Los planes para construir vivienda protegida o social elevan su demanda un 15% en medio año

Si se anuncia la construcción de pisos protegidos, crece la demanda, sobre todo si se acentúan las dificultades para acceder a una vivienda, como ocurre en la actualidad en el conjunto del país. La intención de la Xunta de levantar en los próximos años 520 pisos de protección en el barrio de Xuxán y la pretensión de adquirir suelo en A Coruña y en el resto de urbes gallegas para elevar hasta 20.000 las nuevas viviendas de este tipo, concebidas para compradores o arrendatarios con menos recursos, han provocado en lo que va de año en la ciudad el incremento de demandantes en el Rexistro Único de la Xunta. Si a mediados de enero había inscritas 2.438 peticiones, a fecha de 4 de julio, esta pasada semana, la cifra había aumentado un 14,6%, hasta las 2.795. A esta subida han contribuido otras iniciativas municipales (alguna también en Xuxán) para facilitar pisos protegidos tras varios años sin promoverse.

Arquitectos y promotores inmobiliarios de la ciudad coinciden en señalar como “lógico” el crecimiento de la demanda de vivienda a partir de un anuncio de las administraciones orientado hacia el aumento del parque inmobiliario. “Un efecto llamada”, “un reflejo natural”, consideran. Estiman estos sectores, por un lado, que la cifra actual de demandantes es “anecdótica” y, por otro, con una perspectiva más optimista, que en el periodo de “dos o tres años” se va a ver en A Coruña un porcentaje más numeroso de vivienda de protección pública frente a la “escasez actual”.

Los sectores consultados interpretan esta tendencia inmobiliaria con escepticismo. Lo expresan con cifras. “El registro gallego no representa la demanda real de demandantes. En España se estiman necesarias 2,2 millones de viviendas. Extrapolando, por lo bajo, serían unas 110.000 en Galicia. La Xunta ha prometido 20.000, de las cuales no sabemos cuántas finalmente se realizarán. Es decir, promete alrededor de la sexta parte de las necesarias a día de hoy”, analiza la presidenta de la delegación coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela.

Las expectativas de que aumenten realmente las viviendas de protección, “de las que hay 15 subtipos en Galicia”, responden a un intento de compensar la falta de ayudas a los promotores desde hace más de una década en España. “En 2010, una decisión política se cargó el sistema tradicional de VPO y los promotores vieron que los bancos no estaban por la labor de conceder ayudas para construir estas viviendas. Ahora en Galicia se están abriendo estas líneas de ayuda al haberse actualizado los precios máximos de venta y renta”, explica Juan José Yáñez, director gerente de la Asociación Provincial de Promotores de A Coruña (Aproinco).

Al comenzar este año casi 2.000 personas en el municipio de A Coruña figuraban en el Rexistro Único de Demandantes como solicitantes en el apartado de vivienda oficial de promoción pública, es decir, la construida por las administraciones y normalmente ofertada a un precio por debajo del de otros pisos equivalentes en el mercado; medio año después la cifra roza los 2.200, de los que la mayoría, 1.362, la piden en régimen de alquiler, 586 en arrendamiento con opción de compra, y 222 para adquirirla directamente.

A estos números hay que sumar los de los demandantes de viviendas de protección pública en núcleos rurales o el casco histórico (78 interesados en la compra, 41 en alquiler y 15 con opción de adquisición), que aumentan un 24%; y los de quienes solicitan pisos protegidos de promoción privada en régimen especial, general y concertado (según el nivel de renta de los demandantes), un total de 491 en los distintos regímenes, casi un 12% más que en enero.

Hace medio año el nivel de demanda de pisos protegidos en A Coruña ya había experimentado una significativa subida, al recuperar el pico registrado antes de la pandemia del COVID. Las casi 2.500 peticiones eran un tercio más que las de un año antes y casi las mismas que las que figuraban en el Rexistro Único en febrero de 2020.

En el último semestre el aumento de demanda ha coincidido con las iniciativas urbanísticas anunciadas por la Xunta y el Concello para incrementar la oferta de pisos protegidos, una respuesta a la escasa oferta que la ciudad tiene en esta modalidad residencial. De acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda, en todo 2023 solo se produjeron 41 compraventas de este tipo de viviendas, uno de los tres peores datos de las 18 ciudades españolas de entre 200.000 y 300.000 habitantes, lo que se traduce en que en aquel momento había 34 demandantes por cada piso protegido vendido a lo largo del año.

Uso del suelo y adquisición

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prometió en la campaña de las últimas elecciones gallegas la construcción de pisos protegidos para combatir el encarecimiento de la vivienda. Hace dos meses avanzó que su gobierno agilizaría, mediante un cambio en el plan general de A Coruña, los trámites para que dos de sus parcelas en Xuxán cambiaran de uso y permitieran levantar 520 pisos de protección en los próximos años. Estos se añadirían a otros 144 de promoción pública en el mismo barrio ya entregados, adjudicados o licitados.

Rueda señaló una parcela municipal en Xuxán para plantear al Concello otro cambio de uso, de comercial a residencial, y permitir otras 40 viviendas protegidas. El Ayuntamiento, también en el antiguo parque ofimático, acaba de abrir la licitación para construir un bloque de 50 viviendas destinadas al alquiler social, un inmueble que es consecuencia del acuerdo alcanzado en 2019, entonces con Marea en el Gobierno local, con los propietarios del edificio que fue sede de Fenosa y con el arquitecto que denunció las irregularidades cometidas en su reforma, que motivaron una sentencia que obligaba a su derribo. El Concello también promueve cinco pisos de alquiler social en la calle Marqués de Pontejos, obra que debía haber concluido el año pasado pero que aún se ejecuta.

Además la Xunta ha puesto el ojo en 14 polígonos residenciales de A Coruña que figuran en el plan general para obtener bolsas de suelo urbanizable mediante su compra y levantar en esos terrenos viviendas protegidas. Esto forma parte de un plan para las ciudades gallegas para el que se prevén gastar más de 43 millones y alcanzar los 20.000 pisos de este tipo, a los que se sumarían otros 5.000 de precio libre.

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