A juicio una psiquiatra que hizo 860 recetas de un psicotrópico para poder comprarlo

La Fiscalía, que solicita dos años y medio de prisión, indica que la mujer padece un trastorno depresivo y dependencia a psicoestimulantes

La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para una médico psiquiatra de A Coruña que confeccionó y expidió 860 recetas de un medicamento psicotrópico para comprarlo en farmacias ubicadas en A Coruña, Culleredo, Betanzos y Cambre. El juicio se celebra este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Entre 2016 y 2020, según el fiscal, la acusada, doctora del Servizo Galego de Saúde (Sergas), elaboró 244 recetas en formato electrónico para dispensar el medicamento. Simulaba que las mismas respondían a una prescripción médica real. Así, en algunas recetas aparecía su nombre como facultativa-perscriptora y, en otras, como beneficiaria. Incluso utilizaba el nombre de su exmarido y de un amigo psiquiatra. Ninguno de ellos, apunta el Ministerio Público, eran pacientes de psiquiatría.

También se hizo con los talonarios de recetas del Sergas de su padre, de su hermana, de otro facultativo y el suyo mismo para hacer prescripciones en papel. Para ello, según el escrito del fiscal, encargó confeccionar al menos tres sellos de facultativos e imitaba la firma de estos. Hacía constar en el apartado de paciente/beneficiario su propio nombre o el de terceros. Con estos talonarios y sellos elaboró otras 616 recetas en papel.

Durante este tiempo, la acusada acudía a farmacias ubicadas en Culleredo —donde residía—, A Coruña, Cambre y Betanzos para adquirir el medicamento. El Sergas sufrió un perjuicio de entre 1.354 y 4.910 euros.

La Fiscalía explica que la mujer padecía trastorno depresivo mayor recurrente, trastorno adaptativo crónico, trastorno relacionado con uso de sustancias, trastorno por dependencia a psicoestimulantes, síndrome ansioso y trastorno obsesivo recurrente desde joven, por lo que, si bien sus facultades cognitivas estaban conservadas, sus capacidades volitivas (actuar) se encontraban mermadas en grado grave, aunque no anuladas. El fiscal pide dos años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, además del pago de una multa de 5.100 euros.