Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prezero recurre en el juzgado una sanción de 200.000 euros por incumplir el contrato

La concesionaria trata de anular la penalización impuesta por el Concello por los «daños y perjuicios» causados durante la primera emergencia sanitaria, en 2022, que se declaró por el bloqueo del servicio tras múltiples sabotajes

Un joven camina junto a la basura acumulada en la Galera, en febrero de 2022.  | |  CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA

Un joven camina junto a la basura acumulada en la Galera, en febrero de 2022. | | CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

A Coruña

Marzo de 2022. Primera emergencia sanitaria por la basura en A Coruña. Los sabotajes de camiones de la recogida y la quema de contenedores se sucedían noche tras noche. Y, con los ecos aún de una pandemia que abrió la puerta a poner en marcha muchas medidas extraordinarias, el Concello estrenaba un mecanismo para tratar de frenar las consecuencias de una conflictividad laboral ya endémica en el servicio. Esto permitía llamar a Tragsa y recoger los residuos acumulados en las calles por una movilización larvada, nunca oficial, de la plantilla. Es una fecha clave, porque por aquella misma época comenzaba la investigación policial sobre STL y su líder. Unos meses después, el Concello sancionaba a la concesionaria, Prezero, por incumplir con el servicio y por los daños y prejuicios causados. El problema ha acabado en los tribunales, donde la empresa trata de evitar el abono de, al menos, 200.000 euros de infracción impuestos por los responsables municipales.

Prezero, que sigue a cargo del servicio temporalmente a la espera de que el Concello coruñés cumpla la sentencia que anuló la adjudicación del contrato hace ya más de un año, ha interpuesto un contencioso contra el Ayuntamiento de A Coruña. Recurre la «imposición de una penalidad por incumplimiento del contrato del servicio de contenerización, recogida y transporte de residuos urbanos», un pleito que, parece, no será el último entre empresa y administración.

La Junta de Gobierno Local acordará hoy personarse en el proceso judicial. La reclamación del Concello de A Coruña —firmada el 1 de agosto de 2022 por el concejal de Facenda y Economía, José Manuel Lage— exigía dos cantidades por conceptos diferentes. El primero, la «supuesta comisión de una infracción tipificada como leve», con 115.984 euros de sanción. El segundo, por los «daños y perjuicios sufridos por el Concello» durante la interrupción del servicio, con un total de 82.199 euros. En total, más de 198.000 euros.

El estado de emergencia entre marzo y abril de 2022 se prolongó durante 37 días. Esta enésima batalla del servicio empezó con sabotajes y residuos en las calles durante seis días, hasta que la alcaldesa, Inés Rey, firmó el decreto de emergencia sanitaria, que permitía contratar a una empresa de refuerzo y sancionar a las concesionarias. Sin embargo, durante días, la basura continuó acumulada junto a los contenedores.

Mientras, las plantillas de Prezero y la UTE FCC anunciaron huelgas, que comenzarían una vez finalizase la emergencia, algo que no llegó a ocurrir, porque se llegó a un acuerdo con una subida salarial del 17% para los operarios en cinco años y otras mejoras sociales, como el plan de igualdad o la mejora de los equipos de protección individual que emplean durante los operativos de limpieza.

Paralelamente, entre febrero y abril de 2022 se iniciaba la investigación en torno a la actividad de STL. Fuentes policiales indicaban, sin embargo, que la investigación que llevó a la causa no empezó a raíz de los sabotajes y las denuncias, sino de otras «informaciones» sobre presuntas irregularidades.

Ya con el líder del sindicato, Miguel Ángel Sánchez, como investigado por la justicia, el conflicto rebrotó con fuerza este verano, con imágenes de basura acumulada en las calles que trascendieron más allá de las fronteras de A Coruña entre grandes quejas de los vecinos.

La situación se volvió insostenible pero fue una inflexión. El Concello declaró la segunda emergencia sanitaria y la empresa Valoriza se hizo cargo de la recogida complementaria. La huelga estuvo convocada pero durante días nadie se adhirió a ella y proliferaron las bajas. Acabó en despidos, incluido el de Sánchez que, después de mucho tiempo, perdió el control de la plantilla, que votó, en contra de los planes de la central sindical, suspender los paros y retomar la recogida.

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents