A juicio los siete procesados por el desalojo de A Insumisa
La Fiscalía pide penas de prisión para todos ellos
Actuación policial frente a la Comandancia de Obras en mayo de 2018 / Casteleiro/Roller Agencia
El juicio contra los siete procesados por el desalojo del Centro Social de A Insumisa, en el antiguo edificio de la Comandancia de Obras, en 2018, comienza mañana en A Coruña en el juzgado de lo Penal número 4. La Fiscalía pide penas de prisión para los siete acusados por amenazar, insultar e incluso golpear a agentes de la Policía Local que acudieron a la avenida de Metrosidero para recuperar las instalaciones. Los actos, según la fiscal, son constitutivos de delito de desórdenes públicos, atentado, lesiones, lesiones leves y de daños agravado.
Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2018. El 092 estableció un dispositivo de vigilancia y control para desalojar la Comandancia de Obras, pero esta se encontraba vacía. Según el escrito de la Fiscalía, delante del inmueble se concentraban "unas 60 personas" con pancartas. Algunos manifestantes lograron acceder al interior del recinto, pero fueron interceptados por los agentes, mientras que otros trataban de alcanzar la puerta de entrada. Varios agentes cayeron al suelo y "recibieron pisotones y patadas". Los manifestantes "continuaron increpando a los agentes, insultándolos, amenazándolos y llegando a la agresión física mediante empujones, golpes con objetos contundentes, lanzando patadas, puñetazos y escupitajos", relata el Ministerio Público. Algunos agentes necesitaron asistencia médica por los golpes recibidos.
El 092 reclamó entonces el apoyo de otras unidades, también de la Policía Nacional, y lograron controlar la situación. Sin embargo, por la tarde, unas 300 personas se concentraron de nuevo frente a la Comandancia de Obras y "hubo intentos de ocupar la calzada y aproximarse a la puerta del inmueble". De nuevo se lanzaron "objetos sobre los agentes" y los manifestantes usaron "palos, latas y botellas de cervezas". Por esta actitud y amenazas de muerte, los policías procedieron a la detención de algunos manifestantes.
La Fiscalía pide casi siete de años de cárcel (83 meses) a dos de ellos por un delito de desórdenes públicos, otro de atentado y dos delitos de lesiones. A otros tres se les acusa de delito de desórdenes públicos y atentado, con tres meses y medio de prisión para cada uno, además de multas económicas para dos de ellos por delito de lesiones. Los otros dos procesados se enfrentan a una pena de 2 años de prisión y multa de 18 meses con una cuantía diaria de diez euros por el delito de daños agravados.
El Ministerio Público también propone indemnizaciones para la compañía de seguros Ocaso de 4.643 euros y para los agentes de la Policía Local que necesitaron asistencia médica.
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