La Audiencia Provincial ha ratificado la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de imponer una orden de alejamiento de 200 metros de las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento a una mujer contra la que se sigue un juicio por amenazas contra funcionarios. De acuerdo con las diligencias practicadas, señala el auto que confirma esta resolución, la mujer acudió en varias ocasiones a las dependencias y “profirió insultos y amenazas” hacia la jefa de servicio y el arquitecto, y, en un caso, “ante la negativa de ser entrevistada por funcionarios sacó un cuchillo amenazando con cortarse las venas”.
La Audiencia Provincial indica que la acusada se dirigió al servicio municipal para protestar contra un expediente de reposición de legalidad relativo a un ascensor, así como “otras cuestiones” relacionadas con el edificio en el que se encuentra este, pero su actitud hacia los funcionarios derivó en hechos que “pueden ser constitutivos de delitos de amenazas y de acoso”. Así, entre el mes de junio de 2022 y el 2 de marzo de este año, escribió “unos 110 correos” a dos direcciones de Urbanismo, incluyendo la de la jefa de servicio de Licencias. En ellos se pueden leer expresiones como “esto no ha terminado”, “nos veremos pronto”, “viviré para que no me olvide” o “nos veremos face to face [cara a cara]”.
También escribió en diversos correos, según indica el auto, “estoy muy loca”, “destila prevaricación y corrupción al por mayor”, “espero que no se me crucen los cables, pero no lo puedo asegurar” o “quieren que vayamos por las malas yo ya estoy dispuesta”. Además, en “varias ocasiones” apareció en las inmediaciones de las dependencias y se quedó “en la puerta o sentada en un banco gritando”, siempre según las diligencias que cita el tribunal.
Aunque la mujer no ha sido condenada, la Audiencia Provincial ve procedente imponer la orden de alejamiento con carácter previo a la sentencia, pues considera que “se desprende la existencia de cierto riesgo objetivo” para la “integridad física y psíquica” de la directora del servicio y otra mujer de la que no señala su cargo. Así, considera “proporcionada y adecuada” la medida, que impuso ya el 30 de marzo el Juzgado de Instrucción que investiga a la mujer por amenazas. La acusada apeló, alegando “falta de motivación”, pero la Audiencia Provincial desestimó sus argumentos. Contra esta decisión no hay posibilidad de recurso.
