La asociación vecinal de Os Castros alerta en su recurso del riesgo de vertidos en Limpoil

Los recursos de alzada presentados por los ayuntamientos de A Coruña y Oleiros contra la autorización ambiental integrada concedida por la Xunta a la planta de pretratamiento de aceites proyectada por Limpoil en la dársena de Oza no son los únicos planteados, ya que la asociación de vecinos de A Gaiteira-Os Castros también formuló una iniciativa de este mismo tipo para manifestar su oposición al proceso que la empresa pretende realizar en el muelle donde ya cuenta con instalaciones desde 2015, en las que recibe los residuos oleosos generados por buques.

El recurso hace mención a que estará ubicada junto a la boca de la ría de O Burgo y muy próxima a la playa de Oza y el complejo náutico de O Puntal, lugares que tienen una gran afluencia de público, así como a los bancos marisqueros del estuario. Este factor lleva a la asociación a alertar del peligro que supondría un vertido accidental, cuestión sobre la que recuerda que ya ocurrió por parte de esta misma empresa antes de que fuese adquirida en 2011 por Ingaroil.

El Concello recurre la autorización a Limpoil para su planta de aceites en la dársena de Oza

Previamente, la planta estaba integrada en el grupo Portvigo, a cuyo personal sorprendió en 2002 el Concello de Oleiros cuando vertía aceites usados en el alcantarillado de la urbanización Icaria, mientras que ese mismo año el barco que utilizaba Limpoil para recoger los residuos causó un vertido al mar en el puerto y al año siguiente ese mismo buque fue denunciado por Capitanía Marítima por arrojar residuos a las aguas y por tener sus permisos caducados.

También destaca que la empresa manipulará en la planta desechos peligrosos y que, a los procedentes de los barcos se añadirán los del petróleo crudo generados por la actividad de Repsol y de los que hasta ahora se encarga esa misma empresa. El proceso al que se someterán será la separación de los aceites y el agua, de forma que los primeros se enviarán en camiones cisterna a otra planta para su tratamiento. El trasiego de esos productos hace temer a la asociación que se origine un vertido accidental al mar, circunstancia que la propia empresa admite que puede producirse al no existir el “riesgo cero”.

Puerto exterior

Otro de los aspectos destacados es que todas las actividades con impacto ambiental que se desarrollaban hasta ahora en los muelles interiores están siendo trasladadas al puerto exterior. La asociación trata de que los ayuntamientos que pueden verse afectados por la actividad de la planta de Limpoil se posicionen contra su ubicación en la dársena de Oza mediante mociones. Marea Atlántica presentó la que fue aprobada ya por el pleno de A Coruña, sobre la que se abstuvo el PP al oponerse a que se reclame a la Xunta que no autorice el proyecto.

En Oleiros también su corporación aprobó esa moción, de nuevo con la abstención del PP, mientras que en Culleredo también salió adelante, aunque en ese caso los populares votaron en contra. La agrupación vecinal también propuso en Cambre el debate de esa moción, aunque el Gobierno local de ese municipio solicitó previamente reunirse con el colectivo para que le informe sobre la iniciativa.

La Xunta exigirá que la empresa cumpla la normativa “a rajatabla”

“Lo que hacemos es exigir el cumplimiento de la legalidad y que todas aquellas normas y procedimientos que están establecidos se cumplan a rajatabla”, declaró ayer a Radio Coruña el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, sobre los recursos presentados contra la planta de Limpoil por los ayuntamientos de A Coruña y Oleiros. Trenor destacó que esta actuación del Gobierno gallego en relación con el proyecto se lleva a cabo “independientemente de la preocupación que tenga ningún alcalde o ningún concejal”.

El delegado de la Xunta efectuó estas declaraciones en la inauguración de la exposición Os Nosos Ollos en el instituto de Zalaeta. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, incidió en esta postura al conocerse la autorización dada a Limpoil al asegurar que “toda actividad tiene un riesgo” y que debe hacerse “el control pertinente”.

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