El Puerto de A Coruña prevé rebajar la deuda con el Estado por Langosteira a 125 millones en cuatro años

El Plan de Empresa aplaza a 2025 la posible venta de muelles, que debatirán las administraciones mañana en María Pita | El presidente portuario pide “reestructurar a corto plazo” el endeudamiento y reclama “buscar otra solución”

Instalaciones del puerto exterior de punta Langosteira.

Instalaciones del puerto exterior de punta Langosteira. / Carlos Pardellas

E. C. G. / R. D. R.

La Autoridad Portuaria calcula que todavía le debe a Puertos del Estado unos 177,5 millones de euros del crédito de 200 millones que le concedió por la construcción del puerto exterior. De acuerdo con su Plan de Empresa de 2024, la evolución del endeudamiento experimentará una rebaja en los próximos cuatro años, hasta el cierre del ejercicio 2027, que dejará “en algo más de 125 millones” la cantidad que el Puerto deberá pagar al Estado. La estimación sitúa también ese mismo año la deuda viva a largo plazo, incluyendo también el crédito que debe devolver el Puerto al Banco Europeo de Inversiones (BEI), “por debajo de los 200 millones”, hasta los 186,5.

Para reducir anualmente el endeudamiento, la entidad portuaria realizará pagos anuales a Puertos del Estado para devolver el préstamo a través de los ingresos por su actividad que vaya obteniendo. De hecho, en el apartado de resultados de explotación (el beneficio o las pérdidas registradas durante un ejercicio sin contabilizar intereses ni impuestos), el Plan de Empresa estima obtener un notable incremento entre 2025 y 2027: de 31, 17 y 18 millones en cada uno de estos años, en comparación con los 4,7 millones de euros con los que cerró el ejercicio 2023 y los 2,7 estimados al acabar 2024.

El mismo documento empresarial recoge además otra importante parte de ingresos, de 26 millones de euros, que corresponden a una “amortización anticipada del préstamo” suscrito con Puertos por la venta de los muelles de Batería y Calvo Sotelo en 2025. Esta operación, según el cronograma del Puerto, figuraba en el anterior Plan de Empresa, el de 2023, pero en el documento de 2024 queda pospuesta hasta el ejercicio 2025, y la adquisición de estos terrenos portuarios será nuevamente analizada mañana en la reunión que mantendrán en el Palacio de la María Pita el Ayuntamiento, la Xunta y las demás administraciones implicadas en la reordenación de la fachada marítima de la ciudad.

La deuda portuaria asumida para la construcción de los muelles exteriores de punta Langosteira y el traslado a estas instalaciones de concesionarias, tiene dos acreedores: el BEI y Puertos del Estado. El segundo, un organismo estatal, es el principal, y el Puerto le pidió 200 millones de los que se empezaron a pagar intereses en 2011. A lo largo de la década siguiente, la entidad recibió de la Autoridad Portuaria más de 41 millones de euros por este concepto, un 39% de sus ingresos financieros. Tras 2021 el Puerto empezó a amortizar, esto es, a pagar el préstamo en sí.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó la semana pasada que el Gobierno estaba estudiando “reestructurar la deuda”, pero sin concretar cómo afectaría esto a los plazos e intereses ni definir si hay posibilidad de condonar total o parcialmente el importe. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, valoró ayer que la reestructuración es una “necesidad a corto plazo, que nos va a ayudar”, pero señaló que “a medio y largo plazo hay que buscar otra solución”. Sobre el futuro de la fachada marítima, afirmó que la prioridad es “definir lo que necesita el puerto y la ciudad”, y, a partir de ahí, “buscar un punto de encuentro entre los usos y la solución financiera para la Autoridad Portuaria”.

Hasta ahora, según el Puerto, ya se han abonado al Estado 22,5 millones del principal préstamo, de los que 10,25 se pagaron el año pasado con una “amortización extraordinaria”, dentro de un pacto con el Estado para limitar los efectos de la subida de tipos derivada de la guerra de Ucrania en las finanzas portuarias. Dado que el Puerto paga un interés variable, cuando los tipos suben también ascienden las cuotas, y el Estado aceptó, a cambio del abono adelantado, cobrar un interés máximo del 1,66%, entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de diciembre de 2026. Siempre según el Puerto, este pacto sirvió para evitar “males mayores” y los 10,25 millones adelantados equivalen a lo que hubiera tenido que abonar por la subida de intereses.

A los 177,5 millones que se deben a Puertos del Estado se suman otros 90 millones que, según la Autoridad Portuaria, todavía debe al BEI, tras haber abonado unos 40. En conjunto, el Puerto calcula su deuda en unos 267 millones; si bien el Plan de Empresa da una estimación ligeramente inferior. Este documento cuenta con situarla “por debajo de los 200 millones en 2027”. El documento también establece “mantener la enajenación del muelle de San Diego en 2030”, por 169 millones, si bien la Autoridad Portuaria indica que es necesaria “una reflexión sobre el futuro uso que tendrá la superficie”.

La devolución de las deudas contraídas por el Puerto para construir Langosteira ha estado vinculada a la venta de los muelles interiores desde 2004, cuando Estado, Xunta, Concello y Puerto firmaron un convenio por el que preveían el aprovechamiento económico de estos espacios, con la construcción de pisos, hoteles y negocios. Concello y Xunta avanzaron este mes que de la reunión de mañana entre las administraciones saldrá “un nuevo marco jurídico” que determine el futuro de la fachada marítima.

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