La Policía acusa a los detenidos del Sindicato de Limpieza de exigir “mordidas” por trabajar en las concesionarias de limpieza de A Coruña

Las cuatro personas vinculadas al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) el pasado miércoles fueron puestas en libertad este viernes por la juez, si bien bajo cargos de corrupción en los negocios, estafa y blanqueo de capitales. La Policía Nacional sostiene que los arrestados, dos hombres y dos mujeres, formaban parte de una “red criminal” que se dedicaba a cobrar “mordidas” a las personas que querían entrar a trabajar y mantener su empleo en las concesionarias municipales de limpieza y recogida de residuos.

La Policía pone el foco en el secretario general del STL, Miguel Ángel Sánchez, del que afirma que “se habría aprovechado de su posición como fuerza sindical en las empresas adjudicatarias de determinados servicios públicos” de la ciudad para conseguir “beneficios económicos personales e indebidos”.

El 091 afirma que la "red criminal" ligada a STL tuvo beneficios de 250.000 euros en un año

El 091 no indica a qué servicios públicos se refiere, pero STL es el sindicato mayoritario entre el personal de la UTE A Coruña Limpeza, que combina a FCC y a Ingreser Atlántica y se dedica a la limpieza viaria, y de la empresa Prezero, encargada de la recogida de residuos de contenedores. Las dos son concesiones municipales.

Los cuatro detenidos del Sindicato de Limpieza en A Coruña, a disposición judicial

Ver galería

Según la Policía, Sánchez habría contado con la “cooperación necesaria de personas cercanas a él” para poner en marcha esta trama. Otro de los detenidos es Luis Varela, presidente del comité de empresa de Prezero. Siempre de acuerdo con la Policía, el secretario general de STL administraba “en la sombra” varias empresas que estaban a nombre de una “colaboradora” que servía como “testaferro”, y la red exigía, “a modo de mordida”, pagos mensuales a las personas que quisiesen trabajar en las empresas adjudicatarias.

Esto es posible porque las compañías habían “cedido gran parte de la selección de personal contratado a los detenidos”, y estos tejieron “una red constituida por familiares, allegados, amigos y terceras personas” a través de la cual recibirían los pagos. Acceder estos, afirma la Policía Nacional, era un “requisito obligatorio” para trabajar en las concesiones, y sin ellos “nunca se podría entrar en la plantilla”. Además, de acuerdo con la declaración de testigos a la Policía, en el caso de que se interrumpiesen los pagos a los coordinadores de la red “los trabajadores eran despedidos bajo cualquier pretexto”.

STL, bajo la lupa judicial

El caso se tramita en el Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad, que, aunque permitió este viernes a los arrestados volver a sus casas, les impuso la obligación de comparecer cada quince días. A su salida de los juzgados de la calle Monforte los acusados recibieron el apoyo de un grupo de allegados, concentrados ante la sede judicial.

Penas de cárcel hasta seis años

Los tres delitos de los que se acusa a los arrestados conllevan pena de cárcel. La corrupción en los negocios, un delito que deriva de la oferta y concesión de ventajas “no justificadas” en el ámbito privado, se recoge en el Código Penal con prisión de seis meses a cuatro años, mientras que la estafa va del medio año a los tres. En los casos agravados, como por ejemplo cuando el valor de la defraudación supera los 50.000 euros o afecta a un elevado número de personas, la pena mínima es de un año y puede llegar hasta un máximo de seis.

Detenidos cuatro miembros del sindicato de basura de A Coruña STL

El blanqueo de capitales castiga a los que regularicen dinero que procede de acciones ilegales. Los que utilicen o posean bienes que vengan de actividades delictivas se enfrentan a prisión de seis meses a seis años, mientras que los que colaboren pero no sean autores o cómplices de delitos contra el patrimonio tienen penas que, según el caso, van de seis meses a tres años.

Este diario se intentó poner este en contacto con Sánchez y Varela tras su liberación, así como con el STL, para poder obtener su versión sobre las acusaciones, sin que fuera posible conseguir respuesta. La alcaldesa, Inés Rey, señaló que no iba a hacer declaraciones sobre un asunto “que está en manos de la justicia”, a la que “hay que dejar trabajar”.

Suscríbete para seguir leyendo