La concesionaria solicitó en enero al Concello rescindir el contrato de la recogida de la basura de A Coruña

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula la adjudicación a Prezero del contrato de la recogida de la basura en el municipio de A Coruña, avanzada por LA OPINIÓN el pasado sábado, puede favorecer —de forma paradójica— los intereses de la compañía concesionaria. Sus responsables se reunieron a principios de este año con el Gobierno local para solicitarle la rescisión del contrato alegando la falta de rentabilidad, así como los perjuicios que les había causado el conflicto laboral que se había vivido en los meses anteriores y que se tradujo en una huelga encubierta.

La existencia de esta petición fue confirmada a este periódico por fuentes próximas a los participantes en el encuentro, mientras que tanto la empresa como el Gobierno municipal eludieron efectuar comentarios acerca de su existencia, pero no desmintieron que se hubiera mantenido ni que en ella se abordase la posibilidad de rescindir el contrato. La operación para abandonar la concesión finalmente no se llevó a cabo en los meses siguientes a la reunión, en los que además se celebraron las elecciones municipales, circunstancia que, según las fuentes consultadas, influyó en esa decisión.

Una vez pasados los comicios podría haberse retomado esa iniciativa, pero el 24 de junio, un mes después de las elecciones, el Superior emitió la sentencia que invalida el contrato adjudicado a Prezero y da un vuelco a la situación. Salvo que la empresa o el Concello opten por recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, lo que en el primer caso es altamente improbable al haber solicitado la rescisión, Prezero deberá abandonar el servicio de recogida de la basura y el Gobierno local tendrá que efectuar una nueva adjudicación.

La recogida de basura en A Coruña: un contrato jugoso pero imposible de asignar

Fuentes de la plantilla, en cuyo comité de empresa es mayoritario el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, cuyos principales cargos están investigados por estafa, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, no tienen constancia oficial de esta reunión entre la empresa y el Gobierno local, pero afirman que Prezero trasladó a los representantes sindicales “algo muy similar”. Según detallan, la compañía argumentó el año pasado “que el contrato le estaba dando pérdidas”, así como que “iba a solicitar reuniones con el Concello en este sentido”, además de que pensaba reclamarle que incrementase el canon anual que le abona para poder cumplir las condiciones del contrato.

Si finalmente la actual concesionaria decide asumir el contenido de la sentencia del Superior que anula la adjudicación del contrato, la única opción posible en este momento pasa porque Valoriza, la última empresa que quedó en el concurso municipal, del que fueron excluidas el resto de las participantes, se hiciese con el contrato, pero esta fórmula también presenta muchos problemas.

Y es que la propuesta de esta compañía sufre el mismo defecto que hizo que la de Cespa, luego absorbida por Prezero, acabase siendo descartada por una sentencia judicial: el lugar en el que se ubican sus instalaciones fijas no reúne las características urbanísticas exigidas por el concurso municipal con el que se adjudicó el contrato de la recogida de residuos.

La permanencia de las dos compañías en esa licitación a pesar de esta circunstancia fue posible porque la Mesa de Contratación del Concello decidió en 2018 “entender y aplicar el pliego [de condiciones del concurso] en el sentido menos restrictivo y de forma que favorezca la concurrencia”.

Si al analizar esta situación se decidiera excluir también a Valoriza ante el temor a una nueva anulación de la adjudicación, el Concello no tendría más remedio que volver a convocar un concurso para la gestión del servicio. Eso demoraría la solución al problema al menos durante varios meses, ya que la cuantía de este contrato —adjudicado en 2020 por 11,5 millones—, así como su complejidad técnica hacen necesaria una larga tramitación.

Esos factores, además de los recursos planteados por las compañías que participaron en el concurso, hicieron que la adjudicación del contrato se retrasase durante años. Si el anterior había vencido al iniciarse 2017, el nuevo se licitó al año siguiente y la concesión no echó a andar hasta octubre de 2020, en principio para un periodo de ocho años que parece que no se completará.

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