La petición del Concello de A Coruña de congelar los alquileres cumple un año: está atascada y sin iniciar el trámite
La Xunta reclama al Ayuntamiento una nueva solicitud mejor justificada y este le exige a su vez que “aplique la ley”
Edificios del inicio de Juan Flórez, una de las zonas de vivienda más cara de la ciudad. | // CARLOS PARDELLAS
Redacción
El 3 de octubre de 2023, hace este jueves un año, el Concello hizo público que había pedido a la Xunta declarar la ciudad como “zona de mercado residencial tensionado”, algo que permitiría tomar medidas como congelar los alquileres, poner un tope a los precios de los pisos de grandes propietarios o aplicar rebajas fiscales a los arrendadores que abaraten los contratos. Y, durante doce meses, el trámite, previsto en la Ley de Vivienda, ha permanecido atascado, sin que haya visos de que arranque. El Gobierno gallego, que se ha mostrado contrario a aplicar zonas tensionadas de oficio, rechazó la primera solicitud al considerar que estaba poco fundamentada, y le pide al Concello que redacte una nueva petición, mejor justificada. El Concello, que afirmó en abril que la estaba preparando, argumenta que espera por unos datos autonómicos, y exige a la Xunta que “aplique la ley”.
Para entender el atasco, y las explicaciones de una y otra Administración, es necesario ir a la propia ley. Esta afirma que una zona puede declararse tensionada por dos motivos: si los gastos de vivienda superan los ingresos o renta media de los hogares, o si el precio de alquiler o compraventa haya subido, a lo largo del último quinquenio, tres puntos más que el IPC de la comunidad autónoma. Según comprobó este diario, entre 2018 y 2023, cuando el Concello realizó la primera petición, todos los distritos de la ciudad tuvieron incrementos que justifican declararlos zonas tensionadas, excepto el 15190, que engloba a Novo Mesoiro.
Pero en la petición municipal, una carta enviada por el entonces edil de Planificación Urbana, José Manuel Lage, no se incluía este cálculo, y el único dato era el de demandantes de vivienda pública. El Concello afirmaba que había un “especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población” y pedía la declaración para toda la ciudad.
La Xunta criticó que la carta no estuviese acompañada por ningún “documento técnico” y consideró que no estaba “debidamente motivada ni justificada”. A aquellas alturas el Gobierno gallego ponía en cuestión, incluso que la declaración de zona tensionada le correspondiese al Ejecutivo autonómico.
Pero el impasse duró poco, porque en noviembre el PPdeG, que preside la Xunta, presentó una enmienda a la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas admitiendo que era la Xunta la encargada de estimar la declaración de zonas tensionadas, y estableció un proceso para hacerlo. Eso sí, cargó la responsabilidad de presentar la solicitud en los ayuntamientos, descartando hacerlo de oficio, y añadió nuevos trámites a los previstos por la ley.
Por ejemplo, exige que el Concello abra una mesa sectorial en la que estén presentes, por lo menos, las agrupaciones de promotores de vivienda y las de profesionales de administradores de fincas y agentes de la propiedad inmobiliaria. En el caso de A Coruña, todas estas agrupaciones están en contra de la declaración de zona tensionada.
El Ayuntamiento celebró entonces que la Xunta “rectifique”. Pero, con estos criterios, cae sobre el Gobierno gallego la responsabilidad de presentar una nueva solicitud, y esta nunca se ha efectuado. Según afirmaron ayer a este diario fuentes de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, por el momento “ningún concello ha solicitado formalmente la declaración de zona tensionada”. Tras la petición coruñesa de 2023, afirma el Gobierno gallego, se les respondió “explicando los informes y documentación” a presentar “si finalmente deciden solicitar la declaración de zona tensionada”. Pero “no tuvimos más comunicación desde entonces”.
A la espera de más datos
En abril el concejal de Urbanismo y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, afirmó que el Ayuntamiento estaba preparando una nueva solicitud que pudiese ser aceptada por el Gobierno gallego. “Tenemos que completarla ahora, en ello estamos”, afirmó hace medio año.
Pero fuentes municipales afirmaron a este diario que están esperando por unos datos inmobiliarios que la Xunta les presentó en una reunión de marzo. Según declararon ayer a este diario fuentes municipales, “hemos pedido información al Instituto Galego de Vivenda e Solo y estamos esperando por ella”.
La argumentación que presentó la Xunta en esta reunión ya fue publicada en marzo por este diario: afirmó que solo había base legal para declarar zona tensionada tres distritos, 15001, 15002 y 15003, esto es, Ciudad Vieja, Monte Alto y la zona del Orzán y la plaza de Pontevedra, en base a cálculos sobre una base de datos del Estado que solo incluía datos de 2019-2022.
El BNG defiende que la asesoría a arrendatarios es su “propuesta”
La Junta de Gobierno Local aprobó este miércoles que la empresa municipal Emvsa asesore a los vecinos que alquilen, una medida que, según el edil de Economía, José Manuel Lage, ayudará a garantizar que los vecinos “puedan contar con una vivienda digna y adecuada”. El BNG defiende que es una “propuesta” que planteó el grupo y que incorporaron al acuerdo para investir a Inés Rey como alcaldesa el año pasado. La edil nacionalista Avia Veira afirma que se ha implantado “porque nos plantamos y porque el PSOE “tiene mucho que cumplir antes de hablar del presupuesto” de 2025.
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