El Gobierno local de A Coruña lleva a comisión el viernes la municipalización de la red de bibliotecas

El Ayuntamiento mantiene una amplia red de bibliotecas por la ciudad, pero, en su mayoría, el personal que las atiende no trabaja directamente para el Concello, sino para una empresa contratada cuyas trabajadoras llevan años reclamando que el servicio se municipalice. En octubre de 2022, el pleno aprobó una moción de Marea Atlántica para crear una comisión que estudiase esta posibilidad, pero apenas ha tenido actividad. Hasta ahora: con el contrato a punto de terminar y sin nuevo concurso, el Gobierno local ha convocado a la oposición el próximo viernes para una nueva reunión de la comisión, con un único punto relevante: la “unificación de la red de las bibliotecas municipales”. El otro asunto es aprobar el acta de la reunión anterior, de marzo.

En esta, de acuerdo con fuentes del grupo municipal del PP, hubo un “acuerdo unánime” de los representantes del Gobierno local y de la oposición para pedir a la Asesoría Jurídica un informe “sobre el procedimiento o fórmulas legales para avanzar en el proceso de unificación” y elaborar un calendario “formal” para la municipalización, que tuviese en cuenta las necesidades del servicio. También se determinó “analizar las necesidades” de la red de bibliotecas de cara a la unificación y preguntar al Estado qué tasa de reposición de personal sería posible si hay remunicipalización.

Las bibliotecas de A Coruña, a punto de quedar en precario a la espera de un concurso para su gestión

Esta convocatoria tras medio año de parón, posiblemente, tiene que ver con la negociación de los presupuestos de 2025 con el BNG, que arranca ahora. El Bloque, socio preferente del Gobierno local, invistió a Inés Rey como alcaldesa en 2023 con un acuerdo en el que se reclamaba poner en marcha la comisión para estudiar la unificación, y denunció la paralización de esta la semana pasada, en el pleno ordinario de la semana pasada.

Fuentes del grupo declararon este mes a LA OPINIÓN que “urge” encontrar una solución para las bibliotecas porque “el contrato actualmente vigente está próximo a caducar”. Se formalizó en octubre de 2021, por dos años más uno de ampliación, aunque desde el BNG apuntan a que entró en vigor en diciembre, aunque desde la plantilla interpretan que el contrato caducará ya en noviembre. En cualquier caso, para contratar una nueva empresa que la sustituya y evitar que el servicio entre en precario, esto es, que se siga ejerciendo fuera de contrato, ya habría que haber sacado un concurso.

El futuro de las bibliotecas de A Coruña, de atasco en atasco

La presidenta del comité de empresa, Elisabeth Rodríguez señala que cuando una concesión queda en precario, aunque el servicio se sigue prestando, los trabajadores “quedamos en el limbo porque las empresas en cuanto están fuera de contrato no quieren hablar nada” con la plantilla. La líder sindical ha manifestado a este diario que el personal de bibliotecas entiende que “estaríamos mejor con una gestión directa” del Concello, aunque que si esto va a provocar que se pierdan puestos de trabajo “no queremos”.

Impagos e intento anterior

El Gobierno local de Marea Atlántica ya anunció su intención de municipalizar el servicio en 2016, convirtiendo la plantilla en personal directo del Concello. Esto no era posible legalmente, por lo que exploró contratarlos a través de la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa). Pero en 2019, PP y PSOE votaron en contra de modificar los estatutos de esta empresa municipal para permitirlo, con abstención del BNG: lo justificaron señalando que el secretario municipal se oponía a la fórmula, y que había reparos del interventor y del asesor jurídico de la compañía pública.

En 2022, la plantilla de las bibliotecas externalizadas (Ágora, Fórum, Os Rosales, Sagrada Familia, Infantil y Juvenil de Durán Loriga y punto de servicio bibliotecario del centro cívico de Mesoiro) fue a la huelga por retrasos en el abono de las nóminas de la concesionaria, LTM Servicios Bibliotecarios, que acabó cediendo el contrato a Ilunion, vinculada a la ONCE y con la que no ha habido impagos. Al calor de las movilizaciones, el Concello prometió estudiar la municipalización, mas el proceso ha sido lento. El pleno aprobó la creación de la comisión para tratar el asunto en octubre, pero no tuvo su primera reunión hasta noviembre de 2023.

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