La jueza autoriza legalizar el edificio de San Roque solo con derribos en la fachada

El conflicto urbanístico del edificio número 13 de la avenida de San Roque de Fóra da un paso más hacia su conclusión. La titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña considera cumplida la sentencia que ordenaba la reposición de la legalidad en ese inmueble sin necesidad de su derribo integral y solo con la demolición del exceso de edificabilidad que posee con relación a lo autorizado por el plan general de 1998, que era el vigente cuando obtuvo licencia, en 2002. Las obras ahora avaladas por el juzgado están valoradas en 352.000 euros, que serán aportados por los propietarios, y podrán ser realizadas en el plazo de tres años.

La legalización del edificio de San Roque reducirá su superficie en 61,6 metros

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ante el que aún es posible recurrir esa resolución, emitió en 2008 una sentencia que anulaba la licencia mediante la que fue construido el edificio y ordenaba su derribo, fallo que se hizo firme en 2013, lo que desencadenó desde entonces iniciativas judiciales de los afectados para evitar la demolición total.

La última de ellas fue la aprobación por el Concello en mayo de 2023 de una licencia al proyecto de obras presentado por los propietarios de las viviendas y locales del inmueble —representados por el despacho de abogados Lumieira— con la que pretenden reducir la edificabilidad mediante demoliciones de parte de la fachada.

Tras examinar los informes municipales y el proyecto presentado, así como tras escuchar las explicaciones efectuadas por las tres partes en una vista celebrada el pasado abril, la jueza menciona en el auto emitido el pasado lunes que «no puede considerarse que la licencia otorgada se aparte del mandato de la sentencia a ejecutar, pues obliga a ejecutar las obras de demolición y reconstrucción reflejadas en el proyecto técnico de ejecución completo presentado con la solicitud de la licencia». También afirma que eso hace que las obras propuestas «permitan que el edificio sea legalizado, al ser compatible con el ordenamiento urbanístico en vigor».

El auto añade que el proyecto elaborado «corrige muchas más deficiencias que las apuntadas en la sentencia», ya que en el examen realizado al edificio se descubrieron «más incumplimientos que los que se reflejan en la sentencia», como vuelos en la fachada y el chaflán.

El abogado de la persona que presentó la demanda que dio origen al conflicto, vecina del mismo edificio, recordó en la vista que existe un acuerdo municipal de demolición total adoptado en mayo de 2017 que no ha sido revocado. También argumentó que la licencia concedida lo es a un proyecto adaptado al plan general de 2013, pero que no se solicita la legalización del edificio mediante un expediente de este tipo, por lo que consideró que primero debe efectuarse esa solicitud y luego presentar un proyecto de obras si el edificio no se ajusta a la legalidad.

En el auto, la jueza recuerda que se pidió al arquitecto autor del proyecto que lo denominase como de ejecución de obras para que se ajustase a la sentencia que debe ejecutarse, pero que argumentó que el colegio profesional no le visaría un proyecto de legalización, sino de obra. Para la magistrada, se trata simplemente de «una cuestión sintáctica» porque «la cuestión de legalización sí aparece en el proyecto hasta en 79 ocasiones, y por otra parte no consta regulado legalmente lo que el técnico de la demandante llama proyecto de legalización».

Además de los dueños de las 15 viviendas, el hotel y el local comercial que con el derribo total del edificio perderían sus propiedades, el Concello sería también uno de los perjudicados con su desaparición, ya que se arriesgaría a la presentación de reclamaciones millonarias de los afectados por haber autorizado en 2002 una licencia que vulneraba la legalidad.

La similitud de este caso con el del inmueble que albergó en el pasado la sede de Fenosa hizo pensar que se alcanzara un pacto similar al que evitó su demolición, aunque desde un primer momento se apuntó a que aquella solución tuvo un carácter excepcional y que no volvería a ser aplicada.

El proyecto para evitar la demolición total del edificio implica la eliminación de una superficie construida de 61,6 metros cuadrados de los 2.026,8 que posee. Prevé el desmontaje de la fachada principal para reconstruirla de acuerdo con las alineaciones del plan, por lo que se demolerán parte de los forjados y de los vuelos en la zona del chaflán y se suprimirá uno de los pilares que supera el vuelo permitido y se sustituirá por otro metálico.

También será necesario modificar los vuelos de la fachada desde la planta segunda a la sexta y del pórtico de la fachada posterior a la altura del primer descansillo de la escalera. La obra plantea sin embargo el aprovechamiento de algunas de las carpinterías existentes y la sustitución de las que se retiren por otras del mismo material.

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