Deudores en A Coruña se acogen con letrado de oficio a la Ley de la Segunda Oportunidad por falta de recursos

Sobre el conocimiento que existe acerca de la Ley de la Segunda Oportunidad, Ángel Andújar señala que a la gente “le suena pero es incrédula y hay falta de confianza” por este desconocimiento, lo que lleva a las personas a preguntarse. “Si yo no pago mis deudas, ¿quién paga a mis acreedores? Esta actitud de los acreedores afectados por estas situaciones ha llevado al despacho Coaga a que en su página web haya colgadas sentencias sobre este mecanismos y experiencias de clientes con las que se informa acerca de las características de esta fórmula legal.

Pilar Cortizo pone el foco por su parte en que en la sociedad existe la creencia de que la segunda oportunidad “es para economías muy modestas, cuando no es así”. Para rebatirlo recuerda que tras la caída de la construcción “muchos administradores empresariales y cónyuges que les avalaban quedaron con deudas de dos millones de euros o de uno y medio”, por lo que recurrieron a esta fórmula y ahora disponen de un plan de pagos para hacer frente al abono de esas cantidades.

Entre los particulares, detalla que hay personas con deudas de tan solo 20.000 euros, pero que las más habituales se sitúan entre 80.000 y 200.000 euros.

También se refiere a que “hay mucha discusión” con las deudas que se contraen con los organismos públicos, porque de las de la Agencia Tributaria solo se exoneran 10.000 euros y de la Seguridad Social 3.000, aunque destaca que ya hay sentencias que admiten la exoneración de deudas con entidades locales.

La delicada situación económica en la que se encuentran algunas de las personas que solicitan acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad hace que “se esté pidiendo ya por el turno de oficio a través del Colegio de Abogados”, señala Pilar Cortizo, directora jurídica del despacho Torres Díaz y Cía y directiva del colectivo colegial coruñés. La letrada atribuye esta situación a que “cuando acudes a la segunda oportunidad es que no tienes dinero ni para pagar el abogado porque estás ya en agonía”, lo que le lleva a aconsejar que se recurra a esta herramienta legal “cuando aún se tiene oxígeno para respirar, porque si no ya no queda otra vía que la liquidación”.

“En los últimos años parece que salimos de una para meternos en otra, ya que aún nos está llegando gente con problemas de la crisis de 2008 que no pudieron resolver, como deudas avaladas personalmente”, comenta Ángel Andújar, abogado del despacho Coaga Asesores Consultores. Este profesional destaca que muchas personas en esta situación “han ido tirando como han podido siendo unos proscritos económicos, sin tener una propiedad, una cuenta bancaria o un sueldo porque se los embargaban”.

Sobre esa época, recuerda que la deuda “se convertía en imposible de cobrar, por lo que la sociedad le hacía la vida imposible al deudor para nada, porque no podía pagar y cada año le era más difícil hacerlo, ese sistema no beneficiaba a nadie”. “Antes lo que pasaba es que el deudor quedaba fuera de la sociedad y se generaba economía sumergida porque se le embargaba el salario”, coincide Cortizo sobre la situación previa a esta solución.

La modificación aplicada a la Ley Concursal en 2015 dio origen a lo que popularmente se conoce como Ley de la Segunda Oportunidad, un mecanismo mediante el que las personas y las empresas asfixiadas por sus deudas pueden buscar una solución que les permite seguir adelante.

Andújar menciona que tras el desplome de la burbuja inmobiliaria llegó la pandemia que impidió devolver créditos a empresas y particulares, mientras que la guerra de Ucrania afectó a algunas sociedades y la reciente subida de las hipotecas impide a muchas personas pagar otras deudas a las que deben hacer frente, por lo que este instrumento legal, que permite librarse del pago de parte de la deuda en determinadas condiciones, cada vez es más utilizado.

“Llevamos años especializados en esta cuestión, hemos tenido esta semana una exoneración de pago de 300.000 euros y este año sumamos 1,2 millones por este concepto”, explica Andújar. Para poder solicitar la aplicación de esta medida es necesario no haberlo hecho en los cinco años anteriores, no tener antecedentes penales por delitos económicos, demostrar buena fe y vender previamente las propiedades que se posean para pagar deudas. Desde el año pasado se permite que se exceptúen la vivienda habitual y los activos empresariales de los autónomos, aunque mediante esta fórmula solo se consigue una exoneración parcial de la deuda.

Insolvencia

“En nuestra experiencia hay más casos de exoneración plena porque cuando los afectados llegan a la insolvencia ya lo han perdido todo o prefieren quedarse sin nada para quedarse sin deudas”, comenta Andújar. Si una vez vendidas todas las propiedades aún hay deuda que satisfacer, el juez analiza si se cumplen los requisitos y, si es así, todo lo que se debe queda exonerado, explica.

Si se conserva la vivienda o el negocio, debe presentarse un plan de pagos con un plazo máximo de cinco años en el caso de mantener la vivienda y de tres para el negocio. “El juez lo único que hace es ver si lo que estás proponiendo es razonable”, detalla el portavoz de Coaga, quien pone de relieve que el plan es de obligado cumplimiento para el deudor y los acreedores. Si una vez concluido el plazo para el pago no se abonó toda la deuda por incapacidad, “se queda exonerado del resto porque se ha hecho el esfuerzo necesario”.

“A veces pasa que viene un cliente que tiene unos ingresos mínimos, como una ayuda familiar de 400 euros, pero tiene que presentar un plan de pagos para aportar algo al acreedor, aunque sea una cantidad simbólica, se tiene que ver que hay un esfuerzo por su parte”, destaca este letrado.

Incredulidad entre los afectados

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