PP, BNG y Marea acusan al Concello de falta de control en las empresas donde actúa el STL
La oposición señala que el Ayuntamiento tenía formas de auditar las concesiones
Redacción
El PP convocó ayer la Comisión de Medio Ambiente para que los grupos preguntasen a la edil responsable por su actuación ante la supuesta trama del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL). Su secretario general, según la Policía, cobraba mordidas y practicaba el tráfico de influencias en las concesionarias municipales de limpieza y recogida de basura. La oposición criticó en bloque al Gobierno local, y lo acusaron de no aplicar las herramientas de control a las concesionarias.
Según el edil popular Roberto Rodríguez, las concejalías de Hacienda y Medio Ambiente deberían haber controlado las irregularidades que actualmente está investigando el juzgado de Instrucción número 6. El PP también le atribuye a la edil de Medio Ambiente, Esther Fontán, haber admitido que estas eran secreto a voces y reconocer que hubo avisos de otros sindicatos, si bien, siempre según los populares, la concejala afirmó que los informes que les llegaban señalaban que todo se hacía de forma correcta. Otras fuentes presentes en la reunión afirman, sin confirmar la expresión literal, que Fontán sí que expresó que, aunque existiesen rumores de irregularidades, el Concello no tenía pruebas documentales para probarlo y no podía actuar.
Las concesionarias contrataban a una empresa ligada por la policía al secretario general de STL,Inusvalia, y la edil afirmó, según el PP, que “nunca” habían asesorado a las sociedades para hacer las contrataciones, aunque las condiciones del contrato “dejan claro” que debía hacerlo.
Marea Atlántica indica que en su mandato introdujo “nuevas herramientas” para controlar los contratos, pero acusa al Gobierno local de aplicarlas “de forma muy laxa y sin el rigor suficiente”. Propone reforzar el personal de Medio Ambiente para hacerlo e introducir nuevas garantías en la contratación de personal en las concesionarias para evitar que, como afirma la Policía, se paguen mordidas por trabajar.
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, recordó que ya había alertado de irregularidades en 2022, señaló que hay herramientas de control sobre los contratos y calificó la acción del Gobierno local, que esta semana aprobó personarse en la causa contra la supuesta trama, de “tardía, contradictoria y vacilante”
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