El Ayuntamiento prevé sacar a subasta de manera forzosa ocho edificios y solares en estado de ruina en la ciudad este semestre para garantizar su rehabilitación. Se trata de propiedades en las que los propietarios no han atendido a los requerimientos municipales para rehabilitarlos, por lo que el Concello los pondrá a la venta con la condición de que los nuevos dueños acometan las obras de reforma. En caso de que nadie puje, el Ayuntamiento podrá quedarse con la propiedad por el 75% de su valor, y la alcaldesa, Inés Rey, indicó este martes que en ese caso los inmuebles podrían dedicarse a “dotaciones”, esto es, albergar servicios municipales, o a “vivienda en alquiler”.
El primer inmueble en salir a subasta forzosa será el número 3 de la calle Damas, en la Ciudad Vieja, cuyo propietario ha recibido una docena de comunicaciones para que lo rehabilite desde 2014 y siete multas. El Ayuntamiento valló, limpió y reforzó la seguridad del edificio el año pasado, y ya ha iniciado el procedimiento para la puja, aunque la subasta todavía no ha salido.
En cuanto al resto de ventas forzosas, el Ayuntamiento indica que se realizarán si los propietarios “siguen incumpliendo sus obligaciones”, si bien la alcaldesa y el edil de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, señalaron este martes que se preveía sacarlas a subasta este semestre. Una de ellas es la del edificio, parcialmente derruido por el Concello el año pasado, del 8 de la calle Santa Lucía, declarado en ruina inminente en noviembre de 2021. Lleva más de una década deshabitado y sin que los propietarios tomasen medidas de seguridad, hasta el punto de que la caída de cascotes obligó a cortar la calle. El derribo preservó la fachada, según recordó Rey, por el “valor arquitectónico” de esta.
Pero la mayoría de los inmuebles están en la zona del Orzán, tres de ellos en la calle homónima. Uno es el número 72, actualmente el solar de un edificio derribado que conserva parte de la fachada. El procedimiento también se prevé para el 130, un edificio ruinoso y cerrado, y para el 202, el solar de un edificio derribado del que queda parte del frontal a la altura de la plaza Cormelana. En San Andrés el edificio a derribar, que tiene una red para prevenir la caída de escombros, es el 140, a la altura de la fuente de Neptuno.
En la calle Herrador, situada entre Orzán y San Andrés, el inmueble será el número 6, un solar generado tras el derribo de una ruina, según indica el Concello. El listado se completa con el 4 de la calle Pastoriza, un edificio en ruinas cerca de la plaza José Sellier. El Concello, que denomina estas subastas como Plan Municipal para la Recuperación de Ruinas, prevé utilizar el mecanismo en futuros inmuebles.
Según indican fuentes municipales, los propietarios de los bienes recibirán el producto de la venta, si bien el Ayuntamiento les descontará lo que le deban por sanciones o por los gastos en los que haya incurrido el Concello al realizar obras o demoliciones que les hubieran correspondido a los dueños. La ley prevé que el Ayuntamiento pueda quedarse con parte del derecho de propiedad del suelo, hasta un 50%, excepto en propietarios a los que reformar la propiedad hubiese puesto en caso de “exclusión social”.
Compra municipal indirecta
La legislación gallega permite este tipo de puja forzosa al menos desde 2016. Según la ley actual, de 2019, los propietarios de inmuebles tienen obligaciones de conservación de sus propiedades. Si no las cumplen, los Ayuntamientos tienen varias posibilidades para intervenir, entre ellas realizar obras urgentes y pasarles la factura o expropiar los terrenos para que pasen directamente a ser municipales. También se prevé la “sustitución forzosa”, reemplazando al titular de un inmueble por otro que acometa las obras, o la subasta promovida por la Administración, un proceso denominado “venta forzosa”.
Para recurrir a él, el Ayuntamiento tiene antes que haber aprobado una declaración de incumplimiento, esto es, completado un proceso por el que se certifica que los propietarios no están actuando para cumplir sus obligaciones y que les da oportunidad de alegar o empezar las obras necesarias. También se incluye una valoración de la propiedad.
Si los dueños no han corregido la situación, el Ayuntamiento debe sacar el inmueble a subasta pública en los seis meses posteriores a la declaración. Con este procedimiento, cualquiera puede concurrir a la subasta y hacerse con la propiedad, pero el comprador está obligado a realizar las obras necesarias para adecuar esta “en el plazo de nueve meses a partir de la toma de posesión de la finca”.
Si la subasta queda desierta, el Ayuntamiento debe volver a sacarla en el plazo de tres meses, aplicando un descuento del 25%. Si tampoco se presenta nadie, el Concello puede entonces integrar la propiedad en el patrimonio municipal pagando el precio de salida de la segunda subasta.
