La solución para evitar el derribo de San Roque se dilata por el recurso de la demandante

El pleito por el edificio número 13 de San Roque de Fóra se dilatará más en el tiempo. Tras el dictamen de la titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña, que considera cumplida la sentencia que ordenaba la reposición de la legalidad en ese inmueble sin necesidad de su derribo integral, el proceso judicial se enquista con la intención, por parte de la demandante, de apelar el fallo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En el auto, la juez de primera instancia consideraba que la demolición del exceso de edificabilidad que posee el edificio en relación a lo autorizado por el plan general de 1998 —el vigente cuando obtuvo licencia, en 2002— es suficiente para legalizar el inmueble. Las obras necesarias, cuya licencia fue aprobada el año pasado por el Concello, están valoradas en 352.000 euros, que serán aportados por los propietarios, y podrán ser realizadas en el plazo de tres años.

El plazo para recurrir el auto terminaba el pasado día 22, pero, según ha podido saber este periódico, la vecina que presentó la demanda que dio origen al conflicto ha solicitado al Colegio de Abogados el acceso a la justicia gratuita. Esta petición obliga a suspender los plazos de recurso hasta que es concedido el abogado de oficio a la solicitante. El despacho de abogados Lumieira, que representa a la comunidad de propietarios de las viviendas y locales del inmueble, calcula que el plazo para interponer este recurso se extenderá hasta mediados de enero, ya que la administración de Justicia es «inhábil» hasta el próximo día 7, pero no tienen dudas de que la vecina demandante recurrirá el auto.

El proyecto para evitar la demolición total del edificio implica la eliminación de una superficie construida de 61,6 metros cuadrados de los 2.026,8 que posee y prevé el desmontaje de la fachada principal para reconstruirla de acuerdo con las alineaciones del plan.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitió en 2008 una sentencia que anulaba la licencia mediante la que fue construido el edificio y ordenaba su derribo. El fallo, que se hizo firme en 2013, desencadenó iniciativas judiciales de los afectados para evitar la demolición total.

La última de ellas fue la aprobación municipal de una licencia al proyecto de obras presentado por los propietarios de las viviendas y locales del inmueble para reducir este exceso de edificabilidad a través de la demolición de parte de la fachada. La jueza de primera instancia emitió el pasado octubre un auto que considera que «no puede considerarse que la licencia otorgada se aparte del mandato de la sentencia a ejecutar, pues obliga a ejecutar las obras de demolición y reconstrucción reflejadas en el proyecto técnico de ejecución completo presentado con la solicitud de la licencia». También afirma que eso hace que las obras propuestas «permitan que el edificio sea legalizado, al ser compatible con el ordenamiento urbanístico en vigor». El auto añade que el proyecto elaborado «corrige muchas más deficiencias que las apuntadas en la sentencia», ya que en el examen realizado al edificio se descubrieron «más incumplimientos que los que se reflejan en la sentencia», como vuelos en la fachada y el chaflán.

El por entonces abogado de la vecina denunciante recordó en la vista que existe un acuerdo municipal de demolición total adoptado en mayo de 2017 que no ha sido revocado. También argumentó que la licencia concedida lo es a un proyecto adaptado al plan general de 2013, pero que no se solicita la legalización del edificio mediante un expediente de este tipo, por lo que consideró que primero debe efectuarse esa solicitud y luego presentar un proyecto de obras si el edificio no se ajusta a la legalidad.

Además de los dueños de las 15 viviendas, el hotel y el local comercial que con el derribo total del edificio perderían sus propiedades, el Concello sería también uno de los perjudicados con su desaparición, ya que se arriesgaría a la presentación de reclamaciones millonarias de los afectados por haber autorizado en 2002 una licencia que vulneraba la legalidad.

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