Lucrarse a costa de los migrantes: hasta 300 euros por dejarles empadronarse en A Coruña
Migrantes instalados en la ciudad denuncian el cobro del empadronamiento por parte de sus caseros. De 50 a 300 euros son los precios que les solicitan por un registro en el padrón del Concello. «Hay ciertos grupos que se están lucrando con la desesperación de gente en situación vulnerable», comentan ONG locales

Registro municipal de María Pita. | Iago López
José (nombre ficticio) es un cubano que vive en A Coruña hace un año y medio. En su llegada a la ciudad en el 2023, estuvo viviendo tres meses en una habitación, acompañado de su esposa. Los problemas llegaron cuando la casera de la propiedad no le quería dar sus datos para poder empadronarse. «No había forma de que nos diera su DNI. Tampoco quería firmar los permisos que nos solicitaba la oficina del padrón. Su excusa era que los antiguos inquilinos seguían registrados en su hogar, y que no podíamos anotarnos hasta que no se dieran de baja. El problema llegó cuando nos solicitó 200 euros por empadronarnos en su domicilio», señala José. Después de la exigencia que les hizo la casera, decidieron dejar el piso.
Está situación es una de las trabas a las cuales se enfrentan ciertos migrantes a la hora de llegar a la ciudad de A Coruña y a España. El padrón es la puerta de entrada para muchos derechos. Sin estar empadronados, comienzan las trabas en, por ejemplo, el acceso a la sanidad, la escolarización de los menores, las prestaciones sociales, la seguridad social y, más adelante, el permiso de residencia. Los extranjeros ansían poder empezar a contabilizar legalmente los tres años de permanencia en territorio español para poder tramitar el permiso de residencia y regularizar su situación.
La trabajadora social del programa de Inclusión Básica de la ONG Viraventos, Luanna Extremera, comenta que se genera un mercado irregular detrás del empadronamiento, porque es un negocio que mueve dinero. «Los precios van desde los 50 a los 300 euros. Depende de que sea lo que les piden. Puede ser un pago de 300 euros para empadronarlos por primera vez. Después los amenazan diciéndoles que para mantenerlos inscritos deben pagar entre 50 y 100 euros por mes. Como no suelen haber contratos que corroboren que esas personas viven en los inmuebles, se transforma en una forma de coacción para esta gente que se encuentra en una vulnerabilidad absoluta», explica Extremera.
Las oficinas de Cáritas de A Coruña de la Rúa Reyes Magos y de Os Rosales comentan situaciones similares a las que explican en Viraventos. «El pago por cuotas es muy común y muchas veces depende de la cantidad de personas que hay empadronadas en un domicilio. Mucha gente ha llegado a endeudarse y quedarse sin ahorros por seguir teniendo un registro en el padrón», comentan desde Cáritas.
La organización no gubernamental coruñesa Ecos do Sur, que trabaja con vecinos de origen extranjero en situación de exclusión social y de vulnerabilidad, señalan que «ante la necesidad de empadronarse, los migrantes pagan. Sin ese papel, las personas que se encuentran en situación irregular, no pueden demostrar que viven en la ciudad».
Una de las trabajadoras sociales de Ecos do Sur, Clara Pérez, especialista en migrantes en situación desprotegida y en víctimas de trata y violencia de género, señala que tiene constancia de incidentes en los cuales se les ha pedido un pago inicial por la fianza, el alquiler y el empadronamiento. Pero no son las únicas situaciones de las que tiene conocimiento.
«Muchas personas que alquilan un piso, luego lo subarriendan sin el permiso de los caseros. Esto provoca que las personas que alquilan estas habitaciones subarrentadas, no puedan tener su registro en el padrón, con la dirección de ese inmueble. También ha sucedido que mandan a los migrantes a empadronarse en sitios donde no residen de manera habitual», comenta Pérez.
La trabajadora social explica que al tratarse de migrantes, muchas veces se encuentran en situaciones irregulares, lo que permite «abrir una rendija en la que ciertos grupos buscan sacar un beneficio desde la desesperación de personas en situación vulnerable».
Otras organizaciones sociales como SOS Racismo A Coruña señalan lo difícil que es para los migrantes poder encontrar un casero que les permita empadronarse. «No quieren darles las autorizaciones para poder registrarse en la oficina del padrón», explican. La misma situación señalan desde Cáritas de Os Rosales: «Les alquilan las habitaciones pero no quieren registrarlos».
La problemática afecta a migrantes de todas las nacionalidades, pero son los latinoamericanos los que más sufren, ya que la gente que llega de África tiene una red más grande de contactos y de contención, según señalan desde la organización sin fines de lucro Viraventos. «Los venezolanos, peruanos y colombianos son los colectivos que más sufren», explica la trabajadora social de la entidad social.
Desde Cáritas advierten además de que las víctimas de esta práctica no quieren realizar la denuncia en la Policía Nacional, por el miedo que les produce destapar a gente de su propio país. «Prefieren guardar silencio antes de acusar a sus compatriotas», comentan desde Cáritas. La Policía Nacional, a preguntas de este periódico, indica que, efectivamente, no tienen en su registro denuncias acerca de esta problemática.
No acaba ahí. La situación de lucrarse con trámites que deberían ser gratis, también se da con las citas de extranjería, como confirman desde entidades como Ecos do Sur y Cáritas. «Es lucrarse con la desesperanza de la gente», lamentan desde Ecos do Sur.
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