El tope del alquiler y la promoción pública, debates en la mesa de vivienda

Con el precio medio del alquiler en la ciudad lejos ya de la barrera de los 600 euros, la administración pública y los actores privados ligados al sector de la vivienda han comenzado a trabajar en un plan para contener los efectos de la crisis habitacional que vive A Coruña, donde cada vez es más complicado encontrar un piso accesible en el que vivir. La primera medida en el horizonte, la declaración de A Coruña como Zona de Mercado Residencial Tensionado, centró la primera reunión prevista para abordar la cuestión.

La primera mesa sectorial de vivienda, integrada por la alcaldesa, Inés Rey, así como algunos miembros de su Gobierno local y por representantes de los promotores, de las empresas constructoras, de los Colegios de Arquitectos, aparejadores y agentes de la propiedad inmobiliaria, así como representantes de las asociaciones de vecinos, se saldó con algunos puntos de partida y también con los primeros temas de fricción entre las diferentes partes sobre cómo se debe afrontar esta crisis.

Para la alcaldesa, que destacó que ya son más de 3.300 los inscritos en la ciudad en el registro de demandantes de vivienda de Galicia, la declaración como zona de mercado tensionado «podría suponer un ahorro medio de 400 euros anuales en alquiler para los coruñeses, con incentivos fiscales para los propietarios».

La regidora detalló que, tras la solicitud del Concello a la Xunta para que hiciese efectiva esta declaración, la Consellería de Vivenda formuló una normativa complementaria que exigía a los municipios la constitución de una mesa sectorial que analice la propuesta municipal y un proyecto de plan específico con las medidas propuestas.

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Son varios los debates que han surgido en torno a las posibles medidas a adoptar. La responsable de la delegación coruñesa del Colegio de Arquitectos, Ruth Varela, señala que el diagnóstico sobre los problemas de acceso a la vivienda que atraviesa A Coruña no siempre es el adecuado. «Agradecemos que se constituya una mesa amplia, pero observamos que hay cierto desconocimiento del problema de vivienda en la ciudad. Hay que aceptar que ahora mismo la situación es de emergencia habitacional tremenda. Hay que poner sobre la mesa la gravedad del problema», asevera Varela, que anima a mirarse en el espejo de otras ciudades españolas que ya han adoptado medidas de choque para contener el problema. Varela propone una «apuesta fuerte» por la vivienda pública en alquiler, movilizar suelo y recursos y explorar otras vías de promoción.

«Podría utilizarse suelo dotacional para vivienda pública en alquiler. Tiene limitación del número de años, pero permite tener ese suelo a tu disposición. También se puede utilizar el derecho de tanteo y retracto de la administración. Hacer vivienda nueva a 300.000, 400.000 o 500.000 euros no soluciona el problema», valora Varela, que insta a poner coto a dinámicas inversoras «acaparadoras» con el parque inmobiliario y a «buscar otras formas de promover» obra, como las empresas de lucro limitado en convenio con la administración.

Distintas son las sensaciones en otro sector de la mesa, que no ve con buenos ojos los efectos que pueden derivar de la declaración como Zona Tensionada para A Coruña. Es el caso de Aproinco, que agrupa a los promotores inmobiliarios de A Coruña. «Transmitimos lo mismo que hace un año. Nosotros, el colegio de aparejadores y arquitectos técnicos, los agentes de la propiedad inmobiliaria y los administradores de fincas no consideramos esta una medida positiva. Se ha puesto en práctica esta medida en ciudades como Barcelona, Berlín o París y se ha visto que no ha servido para nada. Incluso ha sido peor», valora Juan José Yáñez, secretario general de Aproinco.

Los promotores apelan a posibles efectos indeseados de medidas asociadas a esta declaración, como el tope de los precios del alquiler, que, aseguran, el Banco de España «desaconsejó en 2020 en un informe específico». Creen que topar los precios «provocaría una disminución de la oferta por parte de los pequeños propietarios», que, a su juicio, estarían desincentivados para acometer mejoras de mantenimiento y rehabilitaciones en sus viviendas. «Habrá en encarecimiento de las zonas no afectadas. Muchos inquilinos se acabarían yendo a otros barrios no afectados o incluso municipios limítrofes ante la disminución de la oferta», augura Yáñez, que señala que el Gobierno debería haber elaborado «antes de final de este año» un índice nacional de referencia para los precios máximos, «algo que no se ha hecho».

Los intervinientes en la mesa quedaron emplazados a una nueva reunión a principios del año que viene para avanzar en estas medidas y apuntalar la solicitud.