La Xunta no ve «precedente legal» que justifique que ponga fondos para la apertura de la casa Cornide

La familia Franco, propietaria de la casa Cornide, ha propuesto a la Xunta un convenio para organizar las visitas al inmueble coruñés. Abrir el edificio a visitantes es una obligación legal de los dueños, dado que es un Bien de Interés Cultural (BIC), pero cuando la familia del exdictador poseía el pazo de Meirás, en la misma situación, consiguió que el Gobierno gallego pagase los gastos de seguridad. Esta posibilidad parece ahora lejana, pues desde la Consellería de Cultura que «no hay un precedente legal que establezca que la Xunta tenga que abonar» ningún importe.

El Gobierno gallego tampoco ha abierto negociaciones para un convenio por el momento. Tras quejas de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMHC) y la Valedora do Pobo, el Ejecutivo Autonómico envió a los Franco una notificación recordándoles que deben abrir el inmueble al menos cuatro días al mes. La familia replicó que el inmueble era una residencia, algo que la Xunta descartó, señalando que no tiene muebles, y, como los Franco siguen sin permitir visitas, propuso una sanción de 3.000 euros. Los dueños de la casa Cornide, para evitar la multa, presentaron un recurso en el que propone un convenio de apertura. Los técnicos autonómicos están evaluando la respuesta al escrito.

Los Franco proponen a la Xunta un convenio de colaboración para abrir la Casa Cornide

La CRMHC acusó al Gobierno gallego de «permisividad y pasividad» ante el incumplimiento de los Franco de sus obligaciones legales, pero el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró este lunes que desde el Gobierno gallego serán «muy estrictos en la exigencia del cumplimiento de la ley a la familia Franco», como en el caso de «cualquier persona, porque las leyes son para todos». El líder del Gobierno gallego insistió en que «tenemos acreditado de sobra que no hay ningún tipo de favoritismos».

La casa Cornide, un palacete situado en la Ciudad Vieja, fue adquirido por Carmen Polo, esposa del exdictador, y ha permanecido en el patrimonio de su familia. El Ayuntamiento ha anunciado que intentará conseguir que la titularidad sea pública, un objetivo que han reclamado varias movilizaciones cívicas.

Eso fue lo que ocurrió con el pazo de Meirás, un BIC que también perteneció a los Franco y que se convirtió en público en diciembre de 2020. Cuando todavía era privado, el Gobierno gallego firmó un convenio con la familia del exdictador y aceptó asumir los gastos de seguridad asociados a ellas, unos 9.500 euros al año. Esto motivó las críticas de PSOE y BNG, que argumentaban que la ley no eximía a los dueños de correr con los costes de la apertura. A mediados de 2013, después de que los Franco llevasen meses sin permitir la entrada de visitantes, la Xunta señaló que no renovaría el acuerdo con la familia.

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