Patricia Faraldo: “Sabíamos que algunas penas bajarían con la ley del ‘solo sí es sí’, pero castigar más no protege mejor a la víctima”

La catedrática de Derecho Penal de la Universidade da Coruña (UDC), Patricia Faraldo es doctora en esa disciplina y diplomada en Criminología. Con una larga carrera de investigación que comprende la publicación de más de cien artículos, fue una de las expertas que participaron en la redacción de la ley del solo sí es sí. También dirige el grupo de investigación Criminoloxía, Psicoloxía Xurídica e Xustiza Penal no século XXI, que integra a unos 25 investigadores de Derecho, Psicología y Sociología de la UDC y que recientemente acaba de incorporarse a un proyecto europeo para desarrollar una inteligencia artificial para apoyar a la Policía. La idea es que ayude a perseguir delitos internacionales contra el patrimonio analizando la información que los criminales cuelgan en internet.

El proyecto cuenta con cinco millones de fondos europeos y la colaboración de varios cuerpos policiales y agencias de fronteras. ¿En qué consistirá el programa que se desarrollará?

El proyecto está empezando, y no está aún desarrollada la plataforma. Lo que se pretende es mejorar la capacidad operativa de la Policía y fuerzas de fronteras para que puedan mejorar la detección del tráfico ilícito de objetos históricos. Buscamos crear un prototipo de inteligencia artificial que pueda identificar redes de crimen organizado relacionadas con el tráfico de redes de objetos culturales, y así permitir a los investigadores obtener lo que se llaman datos de inteligencia policial. No son tanto pruebas que se puedan llevar al proceso, sino indicios que puedan llevar a una investigación más profunda de los sospechosos.

¿Cómo investigará el programa? ¿La Policía le señalará algunas personas a las que seguir, o rastreará internet buscando sospechosos?

No soy una de las desarrolladoras (ríe), pero la idea es rastrear fuentes abiertas de internet. No es meterse en páginas privadas o correos, sino en lo que esté publicado en abierto, y ahí identificar conexiones entre individuos, con casas de subastas, con sitios arqueológicos que están siendo objeto de saqueo… Y ver tendencias, relaciones. Se basa en el análisis de redes sociales, pero no en el sentido de Twitter: se trata de social network análisis, que es otra cosa.

O sea, cuando se dice que el programa rastreará redes sociales, no se refiere a que se centrara en estas, sino en que intentará encontrar las redes que se crean a nivel social entre los delincuentes.

Y también rastreará Facebook, pero solo la parte abierta.

Uno de los aspectos en los que trabajará la UDC será el análisis criminológico. ¿En qué consistirá?

Vamos a analizar cuáles son los obstáculos que tienen las policías europeas para enfrentar este fenómeno delictivo: ver de dónde provienen los flujos de bienes, cuáles son los países destinatarios y cuál es el perfil de los delincuentes.

¿Qué fuentes emplearán?

Utilizaremos los informes de otras agencias y entrevistas en profundidad con actores clave en la lucha contra el crimen organizado de patrimonio artístico.

Otro aspecto encargado a la UDC será el análisis de los aspectos éticos del uso de la inteligencia artificial para asuntos criminales. ¿Tienen experiencia en esto?

Ya llevamos unos años trabajando en esto, yo misma he publicado sobre las cuestiones ético-legales relacionadas con el reconocimiento facial automático, que también está basado en la inteligencia artificial.

¿Cuáles son los grandes debates sobre la mesa?

Este proyecto plantea cuestiones éticas relativas al tratamiento de datos personales, es la clave de bóveda. Cómo hacerlo de manera que se cumplan los requisitos de protección de datos personales que debe tener la policía en nuestra legislación y el equivalente en los países donde se va a probar la plataforma. Además, tenemos que hacer una plataforma que no esté sesgada en cuanto a raza, género... Los resultados deben ser lo más fiables y transparentes posible, pero no estar sesgados por razones discriminatorias.

¿Cómo se pueden colar estas discriminaciones en el programa?

Vamos a utilizar bases de datos de la policía, y suelen estar sesgadas por sexo y por raza. El Derecho Penal tiene unos destinatarios muy concretos: normalmente los hombres y las minorías raciales están sobrerrepresentadas.

Por así decirlo, si el 80% de los que cometen el delito son hombres, el programa se puede acostumbrar a rastrear preferentemente a los hombres?

Sí, claro. Si se meten datos sesgados en el algoritmo, lo que sale son resultados sesgados.

¿Es frecuente el uso de la inteligencia artificial contra el crimen?

