Un lastre de 262 millones que condiciona el futuro del puerto de A Coruña

La Autoridad Portuaria todavía debe pagar 87 millones al Banco Europeo de Inversiones y otros 175 a Puertos del Estado, deuda esta última que el Estado se niega a condonar y que sigue pesando en los planes para los muelles interiores, en los que se prevén viviendas, hoteles y zonas comerciales

Vista de los muelles interiores. |  Iago López

Vista de los muelles interiores. | Iago López

El año 2025, según prevén Estado, Xunta, Concello y Puerto, será clave para el futuro de los muelles interiores, con la apertura de un concurso internacional para definir los usos que tendrán los muelles desde Batería, frente a los Cantones, hasta Oza, junto a la playa del mismo nombre. Entre los planes están crear equipamientos públicos y un tren de cercanías, así como actividades económicas ligadas al mar; pero también hacer caja con viviendas, hoteles y zonas comerciales que, en principio, se situarán en San Diego. Sobre el futuro de los muelles pesa un condicionante: los 262 millones de euros que la Autoridad Portuaria todavía debe, en su mayoría al Estado, por las deudas que tuvo que asumir para construir el puerto exterior y realizar traslados hacia él, y que el Gobierno central se ha negado reiteradamente a condonar.

El Puerto adquirió una deuda de 200 millones de euros con Puertos del Estado, que depende del Ejecutivo central, y fuentes de la entidad coruñesa indican que todavía quedan unos 175 millones por abonar. De la deuda con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se habrían amortizado, es decir, pagado de la cantidad original, unos 43 millones, y restan otros 87. Pero además del principal hay que pagar los intereses, que también suponen cifras millonarias. En 2023, según las cuentas del Puerto, se pagaron unos 17,7 millones por devolución y amortización de deudas; unos 10 millones se deben a un pago a Puertos del Estado, antes de tiempo, para «evitar males mayores» y llegar a un pacto para evitar subidas de intereses. Aún así, sumaron 7,6 millones.

Las cuentas de 2024 todavía no están publicadas, pero según fuentes portuarias el año pasado se abonaron a Puertos del Estado 4,5 millones de principal, reduciendo la cantidad de la deuda original, y otros tres millones por los intereses. Según el acuerdo con el Estado de 2023, hasta diciembre de 2026 el interés máximo por esta deuda será del 1,66%. Con el BEI, los pagos fueron de 3,5 millones de principal y 3,8 por los intereses, en este caso más onerosos que la amortización.

En total, los pagos del año pasado llegaron a los 14,8 millones, una cifra muy importante para las cuentas del Puerto. Por comparación, en 2023 gastó algo menos de seis millones en los salarios de los trabajadores, y unos 2,4 en cargas sociales. Sumando suministros, servicios contratados a profesionales externos, reparaciones y otros servicios contratados, apenas se rebasan los 5,1 millones.

Y en 2023, todos los cobros por tasas portuarias, la principal fuente de financiación del Puerto, sumaron algo más de 30,2 millones, una cifra muy parecida a la del año anterior. Es decir, poco más del doble que los pagos de deuda del año pasado.

Rechazo a la condonación

Los acuerdos originales sobre los muelles interiores de A Coruña, firmados en 2004 con Francisco Vázquez como alcalde, preveían pagar los gastos del puerto exterior vendiendo a promotores privados fincas de los muelles, para construir miles de pisos. Este proyecto tuvo una amplia contestación ciudadana, y el pleno municipal reclamó al Estado una condonación de la deuda del Puerto, algo que también reclamó el Parlamento gallego.

Pero el Estado siempre se ha negado a esta posibilidad, y los procesos para sustituir a los acuerdos de 2004 se atascaron. El año pasado las administraciones llegaron a un nuevo pacto para desarrollar los muelles, con un grupo de trabajo común entre Administraciones. Aunque un texto definitivo queda todavía muy lejos, el Estado aceptó que Batería y Calvo Sotelo sigan siendo públicos. El mes pasado se aprobaron líneas estratégicas que definirán el futuro de los muelles: el plan es mantener vivienda, zonas comerciales y hoteles, en principio en San Diego, aunque no está establecido cuánta ni cuántos pisos serán protegidos o públicos.

La Comisión Coruña Marítima, encargada de definir el futuro de los muelles, está integrada por Estado, Xunta, Concello, Puerto, Adif y Puertos del Estado, así como por PP, PSOE y BNG en tanto que grupos con representación en el pleno municipal. De estos, solo hay una oposición absoluta a construir vivienda privada por parte del Bloque, una postura que también respaldan asociaciones entidades como Defensa do Común. La formación fue la única que se abstuvo en la votación de las líneas estratégicas de la semana pasada, que por lo demás tuvieron un respaldo unánime.

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