Caída de la renta social municipal de A Coruña: los beneficiarios bajan de 100 por la competencia de otras ayudas

Solo 83 personas están cobrando la subvención implantada por Marea, frente a las 116 de hace un año, y en 2018 se llegó a abonar a 404 usuarios durante el ejercicio | Al contrario que el Ingreso Mínimo Vital, tiene un plazo máximo

Personas ante la Cocina Económica de A Coruña.

Personas ante la Cocina Económica de A Coruña. / Iago López

El Gobierno local de Marea Atlántica creó en 2016 la renta social municipal, una ayuda temporal, de carácter mensual, para reforzar la red social de la ciudad. Pero, aunque ha ayudado a centenares de personas, cada vez se conceden menos. De acuerdo con fuentes municipales, este mes de agosto hay 83 personas cobrándola: la cifra ha caído un 28,5% con respecto a las 116 que la percibían el año pasado por estas fechas, y el descenso es mayor si se compara con años pasados, en los que la llegaron a percibir varios centenares. El Gobierno local señala que la decadencia de la ayuda no se debe a la falta de fondos (el año pasado se llegó a reducir la partida en el medio del ejercicio, porque sobraban) sino a la competencia con otras ayudas más apetecibles, y, en particular, con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), implantado en 2020 y que ofrece mayores cuantías.

El Concello empezó a destinar gasto efectivo a la renta social municipal en 2017, y, de acuerdo con la Memoria municipal de ejercicio, la percibieron en algún momento 323 personas. En 2018 se llegó al pico, con 404 perceptores, es decir, casi cinco veces el número de los que la están cobrando ahora. Si bien este dato cuenta a todos los que se beneficiaron a lo largo del año, se trata de una ayuda ofrecida durante un periodo de entre seis meses y un año y medio, por lo que hay una cierta estabilidad. En los años siguientes hay una pequeña caída, y en 2019 los perceptores fueron 303, mientras que en 2020 se llegó a 325.

A mediados de ese año se implantó el IMV, y en 2021 la cifra de beneficiarios bajó a 292, la más reducida hasta esa fecha. En 2022, ya era de 203 personas. De acuerdo con un informe de los Servicios Sociales municipales al que tuvo acceso a este diario, la principal causa de la bajada de demanda de la ayuda coruñesa es la consolidación del ingreso mínimo vital y los “requisitos exigidos para el acceso a dicha prestación”. La ayuda estatal “minoró la demanda de la prestación municipal”, que ha pasado a pedirse “de forma residual en los casos de personas o unidades familiares que no tienen acceso” al IMV o a la Risga, la ayuda autonómica.

La entonces directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Pilar Farjas, confirmó a este diario el pasado noviembre que en A Coruña las familias “optan primero por las prestaciones más estables: primero el Ingreso Mínimo Vital, luego la Risga y en tercer lugar la renta municipal, que es temporal y de menor cuantía según la unidad familiar”. En su opinión, esta ayuda está “quedando para inmigrantes”, pues les ofrece la ventaja de que la pueden pedir sin tener el permiso de residencia. Pero, si se lo conceden, entonces “acceden a la Risga o al Ingreso Mínimo”.

El acceso a la renta por parte de los inmigrantes irregulares no es un accidente. Aunque no se pensó específicamente para ellos, fuentes del sector consultadas por este diario aseguraron que en su momento “se negoció y pactó con las entidades” que la ayuda estuviese accesible para personas en situación irregular, como un modo de dotarlos de escudo social, y que la renta social sigue siendo un modo de “facilitar el proceso de inclusión” de los que llegan a la ciudad.

Con caducidad y seguimiento

Otro de los motivos que han llevado a la caída de perceptores es la propia temporalidad de la ayuda. Como mucho, los vecinos que la reciben pueden beneficiarse de ella año y medio (aunque, según ha podido saber este diario por fuente diferentes del Concello, desde el Ayuntamiento se proporcionan ayudas de emergencia a perceptores que se quedan sin cobertura y lo necesitan). De hecho, su propio éxito durante los primeros años de su implantación limitó la cantidad de potenciales perceptores.

La renta social municipal también establece obligaciones para el perceptor. Según la ordenanza que la regula, este debe participar en medidas propuestas por el trabajador social del Ayuntamiento para lograr su “mejora personal y social”. Si está en desempleo, el itinerario incluye mejorar su empleabilidad y capacitación. Fuentes del sector social de la ciudad indicaron a este diario, el año pasado, que el ingreso mínimo implica “menos burocracia” y que algunas personas reacias a adquirir “compromisos” prefieren otras ayudas que la municipal.

Subsidio de emergencia a 190 familias

El Concello y la Fundación Emalcsa, de la empresa municipal del mismo nombre, conceden ayudas de emergencia social a través del programa A Flote, que el año pasado invirtió cerca de 200.000 euros en beneficio de 190 familias. Las subvenciones fueron 248, pues algunas unidades familiares las percibieron más de una vez a lo largo del año, aunque no es lo más frecuente: el 87% de los beneficiarios solo cobraron una subvención durante el año.

La cantidad de ayudas ha ido descendiendo desde la crisis del COVID, pues en 2020 se llegó a 674 familias, mientras que en 2021 y 2022 fueron, respectivamente, 328 y 300. El año de la pandemia también se alcanzó el pico de la inversión en subvenciones hasta la fecha, cerca de 390.000 euros.

En cuanto al destino de las ayudas, el 62% del importe fue para comedor escolar, mientras que otro 35% se destinó a ayudas a vivienda. Aquí se incluyen subvenciones para facilitar que el beneficiario permanezca en su residencia habitual, pero también para darle acceso a una nueva en caso de desalojo inevitable, ayudarle a pagar fianzas y suministros y dar “habitación o alojamientos temporales para familias con menores a su cargo”. Otro 3% del dinero fue para apoyar a refugiados ucranianos.

La memoria de la actividad del programa en 2023 analiza los factores que llevan a la exclusión social. El principal es ser inmigrante, con un 46%, mientras que encontrarse en una situación de escasez económica le sigue con un 18% y estar desempleado con un 14%. Otro 6% se corresponde con cargas familiares no compartidas, y un 5% con personas de minorías, mientras que otro 3% es de casos de abandono de prostitución. Otros factores minoritarios son el sinhogarismo o el trabajo precario.

Por distritos, el barrio con más beneficiarios, 52, fue el 15010, que agrupa a Agra do Orzán y O Ventorrillo. Le siguen el 15011, esto es, la zona de Riazor, Labañou, Os Rosales, Visma y O Portiño; y el 15007, que agrupa Os Mallos y Sagrada Familia. En ambos casos, las familias beneficiarias fueron 42. En el 15009, que va de Cuatro Caminos al límite con Culleredo y tiene entre sus fronteras Os Castros y O Castrillón, hubo 25 beneficiarios, y en el 15007 (al barrio de las Flores, el entorno de Alfonso Molina y la estación de trenes y Agrela, además de Elviña y zonas de la periferia) otros 23.

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