El Superior condena al Ayuntamiento de A Coruña por reservar fondos insuficientes para el bonobús

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nula la partida presupuestaria del Ayuntamiento de A Coruña de 2024 —de casi ocho millones de euros— destinada a la subvención de transporte público por haber incurrido en «insuficiencia manifiesta» para cubrir los gastos necesarios para los que estaba prevista. Así, condena al Ayuntamiento a incrementar esa partida «en la cantidad necesaria para cubrir el gasto que genere la concesión, procurando su suficiencia». En la práctica la resolución judicial no tendrá consecuencias porque el Ayuntamiento ya fue ampliando la partida los meses siguientes a aprobar las cuentas.

El tribunal insta a la Administración local a realizar «los cálculos oportunos, debidamente dimensionados, de acuerdo con lo sucedido en períodos anteriores, a fin de evitar los resultados que se han podido observar para este y otros presupuestos de la misma Corporación en los últimos años». 

Fuentes municipales defienden que «la partida presupuestaria para ese gasto cuenta hoy con los fondos suficientes —18,6 millones de euros para el presente ejercicio— y todas las facturas anteriores están pagadas». La Compañía de Tranvías, concesionaria del servicio, que señala que se le adeudan sobre «cuatro millones cuatro millones correspondientes a octubre y noviembre», expone que «la sentencia es lo suficientemente contundente y habla por sí sola». 

Se trata de una práctica habitual en el Concello de A Coruña con diferentes Gobierno locales, haciendo una previsión inicial de fondos insuficientes para ir ampliándola a lo largo del año. Una situación que siempre genera advertencias del interventor cuando se aprueba el presupuesto.

La Compañía de Tranvías presentó un recurso porque consideraba que las cuentas de 2024 no disponían de la partida necesaria para hacer frente a la subvención del bonobús. La reserva era de 7,9 millones, cuando la facturación de la empresa en 2023 era de 19 millones, de los que 15,3 correspondieron al Ayuntamiento.

«La conclusión que se alcanza con la simple lectura de la [prueba] documental es que al Ayuntamiento no le resultaba ajena la insuficiencia de la partida presupuestaria discutida para cubrir los gastos que serían necesarios en la fecha en que se aprobó el presupuesto para 2024», explica el TSXG, al tiempo que destaca que «sí disponía de datos suficientes para elaborar un presupuesto ajustado al verdadero volumen previsible de ese gasto».

La Sala de lo Contencioso-administrativo señala que, en diciembre de 2023, «quedaban pendientes de pago más de nueve millones de euros por facturas emitidas por la empresa para el ejercicio 2023 y, a pesar de ello, y de que se produjo también una insuficiencia de crédito para ejercicios anteriores, el Ayuntamiento decidió presupuestar para esa partida la cantidad de 7,9 millones de euros para cumplir sus obligaciones con la Compañía de Tranvías durante el año 2024». 

La concesionaria, con contrato prorrogado desde que caducó el pasado diciembre, indica que «es una lástima» que haya tenido que acudir «a instancias judiciales para reclamar el perjuicio que ha supuesto a la empresa la falta de previsión en los presupuestos municipales que derivaron en retrasos en el pago de facturas por parte del Concello, una situación que ha hecho que el transporte público de la ciudad se mantuviese en una continua inseguridad jurídica y financiera, impidiendo la liquidez necesaria para afrontar tanto pagos corrientes como inversiones». 

Antes de recurrir a la vía judicial, apunta, Tranvías intentó «buscar acuerdos y evitar así los sobrecostes que estos litigios puedan causar en el erario público». «Dado que no se obtuvo respuesta a los continuos ofrecimientos para llegar a un consenso, Tranvías se vio obligada a reclamar por la vía judicial», explica la empresa.

Esta no es la única causa judicial entre el Concello y Tranvías. En mayo, el Ayuntamiento saldó por orden judicial una deuda de 5,4 millones de euros con la concesionaria correspondientes al bonobús de 2023. Una cantidad que se suma a otros 3,7 millones también demandados por la empresa.