Contador a cero en la cárcel de la Torre: un juzgado anula el convenio de 2005 con el Estado

Un juzgado de Primera Instancia de A Coruña acaba de poner el contador a cero para la cárcel de la Torre. En una sentencia, contra la que aún cabe recurso, declara nulo el convenio que firmaron el Concello y el Estado en 2005. Según la sentencia, ambas instituciones nunca tendrían que haber intercambiado la parcela de la antigua prisión provincial y la parcela que ahora ocupa, en un terreno próximo, el Centro de Inserción Social (CIS) que levantó Instituciones Penitenciarias. 

Como consecuencia, y si la sentencia se vuelve firme, la antigua prisión provincial seguiría en manos del Estado. En cuanto al solar del CIS, el juez considera que el Estado no tendría que devolverlo por el momento porque A Coruña no ha expresado en ningún momento que quiera recuperarlo. Para que el Concello logre la cárcel, habría, por tanto, que negociar otro acuerdo. El fallo evita por el momento, el pago que el Estado reclamaba en los tribunales, que en el peor de los casos sería de 14 millones.

La falta de acuerdo para la cesión de la antigua cárcel de A Coruña obliga a contratar por tercera vez su vigilancia

La cárcel cumplirá 100 años en 2027. Está situada en una parcela cedida por el Concello y perdió el uso penitenciario como tal en 1998, aunque hasta 2009 mantuvo actividades de inserción social. En 2005, con Francisco Vázquez como alcalde, el Concello firmó un acuerdo con el Estado para recuperar la finca y el inmueble, a cambio de ceder la parcela que ahora ocupa el centro de inserción social de Monte Alto y pagar a mayores 1,2 millones de euros.

En 2011, con la llegada del PP a la Alcaldía, este grupo defendió que la finca tenía que volver gratuitamente al Concello. Declaró el acuerdo de 1927 nulo, y la sociedad estatal que gestiona la propiedad, Siepse, recurrió a los tribunales. El Estado ganó. El Supremo confirmó que la reversión no era posible. Era ya 2020.

Paralelamente, y en reacción a la decisión municipal, la Siepse abría una segunda vía judicial en 2014, que estuvo en la nevera durante los últimos diez años. Primero, a la espera de que se resolviese el primero de los procedimientos y, posteriormente, con el Gobierno socialista en María Pita y en Madrid, a la espera de un acuerdo extrajudicial entre ambas administraciones que no fue posible porque el pago al Estado, ahora anulado por la Justicia, no logró el apoyo en el pleno, ni del Partido Popular ni del Bloque Nacionalista Galego ni de Marea Atlántica.

La cárcel de A Coruña: en las entrañas del patrimonio herido

La Siepse reactivó el proceso judicial, con una petición que podría ser muy lesiva para las arcas municipales. Lo que pedía era el pago de 1,12 millones de euros que se habían pactado en el convenio que nunca se ejecutó más unos daños y perjuicios que elevó por encima del millón de euros. A esto le sumaba otro medio millón de euros en intereses. Pero el organismo del Estado fue aún más lejos contra el Ayuntamiento coruñés. Reclamaba al juez que, subsidiariamente, si no se atendían a sus peticiones, el Concello debería pagarle los casi 15 millones que costaron levantar el CIS de Monte Alto y su gestión diez años y los gastos de conservación y vigilancia de la antigua prisión.

El fallo deja en manos del Estado ambos terrenos: el de la vieja cárcel y el del CIS

Pero la reclamación judicial no salió, ni mucho menos, como la Siepse quería. Porque no solo no aceptó el pago que solicitaba, sino que anula, al verlo ilegal, el convenio de 2005. El titular del juzgado Número 5 de Primera Instancia de A Coruña acepta parte de la tesis de los letrados municipales, al argumentar que el acuerdo es nulo porque no se pueden permutar bienes de dominio público, solo bienes patrimoniales, una condición que no tenía la propiedad del CIS. Es una nulidad, concluye, fruto de una «causa torpe, es decir, ilícita» que es «inequívocamente imputable» al Concello.

¿Y qué pasa una vez anulado el acuerdo de permuta entre ambas propiedades? ¿Tienen que volver a sus manos originales? El juez dice que no. Que dado que es responsabilidad del Concello y que ni siquiera este está pidiendo el terreno del CIS, sino que incluso su deseo es regularizar la situación, no habrá «restitución de la posesión inmediata» de la parcela. En el caso de la antigua prisión provincial, como el Estado «no entregó nada al Ayuntamiento, nada tiene éste que devolver».

La nulidad del convenio de 2005, para el juez de Primera Instancia, no determina inmediatamente la generación de un supuesto derecho de indemnización a favor de una de las partes. «La nulidad del contrato obsta su eficacia, por lo que procede desestimar la petición de cumplimiento del contrato y la acción indemnizatoria fundada en la culpa contractual», concluye el fallo, que recuerda que el Estado ha estado usando durante diez años el CIS y, como la anulación no determina que debe volver a manos del Concello, no procede este pague el coste de construcción.