El Ayuntamiento solicitó este miércoles al juzgado de Instrucción nº 6 de la ciudad que lo acepte como parte en la causa seguida contra cuatro personas ligadas al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), a las que la Policía Nacional acusa de cobrar por trabajar y conseguir contratos con tráfico de influencias en dos concesionarias municipales. De acuerdo con el escrito remitido por el Concello, la Administración local es parte “perjudicada por las prácticas irregulares de los responsables del sindicato que están siendo objeto de investigación judicial”, que, indica en el documento, “han generado una gran conflictividad en las plantillas”. En concreto, conecta estas prácticas con el conflicto de basuras del año pasado y los costes que supuso para el Ayuntamiento.
El STL es la central sindical mayoritaria en la empresa que lleva la recogida de la basuras, PreZero, y en la de limpieza viaria, la UTE A Coruña Limpieza, formada por FCC e Ingeser. Según la Policía Nacional, estas sociedades habían cedido la contratación al sindicato, y el personal eventual debía pagar una cuota de 70 euros al mes por trabajar a una asociación dirigida por la mujer del secretario general, Miguel Ángel Sánchez; sobre ambos pesan cargos de estafa, blanqueo de capitales y corrupción. La investigación también considera que Sánchez empleó su posición como sindicalista para conseguir, mediante “tráfico de influencias” , que las subcontrataciones de estas concesionarias fuesen a otra empresa de empleo a discapacitados que controlaba a través de un “testaferro”, Inusvalia.
En el escrito que envió al juzgado, el Ayuntamiento afirma que las prácticas del STL han causado “graves anomalías en la prestación del servicio”, y señala que el mes de febrero del año pasado la alcaldesa, Inés Rey, declaró la emergencia sanitaria en la ciudad “por la acumulación de basura sin recoger durante varios días y por suciedad en las calles”. En esta época, las plantillas de PreZero y A Coruña Limpieza amenazaron con ir a la huelga, y el servicio de recogida de basuras sufrió una campaña de sabotajes, con más de dos decenas de vehículos con desperfectos. También se quemaron contenedores y dos camiones de recogida: uno quedó totalmente carbonizado en las cercanías de la Torre.
PreZero llegó a interponer una denuncia contra Miguel Ángel Sánchez y a otros miembros del STL, pero este diario ha podido saber que se retiró. El presidente del comité de empresa, Luis Varela, también miembro de PreZero y acusado por la Policía de participar en la trama, negó que el sindicato tuviese que ver con los ataques y acusó a la empresa de no habilitar una “protección eficaz” frente a los riesgos laborales.
El Ayuntamiento no había, hasta ahora, ligado al STL con la campaña de sabotajes, no lo denunció y la investigación policial no ha acusado de estos a los implicados. De hecho, después de que la investigación saltase a la luz pública, el pasado 24 de febrero, el Gobierno local evitó pronunciarse sobre la supuesta trama, y todavía el lunes de la semana pasada la alcaldesa, Inés Rey, afirmó que el Concello no tenía “ningún dato ni comunicación oficial al respecto más allá de lo publicado” y que no era “ parte en ese proceso judicial”.
La regidora indicó que “de tener algún dato que nos obligue o nos conmine a iniciar algún tipo de investigación se comunicará en el momento oportuno, a día de hoy no lo tenemos”. Pocos días después fuentes del Gobierno local indicaban que se había abierto una investigación para decidir si personarse.
Una factura por dilucidar
Durante el conflicto de residuos del año pasado el Ayuntamiento contrató a una empresa externa, Tragsa, para reforzar los servicios de limpieza ante su mal funcionamiento. Esto, según indica el escrito remitido ayer al juzgado, le causó un “perjuicio económico” aunque no aclara cuánto. La empresa estuvo trabajando durante algo más de un mes, y, según una valoración realizada por los trabajos hasta el 9 de marzo, se le deben al menos 175.353 euros. Si se mantiene la proporción, podría llegar hasta los 640.000 euros.
El Gobierno local anunció en su momento que este coste no recaería sobre sus propias arcas, sino que se cargaría en las empresas concesionarias, responsables de que los servicios se presenten correctamente. Pero el Ayuntamiento dejó sin responder reiteradas preguntas de este diario durante los meses pasados sobre cómo se había resuelto el pago, y la denuncia de un perjuicio económico apunta a que estas empresas no han abonado el dinero. La factura no se encuentra entre los documentos que acompañan a la petición de personarse.
De acuerdo con fuentes policiales, la investigación se inició a principios del año pasado, pero pese a que coincidiese cronológicamente con el conflicto de basuras, no empezó a raíz de este. Tampoco partió de una denuncia del Concello (que tiene potestad de control sobre las concesionarias y puede reclamar acceso a la documentación laboral y de subcontratas, entre otra). Según la Policía, se inició por “informaciones” que llegaron a la unidad de delitos económicos sobre las supuestas irregularidades.
USO denunciará a Trabajo la “represión” a uno de sus afiliados
Varios trabajadores del servicio de limpieza varia y miembros de los sindicatos USO y CIG se reunieron el pasado martes con la edil de Medio Ambiente, Esther Fontán, por la supuesta trama del STL. Esa noche, según fuentes de USO, uno de sus representantes, conductor “desde hace más de catorce años”, recibió órdenes de su encargado de turno de trabajar como peón. Según el sindicato, esto es una represalia contra el trabajador y muestra que la empresa, la UTE A Coruña Limpieza, es “una empresa represora en manos del sindicato STL”. Fuentes de la central sindical afirman que el caso se denunciará ante la Inspección de Trabajo.
