Dos protocolos sin un acuerdo de futuro para los muelles urbanos de A Coruña

La promesa de la Xunta y el Concello de llegar a un consenso sobre el futuro de Batería, Calvo Sotelo y San Diego viene precedida de años de negociaciones que no fructificaron

Viandates en el muelle de Calvo Sotelo.

Viandates en el muelle de Calvo Sotelo. / Carlos Pardellas

Un protocolo para la fachada marítima fue la promesa de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras su reunión del viernes. Será un pacto entre ambas administraciones, que implicará también al Estado y al Puerto, y que dará “soluciones a todos los suelos portuarios”, o, en otras palabras, permitirá decidir el futuro de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, que han sido progresivamente abiertos a los ciudadanos, y San Diego y Petrolero, con concesiones hasta 2027 pero para los que se prevé un futuro sin usos portuarios. Al tiempo, este protocolo deberá lograr la “sostenibilidad financiera de la autoridad portuaria”, que adquirió una deuda con el Estado que este no le ha perdonado para construir el puerto exterior de Langosteira, contando con pagarla con la construcción de pisos en los muelles interiores. Este pacto, que Rey apostó por “dejar fuera de la lucha política”, es el tercero de una sucesión de planes que hasta ahora no fructificaron.

El primero de ellos es de abril de 2018, y no tuvo en cuenta al Ayuntamiento, entonces gobernado por Marea Atlántica. Lo firmaron dos políticos del PP: el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Fomento con Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna. Tras medio año de negociaciones privadas, ambos firmaron un acuerdo que blindaba como públicos una quinta parte de los muelles interiores, unos 89.000 metros cuadrados en Batería, Calvo Sotelo y la Solana, descartando que se construyesen pisos allí.

Estas eran, en palabras de Feijóo, “zonas estratégicas”, pero no se daba era consideración al resto de muelles, las zonas litorales de Cuatro Caminos, A Gaiteira y Os Castros, en los que el plan general permite la construcción de 4.000 pisos. Para la Xunta, mantener la edificabilidad era una opción “realista” para financiar la deuda de la Autoridad Portuaria con el Estado, originalmente de 200 millones además de los intereses.

Rey y Rueda en la reunión del viernes.   | // LAVANDEIRA JR/EFE

Rey y Rueda en la reunión del viernes. | // LAVANDEIRA JR/EFE / Enrique Carballo

Pero esta operación daba la espalda al Concello y a buena parte de los partidos y fuerzas vivas coruñesas. En mayo de 2017, una marcha con la participación de 70 asociaciones pidió la condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria con Puertos del Estado, blindar la titularidad pública de los muelles urbanos y abrirlos al público, así como crear un consorcio de administraciones para gestionarlos. Y ese año el alcalde, Xulio Ferreiro, propuso a la Xunta participar en un consorcio para mantener la titularidad pública de los muelles interiores que nunca se concretó.

El Gobierno local de Marea también se opuso a la subasta abierta por el Puerto de la Solana y el hotel Finisterre, y, con el apoyo de PSOE y BNG, el pleno municipal aprobó mociones en contra de la operación, consiguiendo paralizarla. El protocolo entre el Estado y la Xunta no se materializó en un convenio que llevase a acuerdos en firme, y en poco más de un año desde la firma el PSOE se hizo con el Gobierno central y el municipal, aunque esto no llevó a una solución de consenso. La alcaldesa afirmó en varias ocasiones que había pedido al Estado la condonación de la deuda del Puerto, “que sería total o parcial, casi total”, sin que el Gobierno haya recogido el guante por el momento.

Enroque de Puertos del Estado

Puertos del Estado, entidad estatal, insistió por el contrario en que no había “fundamento legal alguno” para perdonar el préstamo, y negó que la situación de A Coruña fuese similar a Valencia, donde se condonaron 350 millones. De hecho, puso como condición para flexibilizar los pagos que otras administraciones pagasen por adquirir los muelles y que no hubiese cesión gratuita de estos, como ha ocurrido en otros puertos.

Y las otras administraciones no se pusieron de acuerdo para comprar. En 2021, la Xunta ofreció invertir 20 millones en los muelles interiores y adquirir el 51% de Batería y Calvo Sotelo, proponiendo que el Concello y la Diputación se hiciesen con el resto. La alcaldesa afirmó que “el puerto de A Coruña no está en venta”, pero en julio el Gobierno local hizo una contraoferta: compraría el 75% de los muelles, y la parte restante la podrían comprar el Estado, la Diputación o la Xunta. Tras varias reuniones, en 2021, se llegó a una propuesta para repartir la propiedad: 75% para el Concello, 20% para la Xunta, 5% para el Puerto.

Pero, una vez más, no se llegó a firmar un convenio, en este caso porque no quiso firmarlo el Gobierno local. La discrepancia, afirmaba el Concello, venía porque la Xunta quería que las diferentes administraciones pagasen la urbanización de los muelles en base a su porcentaje de propiedad, con lo que al Ayuntamiento le corresponderían las tres quintas partes. Pero también había otro problema político: los socialistas pactaban los presupuestos municipales con Marea Atlántica, y esta se negaba a pagar por los muelles.

En el actual segundo mandato de Inés Rey, el socio es el BNG. La formación respaldó las investiduras del PSOE en el Gobierno central (al que arrancó el compromiso de apostar por la “titularidad pública” del suelo y hacer una aportación “significativa” a la urbanización) y del Ejecutivo local, que se comprometió a impulsar un “nuevo convenio” y exigir la “condonación de la deuda” este año. Los grupos municipales del BNG y el PP han respaldado la vía del acuerdo expresada esta semana, que, todavía sin concreciones, busca garantizar la “titularidad pública de los terrenos portuarios y los ingresos necesarios para la viabilidad de la Autoridad Portuaria”.

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