Los alquileres de A Coruña son los primeros de las urbes gallegas en superar los 700 euros

En junio de 2023 las estadísticas de la Xunta mostraron que los alquileres de la ciudad habían sobrepasado los 600 euros de media, y han bastado menos de dos años para batir la siguiente barrera simbólica. El Observatorio da Vivienda de la Administración autonómica indica que el precio medio este año, hasta el 28 de febrero, fue de 703 euros, frente a los algo menos de 681 de enero. La cifra no es solo un récord en la historia de la ciudad, sino en la de toda Galicia, pues en el resto de urbes de la comunidad, pese a que también han vivido alzas de precios, no se ha llegado a la cota de 700 euros. Las inmobiliarias explican que se están alquilando algunos pisos por mil euros o más, y tanto arquitectos como inquilinos reclaman que el Concello actúe para mejorar la situación.

«Sigue subiendo todo», indican desde Ático Inmobiliaria, y los pisos se van haciendo «más caros cada día». Se están pagando 300 euros por una habitación compartida, señalan fuentes de esta inmobiliaria coruñesa, mientras que una vivienda de un dormitorio vale 600 euros, una de dos unos 800 y los pisos con tres habitaciones, «en una zona residencial normal, como Os Rosales o Cuatro Caminos», ya se sitúan en torno al millar de euros mensuales, con precios más altos en el centro. «Todo se alquila rápido, a precios nunca vistos», resumen.

La subida del alquiler de A Coruña llega a la periferia: ya no hay barrios con precios medios bajo 500 euros

De acuerdo con Mirko Sanhueza, agente de Urbeko Inmobiliaria, que indica que los precios «andan entre 600 y 950 euros dependiendo del tamaño y las calidades», con pisos por encima de los mil en algunos casos. La alta demanda y la falta de oferta hace que los propietarios puedan elegir, y muchos piden dos meses de fianza además del de adelanto, o no arriendan a inquilinos con un perfil que no pase una evaluación de solvencia elaborada por una empresa de seguro de impagos.

Si bien en la ciudad hay iniciativas de vivienda de la Xunta y el Concello, en el mercado coruñés han entrado pocos pisos protegidos o públicos desde la crisis inmobiliaria. Para la letrada Verónica Urreaga, abogada de la Asociación de Inquilinos, en el problema de la vivienda «la culpa la tiene el Estado», al que acusa de desproteger legalmente a los propietarios. La Xunta «hace lo que puede, pero podría hacer más», y el Ayuntamiento «tiene que ceder suelo» para construir vivienda pública y «obligar a la Sareb a que haga viviendas sociales» en sus edificios sin terminar.

El alquiler en la zona de la plaza de Lugo, en A Coruña, rebasa los 900 euros y encabeza los barrios de Galicia

Sin una «apuesta clara»

La presidenta de la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela, cree que el Concello no tiene una «apuesta clara» por ejercer sus competencias en materia de vivienda. Le pide una «actitud más proactiva» en disciplina urbanística, persiguiendo a viviendas de uso turístico ilegales y cerrando las que no cumplan el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). El Ayuntamiento está elaborando una ordenanza de pisos turísticos, aunque Varela defiende que «ya se podrían estar clausurando», pero no hay una política contra ellas y crecen.

El Ayuntamiento ha dado pasos para pedir a la Xunta que declare la ciudad zona tensionada de vivienda, lo que permitiría congelar alquileres y dar bonificaciones a arrendadores, pero Varela indica que este proceso se alarga «sine die»; la primera petición al Gobierno gallego fue en octubre de 2023. La presidenta de la delegación coruñesa del COAG también pide al Concello que desarrolle suelos con «mayor proporción de vivienda pública» y que colabore con el tercer sector, es decir, cooperativas o entidades de «lucro limitado» para poner en el mercado pisos asequibles. «El problema de la vivienda no es marginal, llega a la clase media», señala Varela.

«El alza se debe sobre todo a la especulación»

El Sindicato de Barrio Falperra / Os Mallos organizará a las 12.00 horas del 5 de abril una marcha entre las plazas de Ourense y María Pita contra la mercantilización de la vivienda, parte de las movilizaciones que realizarán ese día colectivos de inquilinos por toda España. El problema es «transversal» a toda la ciudad, pero en A Falperra y Os Mallos «tenemos más población racializada» y por tanto «más problemas de vulnerabilidad», así como edificios con problemas de accesibilidad. Otros, en especial en la zona de la futura intermodal, están rehabilitándose pero «no llegan a estar en el mercado», por lo que algunos vecinos se preguntan si serán para uso turístico o para «especular». El alza de precios afecta sobre todo a los «más vulnerables», desde inmigrantes a jóvenes, y conlleva gentrificación de barrios, hacinamiento en pisos y que víctimas de violencia de género sigan conviviendo con sus agresores. Además, la entidad considera que el aumento se debe «fundamentalmente a la especulación», y la ciudad cuenta con más de 20.000 viviendas vacías, «frecuentemente en lugares con alquileres caros, donde abrirlas podría llevar a una reducción de precios». El Ayuntamiento, consideran, debería impedir la apertura de pisos turísticos y rehabilitar vivienda vacía.

Suscríbete para seguir leyendo