El Concello de A Coruña informa de que solicitó esta mañana a la Xunta de Galicia la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. Así se los trasladó el concejal de Economía, José Manuel Lage, en una carta dirigida a la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
El argumento que ofrece el Gobierno local es que los “2.305 demandantes de vivienda pública en A Coruña, inscritos a día de hoy oficialmente en el registro de demandantes de vivienda protegida del Instituto Galego da Vivenda e Solo, dan cuenta de que la oferta de vivienda en la ciudad no responde a las necesidades reales de la población”. Recientemente, el BNG anunció que preguntaría en el pleno de este jueves sobre esta cuestión para conocer la postura municipal, ya que este era uno de los acuerdos de investidura entre su formación y los socialistas.
La nueva ley por el derecho a la vivienda establece que las administraciones competentes en materia de vivienda, en este caso la Xunta, podrán recurrir a esta herramienta “a los efectos de orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado, de acuerdo con las diferentes necesidades territoriales”.
Si la Administración autonómica optase por fijar esta medida, debería redactar “un plan específico que propondrá las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo”, según recoge la legislación.
El Ejecutivo local ofrece a la Xunta su colaboración para la puesta en marcha del procedimiento aportando la información disponible sobre la evolución de la ciudad de A Coruña.
Rechazo de la Xunta
La vicepresidenta autonómica, Ángeles Vázquez, manifestó este mismo año que la Ley de Vivienda es “extremista” porque “menoscaba la propiedad privada” y “la libertad de los ciudadanos” y acusa al Gobierno de tratar a las comunidades autónomas como “auténticos títeres”. Además, poco después se conoció que el Gobierno gallego no prevé declarar en Galicia zonas tensionadas del mercado residencial, según recogían las alegaciones del Observatorio da Vivenda de Galicia a la ley estatal, dado que la nueva norma es “confusa” al determinar qué administración tiene las competencias para esta declaración. Además, la Xunta rechazó medidas “restrictivas o sancionadoras” a la hora de dinamizar el mercado del alquiler, algo que “está demostrado” en otros países, y apuesta por otras soluciones “incentivadoras”.
Según datos del Gobierno gallego de este pasado verano, los nuevos alquileres que se han firmado este año en A Coruña ya alcanzan un precio de 599,3 euros mensuales. En mayo del año pasado la cifra era de 561, con lo que el aumento ha sido del 6,8% en un año, o unos 38 euros. A finales de 2019, antes del COVID, la cifra era de 502 euros: los precios han subido casi un quinto.
