La falta de entorno familiar y de amigos provoca que las migrantes denuncien más el maltrato
ONGs de la ciudad que trabajan con víctimas de violencia de género explican las españolas tienen la opción de refugiarse en casa de un familiar, pero a las extranjeras solo les queda el juzgado para protegerse de su agresor
Las mujeres inmigrantes denuncian más violencia de género, pero las entidades que trabajan con ellas consideran que no lo sufren en mayor proporción que las españolas, sino que la falta de apoyo de familias y amigos que les dé una alternativa lleva a que recurran más a la vía judicial. El año pasado, contando las denuncias de las propias víctimas y los casos de los que dieron alerta terceras personas o la Policía, la Justicia contabilizó 1.415 mujeres víctimas de violencia de género en el partido judicial, y el 29% son extranjeras, muy por encima de su peso en la población. Si cada denuncia se corresponde con un caso, al menos una de cada 33 sufrieron maltrato, mientras que entre las españolas la cifra es una de cada 190.
La ONG Viraventos, que trabaja con inmigrantes, señala que «desde hace dos o tres años, en el primer asesoramiento, siempre les explicamos la violencia de género aplicada a la Ley de Extranjería». Actualmente, está viendo un «aumento de denuncias», pero señalan que no saben si esto se debe a que hay más víctimas de maltrato o a que «informamos desde el principio y somos punto de referencia».
Sabela Lourido, técnica en intervención de la ONG, indica que carece de datos, pero explica: «Supongo que las mujeres extranjeras no sufren más maltrato que las españolas, sino que lo denuncian más». Uno de los factores, señala, sería la «escasez de apoyo» en España fuera de las instituciones. «No pueden ir a la casa de su hermana o de su prima» para escapar de un maltratador, «mientras que una española sí», pone como ejemplo.
Si una inmigrante denuncia, puede acceder a recursos como una casa de acogida para escapar al maltratador, y se les puede conceder «permiso de residencia y trabajo para ella y para sus hijos». Además, hay ayudas económicas. Otra posibilidad, explica Lourido, es que al venir a España se sientan «más protegidas para denunciar» que en sus países de origen.
Lo mismo considera Elena Maison, coordinadora del servicio jurídico y de los proyectos con mujeres de Ecos do Sur, que señala que «no es verdad» que las mujeres migrantes sean víctimas de maltrato en mayor proporción que las españolas. Lo que ocurre es que tienen menos «vínculos sociales» en el país, pues muchas llegaron solas, o vienen de la pareja que la maltrata, a veces de países con menos protección a las víctimas. La propia experiencia de migración agrava las tensiones y puede exacerbar el maltrato. Así, solo les queda la «vía judicial».
Aunque Ecos do Sur se centra en el trabajo con inmigrantes y tiene abiertos dos programas para víctimas de maltrato tanto para españolas como extranjeras, uno de los cuales atiende a mujeres que no han denunciado. La ONG presta un apoyo integral, con servicios de psicología y atención social, y el trabajo del tercer sector es necesario, pues, según explica Maison, los servicios públicos de respuesta están desbordados. Una mujer que conoce, pone como ejemplo, ha recibido una cita de atención para febrero de 2025.
La Policía alertó de 338 casos
Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contabilizan 1.415 «mujeres víctimas de violencia de género» durante el año pasado en el partido judicial de A Coruña, conformado, además de por la ciudad, por Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, Culleredo y Oleiros. Un total de 1.001 son españolas, y 414 extranjeras. En 2023 había viviendo en estos siete municipios algo más de 190.000 mujeres con nacionalidad española, frente a unas 13.800 foráneas. En relación a la población, es 5,7 veces más probable que una migrante que no haya conseguido la nacionalidad esté en las estadísticas judiciales como víctima de violencia de género, aunque puede haber factores que influyan, como una diferente distribución de edades entre españolas y extranjeras.
La forma más común de identificar un caso es que la agredida se lo cuente a las fuerzas de seguridad. De las 1.415 denuncias registradas el año pasado, 811 provienen de un atestado policial con la denuncia de la víctima, mientras que en otros casos el testimonio lo da un familiar y 338 son por «intervención directa policial». Otras 34 víctimas presentaron la denuncia directamente ante el juzgado, una opción que tomaron también cinco familiares. En 195 casos llegó un parte de lesiones «directamente al juzgado», y otros tres vienen de servicios de asistencia o terceros en general».
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