El Concello analiza por qué ha descendido la demanda de la renta y ayudas municipales para determinar si reformarlas

La renta social municipal cada vez llega a menos gente. Si en 2021 el Concello repartió en esta ayuda 1,36 millones, ahora el Gobierno local estima que no se alcanzarán los 700.000 euros. Las entidades sociales lo achacan a que el importe y plazos de cobro son menores que el ingreso mínimo vital del Estado, y la edil de Servicios Sociales, Yoya Neira, señala que “ha habido un importante descenso” en las peticiones y en las de ayudas de emergencia, por lo que el Concello evaluará los datos, para determinar si “reformarla o no”.

Neira explicó que se produjo un “cambio” por la entrada de otras subvenciones destinadas a población de escasos recursos,y que también han evolucionado las ayudas de emergencia. “No se están pidiendo un número demasiado alto de ayudas para el pago del alquiler, cuando antes era la principal petición”, explicó la concejala. Una posible explicación es el escudo social implantado a raíz del COVID, en tanto que limitó los desahucios por impago.

Para la edil, los cambios en la renta social municipal no tienen por qué pasar por una reformulación completa, sino “simplemente” por “corregirla y adaptarla a la nueva realidad y a la nueva demanda”. Según entidades sociales consultadas por este diario, actualmente la solicitan, sobre todo, inmigrantes irregulares que no pueden acceder a otras ayudas.

La renta social municipal se implantó con Marea Atlántica en el Gobierno local, y la entonces concejala de Xustiza Social, Silvia Cameán, ha manifestado este mes que propuso al PSOE reformarla en el pasado mandato “y se negaron”. Marea propuso, en 2021, una moción para adaptar esta prestación “a las circunstancias actuales con un mayor importe, menos incompatibilidades y menos trabas burocráticas”.

En 2017 el Concello gastó unos 350.000 euros en esta renta, y al año siguiente la inversión ya era de algo más de un millón: el presupuesto prácticamente se agotó. En 2019 se rozaron los 1,4 millones, y, en 2020, 1,25 millones. Ese año entró en funcionamiento el ingreso mínimo. En 2021, con las secuelas del COVID, el dinero gastado fue de unos 1,36 millones, menos que antes de la pandemia, y para 2022 había bajado en casi medio millón. La renta social se concede por seis meses, que se pueden prorrogar, como mucho, hasta el año y medio, así que los que pidieron la ayuda en sus tres años de eclosión ya no pueden recibirla.