Los juzgados de lo Civil y Penal rompen la barrera de los 30.000 asuntos por resolver

El colapso en los juzgados de A Coruña es evidente. Hace tiempo que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reclama la apertura de nuevos órganos. Mientras, el número de asuntos pendientes sigue creciendo. Los juzgados de lo Civil y de lo Penal del partido judicial de A Coruña ya han superado la barrera de los 30.000 procedimientos pendientes de resolver. El problema de esta saturación es que se dilatan los tiempos de espera.

A 1 de octubre —los últimos datos disponibles son los del tercer trimestre de 2024— había 30.303 asuntos sin resolver. Una cifra que en dos años nunca se había alcanzado: a inicios de 2023 eran 22.226 procedimientos.

Cuando empezó julio, las secciones civiles —se encargan de reclamaciones entre particulares y delitos menores— y penales — delitos castigados por la ley con penas privativas de libertad que no excedan de cinco años— tenían pendientes 28.047 asuntos, de los que se resolvieron 9.185. Sin embargo, durante los meses de verano —en agosto no hay actividad— siguieron entrando casos: un total de 11.414, lo que contribuyó a superar los 30.000 casos. Entre enero y junio, el dato oscilaba entre los 27.048 y los 27.529 procedimientos.

Hay cambios con respecto a 2023, cuando en el tercer trimestre del año había 19.163 asuntos de lo Civil y 7.159 de lo Penal, es decir, un total de 26.322, y entre esos meses se resolvieron otros 8.735.

La falta de personal y el incremento de casos son los únicos motivos detrás de esta subida. La huelga de abogados y procuradores del turno de oficio, que se inició en noviembre de 2023, también ha contribuido al colapso. «Tenemos que reconocer que el sistema judicial funciona de manera horrorosa desde hace mucho tiempo. Todos los operadores jurídicos deberíamos reivindicar un buen funcionamiento. Los retrasos de la justicia ya venían de antes, pero sí es cierto que la huelga ha contribuido a que los procesos judiciales se paralicen», explica Rosa Lozano, delegada del sindicato Venia en Galicia. Desde hace un año, los letrados del turno de oficio exigen a la Xunta y al Estado, respectivamente, remuneraciones y dotación presupuestaria dignas y el reconocimiento de la relación laboral de los abogados adscritos a la justicia gratuita con la Administración.

Lozano indica que, aunque el paro afecte a todas las jurisdicciones, hay casos que se atienden siempre. «Como los de violencia de género», manifiesta, y añade que el retraso se nota sobre todo «en los asuntos en los que no hay una urgencia».

Por ahora, explica, no ha habido grandes avances, por lo que la huelga se mantienen y, después de Reyes, «se van a implementar nuevas medidas de presión» para intentar llegar a acuerdos.

«Desde el inicio de la huelga solo conseguimos que nos recibiese la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y entregamos un borrador del estatuto jurídico del turno de oficio a los grupos políticos», informa, a la vez que lamenta que todavía no han conseguido reunirse con el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, ni con el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Rosa Lozano defiende que la falta de avances significa «que no se desea mantener un servicio público que es igual de importante que la educación y la sanidad». «No solo defendemos a acusados de robo, por ejemplo. Hay más asuntos, como divorcios o alimentación de menores. Debemos garantizar el acceso a la justicia a las personas que no tienen medios», expone, e insiste: «la única explicación que encontramos es que quieren dejar morir este servicio público».

La delegada de Venia en Galicia insiste en que «toda la normativa de turno de oficio es desde la perspectiva de las obligaciones, pero no hay ninguna de los derechos». Hace un llamamiento no solo a los operadores jurídicos sino también «a toda la población» para «mantener el servicio».

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