La demanda de vivienda protegida se dispara en A Coruña: hay un un 45% más de solicitantes

Los arquitectos advierten de que las 3.537 peticiones actuales están «muy por debajo de la cifra real» de coruñeses que necesitan piso, y los agentes de la propiedad denuncian que hay «un retraso de años» en promoción pública

Obras en la zona de Xuxán, donde Concello y Xunta construyen vivienda protegida. |  C. /Roller Agencia

Obras en la zona de Xuxán, donde Concello y Xunta construyen vivienda protegida. | C. /Roller Agencia

Redacción

Las administraciones públicas han prometido que habrá nueva vivienda de protección pública y privada en la ciudad, tras una década sin apenas iniciativas, y los coruñeses lo han creído. Se refleja en el aumento del número de demandantes que piden alquilar o comprar un piso en estos regímenes: a mediados de enero del año pasado eran unas 2.430, en julio había subido a casi 2.800, y este sábado la estadística de la Xunta ya registraba 3.537 peticiones, un 45% más que hace doce meses. Las fuentes del sector coinciden en que la cifra no oscila porque haya más o menos necesidad de vivienda, sino que los postulantes se apuntan cuando tienen esperanzas de obtener pisos: de ahí que noticias como el proyecto de la Xunta de promover 4.300 viviendas en Monte Mero, en su mayoría protegidas o públicas, hayan subido la demanda. Pero advierten de que ahora no existen pisos para todos los demandantes.

Así lo considera el secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, que explica que siempre suben las peticiones cuando «hay un anuncio de las administraciones públicas» que apunte a que va a aumentar la oferta. Además de las iniciativas específicas de la ciudad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió crear una empresa pública de promoción inmobiliaria, y la Xunta constituyó una autonómica el año pasado. Yáñez recuerda que en A Coruña ya hubo «efecto llamada» con el desarrollo de Xuxán, y señala que en Vigo ocurrió lo mismo con la construcción de vivienda pública en San Paio de Navia.

Con él coincide la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez, que señala que «hay muchos anuncios de construcción de viviendas públicas en alquiler y en compraventa y es lógico que todas aquellas personas que cumplan los requisitos según sus ingresos se den de alta». Y para la presidenta de la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ruth Varela, los anuncios de las administraciones están «animando a la ciudadanía a apuntarse».

Pero los tres expertos coinciden en que estos anuncios no suponen el fin del problema de la vivienda, al menos por el momento. Varela cree que las construcciones previstas están «muy por debajo de la cifra real» de coruñeses que necesitan piso, y Vérez recuerda que «es difícil que a corto plazo los registrados puedan disponer de una vivienda», porque los plazos para desarrollar los concursos de los proyectos y luego construir los edificios llevarán años. «Llevamos un retraso de muchos años en la construcción de vivienda pública que pueda cubrir la alta demanda», añade, mientras que el presidente de la asociación de promotores calcula que las promociones de Monte Mero no estarán en el mercado «hasta como pronto en 2030»: por el momento no existe siquiera un proyecto.

Monte Mero es la gran apuesta de la Xunta en la ciudad, que prevé expropiar terrenos entre Alfonso Molina, la Ciudad de las TIC, Xuxán, Pedralonga y la avenida de A Pasaxe para promover unas 4.300 viviendas: un quinto serán libres, pero el resto serán públicas o protegidas. Si no hay retrasos, la urbanización empezará en 2028. El Gobierno gallego ya ha entregado 40 viviendas de alquiler social en Xuxán y planea otras 104. Dos cooperativas construirán 256 viviendas protegidas en suelo cedido temporalmente por la Xunta, y el Concello modificó el año pasado el plan general para permitir la construcción de 520 pisos en parcelas autonómicas. El Gobierno gallego también aporta fondos para vivienda protegida en proyectos privados, y ha adquirido pisos deteriorados para alquiler social a través del plan Rexurbe.

El Ayuntamiento tiene sus propios proyectos en marcha. Las obras para construir cinco viviendas sociales en Marqués de Pontejos ya deberían haber estar disponibles, pero la obra ha sufrido largos retrasos. Tras años de dilación, el Ayuntamiento adjudicó el año pasado la obra para construir 50 pisos públicos en Xuxán, un proyecto al que está obligado por un acuerdo de 2019 que le exime de pagar indemnizaciones millonarias por la licencia ilegal del edificio Fenosa. A esto se suman iniciativas privadas: de los cerca de 3.600 pisos que se construirán en San Pedro de Visma, algo más de un cuarto serán de protección.

Caída de las compraventas

Pero estas promesas llegan tras años de sequía, como muestran las compraventas de vivienda protegida en la ciudad. Entre 2004 y 2010 se vendieron unas 440 al año, una cifra que bajó a 81 en la siguiente década. Tras un repunte en 2021, con 119 compraventas, en 2022 se descendió a 59 y en 2023 a 41, mientras que en los nueve primeros meses de 2024, según estadísticas del Estado, la cifra fue de apenas 32.

Es cierto que parte de la caída podría achacarse a que las administraciones están apostando actualmente por mantener la propiedad de los pisos que poseen y dedicarlos a alquiler social, pero la mayor parte del descenso se explica por la falta de nuevas promociones. La vivienda protegida que se construye y vende a particulares pasa al mercado libre tras unos plazos tasados, por lo que si no hay construcción, la tendencia es que descienda su número.

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