada de ingresos durante ese año. A mayores, se renuncia a cobrarles cuatro cuotas de canon trimestrales que aún no abonaron y se le devolverán las pagadas, otros 2.745 euros.

Informe desfavorable

El interventor, sin embargo, emitió un informe cuestionando la legalidad de la indemnización, pues cree que no se ha acreditado un “verdadero desequilibrio” y que la decisión puede causar un quebranto a la Hacienda municipal. El documento señala que, pese a que el Concello cita un Real Decreto Ley de 2020 para fundamentar la compensación, “no ha habido ni siquiera una solicitud en los plazos y de acuerdo con el régimen previsto” en este.

También afirma que para calcular la indemnización solo se tiene en cuenta la reducción de ingresos, y no los “gastos o menores gastos que pudieran derivarse de la situación pandémica”. El interventor indica que los trabajadores de la instalación estuvieron en ERTE, y apunta que podría haberse formado una cuesta justificativa” ausente en la documentación. No entra a valorar la justificación de ingresos que sirven para justificar el cálculo y formula un reparo de legalidad de carácter suspensivo.

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