A Coruña podría congelar los alquileres aplicando los cálculos de Santiago

Un estudio de la Universidade da Coruña encargado por el consistorio compostelano indica que la ciudad tiene el alquiler tensionado, y lo mismo ocurre en la mayoría de barrios coruñeses

Edificios de la plaza de Lugo, en una de las zonas más caras de la ciudad. |  Carlos Pardellas

Edificios de la plaza de Lugo, en una de las zonas más caras de la ciudad. | Carlos Pardellas

En mayo de 2023, hace casi dos años, se aprobó la Ley por el Derecho a la Vivienda, que permite declarar zonas como de mercado residencial tensionado y poner en marcha en ellas medidas como la congelación de los alquileres. El Ayuntamiento pidió aplicarlo en A Coruña en octubre de 2023, pero la Xunta rechazó su petición por poco motivada y presentó cálculos en los que afirmaba que la mayoría de la ciudad no reunía los requisitos. El Concello afirma que volverá a hacer otra petición en este primer trimestre de 2025, y también va a solicitarlo el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que encargó a expertos de la Universidade da Coruña (UDC) un estudio para determinar si la capital gallega reunía los requisitos. Los cumple «en todo su territorio», y, aunque no haya un documento similar para A Coruña, aplicando los mismos cálculos el municipio está tensionado en su conjunto, y, al menos, nueve de sus doce barrios.

Las matemáticas no engañan. La ley permite declarar una zona como mercado tensionado si las familias gastan más del 30% de sus ingresos medios en la hipoteca o el alquiler y los gastos de vivienda; o si, en los últimos años, los precios de compra o alquiler han subido tres puntos por encima del IPC de la comunidad autónoma. Los investigadores de la UDC afirman que en Santiago se cumplen ambos, y para determinar la segunda condición, calculan los precios en Idealista y los alquileres recogidos por el Instituto Galego de Vivenda e Solo, de la propia Xunta, que tiene datos hasta diciembre del año pasado.

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024, cogiendo los cinco años que contempla la normativa, el IPC gallego subió un 20%, con lo que sumándole tres puntos la barrera queda en un aumento del 23%. Entre los dos años el importe de los alquileres se incrementó un 35,4%, con lo que se supera sobradamente el requisito y, con la legislación en la mano, se podría declarar el municipio como tal.

Pero la Xunta, que debe estudiar y tramitar la petición, ha pedido que esto se haga por zonas. Dividiendo el municipio por distritos postales, la amplia mayoría cumplen los requisitos. En este quinquenio tan solo uno, el 15008, que incluye Elviña y el Barrio de las Flores, queda por debajo del IPC, con un 19,8%. Tampoco llegan, con este cálculo las zonas de Monte Alto y Zalaeta, el 15002, y la del 15004, que incluye la plaza de Lugo y el inicio de la avenida de Fisterra y Juan Flórez. Usando este criterio estos barrios no estarían tensionados, aunque podrían estarlo por la subida del precio de la hipoteca o por el peso que tienen los gastos de vivienda para sus vecinos. Los otros nueve distritos sobrepasan la barrera, algunos de manera muy significativa. Si bien, siempre según los datos que ofrece la Xunta en el Observatorio da Vivienda para diciembre de 2019, solo uno sobrepasa la media de la ciudad, lo que puede apuntar a que los datos no están consolidados.

El Gobierno gallego, según explicó a este diario el año pasado, se opuso a considerar toda la ciudad como zona tensionada: solo admitía que lo fueran el 15001, 15002 y 15003, esto es, Ciudad Vieja, Monte Alto y la zona del Orzán y la plaza de Pontevedra. No empleaba los datos que elabora la propia Xunta, sino una base de datos que empleó el Estado para calcular su índice de precios de referencia, y solo cubría tres años, de 2019 a 2022.

A la espera de una reunión

El Ayuntamiento de Santiago utilizará el estudio como base para elaborar un plan específico de medidas correctoras de los problemas del mercado, y después constituirá una mesa sectorial de vivienda en el primer trimestre de este año, como pasos previos para realizar la solicitud de zona tensionada, pero los pasos en A Coruña son distintos.

El Concello no ha presentado ningún estudio, ni un plan de medidas, pero sí constituyó, en noviembre del año pasado, una mesa sectorial con representantes de vecinos, promotores, constructoras, arquitectos, aparejadores y agentes de la propiedad inmobiliaria en el que se trató la declaración de zona tensionada. La alcaldesa, Inés Rey, afirmó esta semana que habrá una nueva solicitud a la Xunta para declarar zona tensionada en el primer trimestre de 2025, pero quedan por realizar trámites.

Según los pasos marcados por la Xunta, el Concello debe analizar la situación del mercado y sus deficiencias, así como elaborar una memoria justificativa, y tras la mesa sectorial debe poner a disposición del público la información que justifica el plan de crear la zona tensionada. El «órgano municipal competente» debe después aprobar la petición de declaración de zona tensionada, y la solicitud a la Xunta tiene que incluir un «plan específico» de medidas que se adoptarán para corregir los problemas del mercado.

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