La falta de vivienda y los requisitos para alquilar obligan a personas con ingresos a recurrir a albergues

“La gente, aunque quiera cambiar de vida, no tiene oportunidades ahora mismo. Se ven abocadas a una situación cronificada de la que no pueden salir ni queriendo”, concluye Sara Fernández, educadora social de A Coruña, especializada en intervención con personas sin hogar y en riesgo de desahucio. Fernández desgrana el laberinto sin salida el que se encuentran, a día de hoy, muchas personas y familias debido a las dificultades de acceso a la vivienda, que comienzan a dibujar un nuevo perfil de persona sin hogar alejado del imperante hasta el momento en los expedientes de los servicios sociales. “Empezamos a ver muchas familias que han sido objeto de desahucio obligadas a recurrir a vivir con un familiar o, si no tienen, directamente a albergues tras estar hasta el momento viviendo en pisos de forma autónoma”, alerta Fernández.

Este nuevo perfil con el que se están encontrando los servicios sociales y las entidades sin ánimo de lucro no duerme en la calle; lo hace en situación de hacinamiento en una vivienda en malas condiciones de habitabilidad, en el sofá de un amigo o pariente o en refugios temporales. Que los albergues comiencen a ser una solución habitacional a la que se ven forzadas a recurrir personas hasta el momento en situación normalizada, que no provienen de ambientes de exclusión severa, comporta un problema especialmente grave en el caso de familias con hijos, ya que estos centros no admiten la presencia de menores, a excepción de aquellos recursos residenciales específicamente orientados a madres con hijos a cargo. “Esto obliga a intervenir muchas veces a Protección de Menores, porque un niño no puede quedarse en situación de calle. Es un problema, porque la ley dicta que no se puede separar a los niños de sus familias por motivos económicos. Cada vez hay más casos”, delata la profesional.

La situación de los menores no es el único elemento alarmante de la ecuación: los períodos de carencia de los albergues, que obligan a abandonar este recurso temporalmente para poder acceder de nuevo a estas soluciones, llevan a sus usuarios a alternar períodos en la calle o, de nuevo, a recurrir a la generosidad de sus allegados, si los tienen. La administración da respuesta a las situaciones especialmente urgentes a través de sus convenios con los ayuntamientos o con entidades sociales como Cáritas, que dispone a veces de recursos habitacionales propios a disposición de personas en especial vulnerabilidad, pero hay otras opciones, como la de financiar estancias esporádicas en hostales o pensiones, que quedan completamente descartadas en función de la época del año. “En diciembre en Vigo, debido los turistas que vienen por las luces de Navidad, es totalmente imposible derivar a gente a hostales o pensiones, porque no hay. A Coruña está un poco mejor, pero en verano es imposible encontrar una pensión de emergencia. La administración responde, se tira de ayuntamientos o entidades, pero cada vez es más difícil”, cuenta Fernández.

Un problema estructural

La exclusión residencial es un problema que, si bien los trabajadores del ámbito social llevan notificando desde hace años, se ha agravado especialmente en los últimos tiempos, en los que acceder a un alquiler se ha complicado incluso para aquellas personas que tienen capacidad económica para ello. “Es algo que ocurre desde hace años en las principales ciudades europeas y que ya se ha vuelto también estructural en A Coruña, que tienes un mercado restringido y selectivo. Este año he podido comprobar cómo la exclusión residencial está más presente que nunca, y que ya afecta a personas con recursos económicos disponibles, que no pueden acceder ya no a una vivienda completa, sino a una habitación”, valora Pablo Sánchez Ferreira, trabajador social de la Cocina Económica de A Coruña, que destaca que la situación, en los últimos tiempos, “ha tocado techo”. Sánchez Ferreira señala que el sistema de ayudas desplegado por las administraciones para hacer frente a estas carencias rebota contra el muro de la falta de oferta de vivienda en alquiler.

“Nunca ha habido tanta prestación como ahora, hay un abanico amplio para dar cobertura a todo tipo de situaciones, pero se topa con esta losa en el acceso a la vivienda. Eso obliga a personas con medios económicos a ir trampeando, y las ubica prácticamente en una situación de sin hogar a veces”, alerta el trabajador social. “Si aparece una habitación, en las condiciones que sea, tienes que aceptarla sí o sí”, delata.

En esta coyuntura influyen elementos como la falta de oferta de vivienda en alquiler, la ausencia de un parque de vivienda público adecuado a las necesidades de la ciudad o las elevadas mensualidades que se exigen a día de hoy para alquilar en A Coruña, que rondan los 613 euros de media. Un importe que supera holgadamente los 550 de máximo que cubre el bono alquiler de la Xunta, y que se une a la montaña de requisitos que exigen los propietarios, que incluyen, en ocasiones, hasta seis mensualidades por adelantado, avales, seguros de impago, nóminas —en ocasiones incluso con un mínimo de ingresos requeridos— y hasta justificantes de movimientos bancarios, lo que constituye un filtro muy estrecho que excluye a la amplia mayoría de los demandantes. Algunos propietarios, detallan profesionales del ámbito social, comienzan a rechazar incluso arrendar sus viviendas a familias con menores, ya que “saben que, cuando tienes menores, echar a alguien de una vivienda en caso de impagos es mucho más difícil”, detalla Sara Fernández.

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