Albada intenta la enésima vía para desentenderse de los depósitos de basura al aire libre de Nostián

El Superior ratificó en dos sentencias que la encargada del sellado es la concesionaria, que echa mano de la situación irregular del contrato de gestión de la planta, caducado desde 2020, para tratar de librarse de la obra

Vista general de la planta de tratamiento de residuos de Nostián.

Vista general de la planta de tratamiento de residuos de Nostián. / Víctor Echave

Tres depósitos de basura tiene Nostián, los tres colmatados y dos de ellos sin sellar, en contra de lo que marca la legislación para proteger de sus efectos a la población de la ciudad y al medio ambiente. Uno de los vasos quedó lleno ya hace más de veinte años, y el otro, en 2008. Ni Xunta ni Concello, ni amenazas ni sentencias judiciales, han logrado que la situación irregular vire. Tras dos sentencias del Tribunal Superior de finales del año pasado que concluyen que la que debe encargarse de la obra, de 3,6 millones de euros, es la empresa, Albada abre una nueva vía de reclamaciones para desentenderse de los trabajos, ahora en fase administrativa, probablemente en un futuro judicial. Y se agarra a uno de los grandes problemas que tiene sin resolver actualmente el Concello: la caducidad del contrato de gestión de la planta desde el año 2019.

El Gobierno local prevé rechazar esta semana, en junta ordinaria, las pretensiones de Albada, que ha presentado un recurso de reposición contra la aprobación del proyecto, en noviembre del pasado año. En el acuerdo, el Concello requería a Albada que procediese a ejecutar el precintado lo más pronto posible y que le comunicase un calendario para la actuación. El plazo original de la Xunta para el sellado expiró en julio de 2017 y el Gobierno autonómico amenazó el pasado junio con una denuncia por el incumplimiento de sus deberes medioambientales.

Mapa de los vasos ya repletos de Nostián, con el 2 y el 3, sin sellar, marcados en amarillo y verde. |   // LA OPINIÓN

Mapa de los vasos ya repletos de Nostián, con el 2 y el 3, sin sellar, marcados en amarillo y verde. | // LA OPINIÓN / Ana Rodríguez

Lejos de acceder a la orden, la UTE que gestiona la planta de basuras inició una reclamación administrativa, en la que aduce que, al haber expirado el contrato y funcionar este de forma irregular, no se le pueden requerir “nuevas obligaciones” más allá de las estrictamente necesarias para dar continuidad al servicio. Insiste en que los trabajos deben ser sufragados por el Ayuntamiento.

El Concello replica que la prórroga forzosa del servicio “con el marco contractual original” está avalada por los tribunales en sentencia firme —después de otro pleito presentado por la empresa—, y que así lo asumió Albada cuando pidió, por ejemplo, que le subieran un 6,5% el canon por el IPC. Para el Concello no puede señalar “que el contrato no existe” y al mismo tiempo “actuar bajo las premisas del contrato de concesión”. También recuerda el Concello que, “esté o no vigente el contrato de concesión” de la planta”, lo concluyente es que, “derivado de ese contrato, Albada explotó hasta el final de su vida útil el vertedero por lo que es responsable de realizar su sellado”, tal y como estipula la legislación autonómica, los dictámenes de la Xunta y las sentencias.

Asume el Concello en su resolución que serán los jueces los que decidan quién pagará los trabajos porque Albada volverá a los tribunales, pero adelanta que la empresa asumió unas determinadas condiciones “a riesgo y ventura” en su oferta y que, independientemente de que se hayan frustrado sus expectativas económicas, entra dentro de sus compromisos y, por tanto, obligaciones.

La Xunta amenazó con denunciar por “delito ambiental”

El Gobierno gallego ha instado de manera reiterada a Albada a cerrar los vertederos colmatados. Esta obligación se incluye en la Autorización Ambiental integrada de la planta, que redactó la Xunta en 2015, y que, cuando se modificó al año siguiente, dio a la concesionaria el plazo de un año para la obra. En 2018 el Ejecutivo gallego multó a la empresa con 60.000 euros por mantener los residuos al aire libre, y en 2019 por otros 20.000. Las dos sanciones fueron ratificadas por el Superior. El año pasado, en una revisión de la autorización ambiental, el Gobierno gallego volvió a incluir la obligación en el documento, y la Consellería de Medio Ambiente exigió el sellado en noviembre y diciembre de 2022, según su responsable, Ángeles Vázquez. “Si esto sigue así se convertirá en un delito ambiental”, declaró la conselleira en junio, lo que implicaría denunciar a la empresa. La Xunta, afirmó Vázquez, no puede “permitir que los vasos estén sin sellar”.

Suscríbete para seguir leyendo