El Concello asume el coste de los tres despidos por el cierre «indefinido» del ascensor de San Pedro

El Concello asumirá el pago de 27.208 euros por el coste de los despidos de los tres trabajadores que operaban en el ascensor del monte de San Pedro, cerrado temporalmente y de forma «indefinida», según el Ayuntamiento, desde finales de 2022 debido al informe de inspección desfavorable que obligó a paralizar los trabajos de mantenimiento en el elevador, que carece de fecha oficial para su reapertura.

Mientras se encuentra cerrado, el ascensor no requiere de los servicios de los tres trabajadores de la empresa encargada de su gestión, limpieza y vigilancia, Miramar de San Pedro —que también gestiona el restaurante y el mirador del monte— lo que llevó a sus despidos. Ahora, el Concello ha aprobado costear las indemnizaciones por el cese de estos tres empleados, que ascienden a 27.208,11 euros. El contrato establece que es el Concello el que debe cubrir el déficit de los servicios de funcionamiento, limpieza y vigilancia del elevador. Entre estos costes se encuentran los de personal, lo que incluye las retribuciones salariales de los empleados, por lo que debe también hacerse cargo del coste de la extinción de la relación laboral, ya que, además, la paralización del funcionamiento del ascensor, que llevó a estos despidos, fue una decisión del Concello.

El Gobierno local descarta, no obstante, hacerse cargo del coste del despido improcedente que reclamaba uno de los trabajadores. Este empleado presentó una demanda por cese improcedente en el Juzgado de lo social número 4 de A Coruña, el cual fue reconocido por la empresa concesionaria, que pagó al empleado el importe correspondiente a 33 días por año trabajado.

El Concello, no obstante, sostiene que «no procede» que la Administración local cargue con los gastos de este despido improcedente que la empresa aceptó pagar, sino que debe proceder en el mismo sentido que con las otras dos trabajadoras, cuyas indemnizaciones se calcularon por causas objetivas procedentes. En estos últimos casos, el cálculo es de 20 días por año trabajado.

De este modo, el Gobierno local considera que el importe total que debe pagar en indemnizaciones asciende a 27.208,11 euros; un cálculo menor a los 33.322.11 que abonó la concesionaria a los tres empleados.

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