El Concello lleva a los tribunales la planta de aceites de Oza al rechazar la Xunta su recurso

Continúan los vaivenes en torno al proyecto de la planta de pretratamiento de residuos oleosos procedentes de buques presentado por la empresa Limpoil para su instalación en la dársena de Oza. Un plan que recibió autorización ambiental integrada de la Xunta hace dos años, y contra la que el Concello de A Coruña, contrario al proyecto, presentó recurso de alzada, que ahora la Consellería de Medio Ambiente acaba de inadmitir. El Gobierno gallego considera, para estribar la inadmisión, que el Concello no tiene la condición de interesado en la autorización ambiental integrada, al no apreciar la existencia de un derecho o interés legítimo del que el Ayuntamiento sea titular. Como consecuencia, el Concello ha resuelto judicializar la cuestión y llevar el asunto a los tribunales.

El Ejecutivo municipal aprueba hoy en Junta de Gobierno Local la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la inadmisión de su apelación. El Concello considera improcedente la inadmisión del recurso, y reivindica la participación preceptiva de la administración municipal en la tramitación del permiso ambiental

Limpoil recibió el visto bueno de la Consellería para su iniciativa a finales del año 2022. Pocos meses después, el pleno municipal —con el voto a favor de todos los grupos y la abstención del PP— aprobó una moción de Marea Atlántica, ahora fuera de la Corporación, en rechazo a la ubicación de la planta en el lugar propuesto. Paralelamente, la alcaldesa, Inés Rey, propuso el traslado del proyecto al puerto exterior de Langosteira, al entender que había «ubicaciones más apropiadas» para instalar la planta de tratamiento de residuos oleosos. Rey consideró conveniente estudiar otras ubicaciones pese a que la instalación «no es de competencia municipal» al constituir una actividad de ámbito portuario.

El Concello optó por interponer un recurso de alzada contra la autorización ambiental autonómica, en el que se destacaba que los promotores de la instalación no solicitaron una licencia urbanística municipal para ponerla en marcha, a pesar de que los primeros pasos para hacerlo se dieron en 2015. Cuando en 2018 se sometió a información pública, el Gobierno local ya advirtió de que Limpoil disponía de una planta en ese mismo lugar desde 2011 en la que tan solo recoge los residuos oleosos y que no dispone de «ninguna clase de título habilitante de naturaleza urbanística para su implantación».

La entonces conselleira de Medio Ambiente y poco después candidata del PP a la Alcaldía, Beatriz Mato, aseguró en aquel momento que desconocía ese dato, y destacó que el Concello «es el único que puede cerrar ipso facto el expediente» a través del informe de compatibilidad urbanística. La tramitación del proyecto continuó, aunque a un ritmo muy lento, ya que la empresa tardó cinco años más en conseguir la autorización ambiental integrada, contra la que ahora recurre el Concello.

Tras la interposición del recurso municipal, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, replicó entonces que la planta no supone un «riesgo inminente» para la ciudad. «Ninguna planta se puede ubicar si se ve que tiene un riesgo. Toda actividad puede tener un riesgo, después hay que hacer el control pertinente de esa actividad, pero sin más. Nunca podríamos hacer un informe favorable si viésemos que la planta tuviese un riesgo inminente», defendió la titular de Medio Ambiente.

El recurso municipal no se centró, no obstante, en la falta de licencia urbanística para justificar su rechazo de la autorización, ya que este aspecto es mencionado en último lugar de una relación de deficiencias que el Gobierno local detectaba en el proyecto. Entre ellas figura que en el documento no se identificaba el punto de conexión de las aguas pluviales limpias de la cubierta del recipiente que albergará los residuos y la exigencia de medidas de prevención en la conexión de ese cubeto con la red de aguas residuales «para evitar un actuación humana errónea».

También se reclamaban actuaciones para evitar vertidos accidentales, así como la instalación de equipos de medición y registro del caudal de aguas hidrocarburos y conductividad. El Concello llamó la atención sobre la falta especificaciones sobre la sección de control del proyecto y de su adecuación a la ordenanza de vertidos, entre otros defectos.

El proyecto de tratamiento de residuos no solo suscitó el rechazo de los grupos políticos municipales, sino también el de las entidades vecinales y de municipios vecinos. El Concello de Oleiros también presentó su propio recurso contra la planta, que justifica por su «ubicación inadecuada», su «incompatibilidad» con el plan de espacios del puerto y su «contradicción» con la tendencia actual de alejar de la ría de O Burgo los usos peligrosos. La asociación vecinal Oza Gaiteira Os Castros, por su parte, mostró su oposición frontal a la instalación de la planta en la dársena de Oza y pidió a los grupos que instasen a la Xunta a «desestimar y rechazar» el proyecto. La entidad vecinal demandó al Concello que se presentase como parte interesada en los trámites para dar luz verde al proyecto, con el fin de impedir su construcción en el lugar elegido, que los vecinos de la zona consideran «inapropiado» por su cercanía a las playas de Oza y Santa Cristina.

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