El Ayuntamiento de A Coruña abre una investigación interna sobre las prácticas del Sindicato de Limpieza en sus concesionarias

El Ayuntamiento está “recabando información” sobre la presunta red ligada al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) a la que la Policía Nacional acusa de cobrar mordidas por trabajar a empleados de dos concesionarias municipales y asegurarse contratos con ellas a través de tráfico de influencias. De acuerdo con fuentes municipales, esta investigación servirá para “ estudiar un posible personamiento en el proceso judicial” sobre el asunto, sobre el que está indagando el Juzgado de Instrucción nº6 de la ciudad. Lo harán, señalan las mismas fuentes, si hallan “indicios de que se han perjudicado los intereses del Concello”.

La causa abierta en el Juzgado de Instrucción proviene de una investigación de la Policía Nacional que, según explicaron a este diario fuentes del cuerpo, lleva en marcha aproximadamente un año, y ha detectado presuntas mordidas por trabajar que se vienen produciendo desde hace “dos o tres” en la contratación eventual dos empresas que realizan servicios para el Ayuntamiento. Una es PreZero, que se ocupa del servicio de recogida de basuras, y la otra es la UTE A Coruña Limpeza, que se encarga de la limpieza viaria.

La Policía acusa a la trama del Sindicato de Limpieza de intentar justificar las mordidas como una imposición del Concello de A Coruña

El asunto saltó a la luz pública hace ya quince días, el 22 de febrero, cuando la Policía registró varias localizaciones vinculadas con la trama, entre ellas la sede del STL, y detuvo a cuatro personas: el secretario general del sindicato, Miguel Ángel Sánchez; una mujer que es su pareja sentimental; Luis Varela, presidente del comité de empresa de PreZero, y una cuarta mujer. A los tres primeros se les achacan los cargos de estafa, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales

Según la versión policial, habían conseguido que las concesionarias les cediesen la contratación, y hacían que los que entraban como personal eventual se hiciesen socios de una asociación, Imprego, que gestionaba la pareja de Sánchez. Una vez miembros de esta, los trabajadores les abonaban una cuota de unos 70 euros al mes. La investigación afirma que, para convencerlos de que este paso era necesario, se decía a los que entraban por esta vía que era una imposición municipal a las empresas; esto es, que el Concello había puesto esta condición dentro de las condiciones de los concursos por los que salieron a contratación los servicios de limpieza.

La Policía se plantea ampliar la investigación del Sindicato de Limpieza de A Coruña a Ourense, Ponferrada y Las Palmas

Los detenidos fueron puestos en libertad con cargos el viernes 24 de febrero. Durante estas dos semanas, el Gobierno local y la alcaldesa, Inés Rey, evitaron pronunciarse sobre la supuesta trama, que sí ha suscitado reacciones en parte de la oposición municipal. El BNG, que ya había alertado de “prácticas irregulares” en la contratación de los servicios en el pleno de julio de 2022, reclamó en el último una investigación en profundidad, y Marea Atlántica, aunque afirmó que no tenía “pruebas” de estas prácticas cuando gobernaba en 2015-2019, reclamó que en lo sucesivo las concesionarias tengan que contratar a través de un proceso “público” y “transparente”, con la publicación de las ofertas de empleo en la web municipal.

Rey afirmó este lunes que el Concello no tenía “ningún dato ni comunicación oficial al respecto más allá de lo publicado” y que no era “ parte en ese proceso judicial”. “De tener algún dato que nos obligue o nos conmine a iniciar algún tipo de investigación se comunicará en el momento oportuno, a día de hoy no lo tenemos”, indicó la regidora. Ahora, fuentes municipales señalan que investigan “a la vista de lo que va saliendo publicado”, si bien no ha habido novedades en los últimos días.

La investigación sobre el Sindicato de Limpieza empezó hace un año y coincidió con el conflicto de la basura de A Coruña

Facultad de supervisar

Las condiciones de los contratos de limpieza viaria y recogida de basuras no incluyen nada parecido a que para entrar a trabajar haya que entrar en una asociación, pero sí figuran cláusulas que habilitan al Ayuntamiento a investigar las condiciones de contratación no ya cuando aparezcan casos penales, sino en circunstancias normales.

Así, en ambos casos el servicio de Medio Ambiente puede “inspeccionar el servicio, las instalaciones, la documentación y contabilidad de la empresa”, así como su “documentación laboral” y verificar por “todos los medios” que la concesionaria, a la que corresponde la contratación, cumple “las condiciones previstas” en los pliegos de los contratos (esto es, los documentos en los que figuran las condiciones). Y, tanto en el caso de la limpieza viaria como en el de recogida de basuras, estas incluyen la “igualdad de oportunidades en el acceso al empleo” entre hombres y mujeres. Y, ya con carácter general, el Estatuto de los Trabajadores recoge el derecho a no ser discriminado en el acceso al empleo, entre otros motivos, por su "afiliación o no a un sindicato".

La versión policial pone en cuestión esta igualdad de oportunidades, ya que afirma que la “gran mayoría”, si no todos los que entraban a trabajar como eventuales en las empresas lo hacían a través de Imprego. Y, afirman fuentes policiales, “todos los que han entrado son contactos de Miguel (Ángel Sánchez) o de trabajadores” de las concesionarias”, por lo que el sistema “realmente era enchufismo”. La CIG denunció ante la Fiscalía una trama similar vinculada al STL Ourense en 2020, si bien la demanda fue archivada. El Concello no respondió ayer a este diario si encontró irregularidades en alguna de las inspecciones de Medio Ambiente, o si estas se llevaban a cabo.

La Policía afirmó en febrero que si los trabajadores dejaban de pagar “eran despedidos bajo cualquier pretexto”, y los contratos municipales establecen la obligación de comunicar los despidos y los procedimientos judiciales o administrativos relacionados con cuestiones laborales al Concello. Finalmente, la investigación acusa a la trama de poner en marcha una empresa, Inusvalia, que proporcionaba trabajadores con discapacidad para realizar servicios auxiliares en ambas concesionarias. Sánchez, afirma la Policía, se habría prevalido de su condición de líder sindical para lograr los contratos .Y las condiciones de ambas concesionarias permiten al Ayuntamiento auditar las subcontrataciones.

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