El paro de secretarios judiciales lleva a abogados de A Coruña a endeudarse para cubrir los gastos del despacho

El colegio profesional advierte de que la caída de ingresos por la paralización de los juicios afecta sobre todo a letrados jóvenes y que llevan seguros | En el partido judicial hay 7.000 demandas y 30.000 escritos paralizados

Protesta de letrados de la Administración de Justicia ante María Pita, el mes pasado. |   // Víctor Echave

Protesta de letrados de la Administración de Justicia ante María Pita, el mes pasado. | // Víctor Echave / Enrique Carballo

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, cumple ocho semanas sin que se vislumbre un entendimiento con el Estado. En laprovincia de A Coruña, indican los huelguistas, se han paralizado tres cuartos de los juzgados, y la falta de actividad se traduce en una merma de ingresos en los profesionales que viven de ellos: procuradores y abogados. El decano del Colegio Provincial de Abogados, Augusto Pérez-Cepeda, señala que no conoce ningún caso de compañero que haya “abandonado la profesión” debido a esta huelga, pero admite que hay gente que está “tirando de pólizas de crédito” para pagar los gastos del despacho.

La paralización de la actividad judicial no afecta a todos los 3.300 colegiados por igual, explica Pérez Cepeda, y se ceba en los que tienen una actividad centrada en los seguros o en la banca, que son “la parte más afectada, con una diferencia abismal”. Estos profesionales “cobran por sentencia y llevan dos meses sin cobrar: es una barbaridad”. También hace más daño a los compañeros que “llevan menos años trabajando”, pues tienen una cartera de clientes menor, menos músculo económico; en esas circunstancias, paros como el actual “te pueden hundir”, alerta.

Pero, en conjunto, la huelga perjudica a todos los abogados y se ve con “pavor” desde el colectivo, al que la paralización de la Justicia le está haciendo “un daño descomunal”. El Colegio de Abogados ha pedido al Estado que llegue a un acuerdo con los huelguistas, que denuncian que llevan años asumiendo hasta 600 tareas que antes realizaban los jueces y reclaman que se les suba el sueldo hasta llegar al 75% del nivel de los magistrados.

Pero, afirma Pérez-Cepeda, desde el Gobierno no les han hecho “ni caso” y el Estado actúa “sin la más mínima diligencia”. “Me pregunto yo si esto hubiera pasado con una huelga de empleados de Hacienda; a esos se les paga lo que sea”, protesta el decano: “No parece que a nadie le importe la situación de los abogados”. La ministra de Justicia, Pilar Llop, admitió este jueves en el Congreso que la huelga está causando “un grave daño”, pero afirmó que las reivindicaciones de los letrados son “maximalistas” y los emplazó a realizar propuestas “realistas” y “razonables”.

La abogada coruñesa Asunción Jiménez calcula que sus ingresos se pueden haber reducido “un 40%” por la huelga, aunque “hay compañeros que más”. Las reclamaciones o los temas de seguros, pone como ejemplo, dependen del juzgado y los llevan mucho “compañeros jóvenes, los pobres se están viendo completamente perjudicados: es horroroso”. Jiménez trabaja sobre todo en los juzgados de lo Civil, y “aquí han dicho que no se mueva un papel”, aunque se avanza en casos de violencia de género. En los asuntos de derecho de familia, indica, “solo hay un juzgado que funciona con un secretario sustituto, pero hay otros dos que no”.

La abogada recuerda, además, que los profesionales llevan años de paralizaciones reiteradas. “En 2018 fue la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia”, en 2020 la pandemia cerró los juzgados, este enero ha llegado el turno de los letrados y, según ha escuchado, “ahora están diciendo los funcionarios que se quieren poner en huelga porque hacen trabajos de los secretarios, los jueces quieren que mejore su retribución...”

Pero no todos los abogados coruñeses se están viendo afectados en la misma medida. Un profesional coruñés que trabaja sobre todo en la rama de lo Social y prefiere mantener el anonimato indica que hasta ahora solo le han suspendido un juicio. En su especialidad, indica, hay asuntos que se resuelven mediante acuerdos, y los letrados de la Administración de Justicia “los están homologando” pese a la huelga.

Otros casos afectan a derechos fundamentales y los cubren los letrados que realizan los servicios mínimos, y parte de los casos abiertos por el abogado pasaron por uno de los juzgados de lo Social cuyo letrado no está siguiendo el paro.

Otro abogado con despacho en A Coruña, especializado en derecho de la energía, señala que la huelga no afecta a muchas de las reclamaciones que interpone en nombre de sus clientes, ya que no pasan por el juzgado. Pero también lleva algunas causas penales y “las suspensiones son el pan de cada día”. E incluso en las cuestiones energéticas, explica, a veces hay que judicializar asuntos, como “reclamaciones de deudas o facturaciones incorrectas: tenemos varias presentadas y no se están repartiendo al juzgado”. Las demandas “no se están repartiendo, salvo temas urgentes que entran como servicios mínimos”, indica.

Miles de casos atascados

Según Fernando Santiso, letrado en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de la ciudad, en el partido judicial hay “pendientes de repartir al juzgado” más de 7.000 demandas y más de 30.000 escritos presentados por los abogados y procuradores. En cuanto a los procedimientos judiciales que ya se habían iniciado, considera que puede haber “más de 100.000 paralizados” en el partido, un tercio de los de toda Galicia. “Una media de 2.000 por juzgado y teniendo en cuenta que somos casi 60 órganos en el partido”, calcula.

Según indica Santiso, este jueves los profesionales coruñeses en huelga se reunieron y votaron “por unanimidad” continuar el paro. El seguimiento en la provincia, afirma, está en torno al 75%, si bien parte de los profesionales entran dentro de los servicios mínimos y tramitan los asuntos urgentes que les llegan, si bien en el resto de casos “se suspende todo”.

El huelguista indica que los letrados están perdiendo dinero con la huelga y que llevan casi dos meses sin cobrar. Admite que el paro “está siendo muy duro psicológica y económicamente”. Pero también defiende que es “la única salida”. Acusa al Estado de llevar dos semanas sin llamarles, sin negociar y sin respetar acuerdos previos “ya firmados”.

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