En España en concreto tenemos un uso todavía relativamente reducido de la inteligencia artificial, pero en Estados Unidos o Reino Unido se están implementado abundantes soluciones, y la Unión Europa está por la labor, de ahí que se haya financiado este proyecto.

Formó parte del grupo de redacción de la ley del solo sí es sí, que ha creado una polémica por la rebaja de condenas en algunos de los delitos sexuales. Esta modificación ha permitido a personas salir de la cárcel antes de lo previsto en la legislación anterior, con diferencias de criterio según los jueces que la han interpretado ¿Esta posibilidad ya la habían previsto?

Sabíamos que las penas se reducían, sí. Algunas, porque otras aumentaron notablemente.

Entonces sabían que había condenados que se podrían beneficiar de eso.

Sí, lo que no sabíamos era la reacción que iban a tener los medios de comunicación ante algo que es absolutamente normal en todas las reformas penales.

¿Cree entonces que se ha puesto el foco en eso y no en otras cuestiones más importantes de la ley?

Sí.

¿Por qué cree que ha ocurrido?

Bueno, porque hay una cacería contra todo lo que hace el Ministerio de Igualdad, eso está claro.

¿Mediática? Desde el Ministerio se ha acusado a jueces de actuar de manera machista.

Los jueces, fiscales, policías, tienen exactamente los mismos prejuicios que la sociedad en la que están trabajando: son tan machistas como la sociedad española. Yo creo que los medios le están dando un relieve a un aspecto menor, pero no están destacando otros aspectos mucho más interesantes que la reforma penal.

Uno de los cambios sería el consentimiento. ¿En qué cree que se avanza con respecto a lo que existía anteriormente?

Es un cambio de paradigma, tan claro como eso. Hemos pasado de la disponibilidad por principio del cuerpo de las mujeres, salvo que ellas digan que no, a la indisponibilidad por principio salvo que digan que sí. Ahora el principio es “no me toques hasta que yo diga que sí”. Antes existía “el que calla otorga”: si puedes hablar y no dices nada, entendemos que consientes. Eso ya no es posible.

¿Cree que este cambio de paradigma permitirá castigar a agresores que no serían condenados con la anterior legislación?

Sí. Si un juez tiene dudas acerca el consentimiento de la víctima, que suele ser el aspecto que se debate en muchos juicios, pero se prueba que no ha habido comunicación entre las partes, que la víctima no expresó el consentimiento de manera clara, tiene que condenar. Y antes no.

¿Sobre quién recae la carga de la prueba?

Sigue recayendo, como antes, en la acusación. Ahora bien, la declaración de la víctima, si reúne algunas características que la jurisprudencia ha ido precisando, puede ser prueba de cargo suficiente. Sobre todo, si viene corroborada con otros indicios.

Aumentan las penas para abusos sin violencia ni penetración. ¿Cuál fue el criterio a la hora de ajustar los tramos de castigo?

Partíamos de que estábamos creando un tipo penal, de agresiones, que tenía que abarcar lo que antes eran dos, abusos y agresiones. La idea era que el marco penal fuese de lo que antes eran abusos a lo que antes eran agresiones: bajaba un poco el limite inferior y mantenía más o menos el límite superior de las agresiones. Y hay que tener en cuenta que la doctrina llevaba años criticando que las agresiones sexuales estaban demasiado penadas. Se castigaban más, y todavía se hace, unas agresiones súper agravadas que un homicidio, y no es normal. Lo más importante es la vida, no la libertad sexual. Queríamos reajustar las penas para evitar esa crítica.

¿Un Código Penal con castigos severos desincentiva la comisión de los delitos?

Los delincuentes no suelen saber cuáles son las penas previstas para los delitos que cometen. O sea que no, no lo creo.

¿Cuál cree que debería ser el paradigma necesario para que haya menos delitos sexuales?

Creo que la regulación penal, que ha sido retocada en múltiples ocasiones desde la renovación del Código Penal, más o menos ya está. No vale la pena seguir retocándola, excepto para corregir errores que se hayan apreciado o que se pongan de relieve en la aplicación práctica. Lo que falta por hacer en la sociedad española es proteger mejor a las víctimas. No se trata de castigar más, sino de proteger menor. Y eso se consigue no con más penas para los agresores, sino con medidas de apoyo, sociales, reparadoras, educativas, de acompañamiento de las víctimas.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, las víctimas de delitos sexuales en nuestro país casi nunca llegan a cobrar la reparación que se pone en sentencia.

Por insolvencia del condenado.

Sí. Y ahora se prevé un fondo de reparación. Esperamos que las víctimas reciban reparación, reciban asistencia, que las acompañemos, que las entendamos y las apoyemos en el proceso de recuperación.

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