El Superior refrenda que un colegio de A Coruña tenga documentos solo en gallego

Los colegios gallegos no tienen por qué incluir el castellano en todos sus documentos y rotulación, y el gallego es el idioma por defecto en la educación. Esta es la interpretación de la normativa que realiza la Xunta, y también el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que acaba de rechazar el recurso de un padre cuyos hijos asistían en 2022 al CEIP Cidade Vella, de la calle Herrerías, y que reclamó que hubiese un total bilingüismo en el colegio. Los padres sí tienen derecho, señala el tribunal, a que las comunicaciones que se les remitan estén en castellano.

De acuerdo con el Superior, el hombre pidió por escrito al centro que tuviese disponible en castellano «toda la documentación administrativa y todo tipo de información» para los alumnos o familias, desde los formularios o justificantes a las autorizaciones o listados. Además, pidió que los rótulos y avisos tuviesen versión española, y que se emplease al menos este idioma en toda documentación «que se me envíe de forma individualizada». Según el demandante, las comunicaciones, incluidos los boletines de notas, se le enviaban «solo en gallego en todos los soportes», y no se respetaba «la cooficialidad lingüística».

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La Xunta respondió que todas las comunicaciones a las familias, por parte del colegio o de los tutores, «se están enviando en gallego y castellano a las familias que así lo solicitan». Por lo demás, el Gobierno gallego se remitió a la legislación vigente, como la Ley de Normalización Lingüística, que indica que el gallego es la «lengua oficial de la enseñanza en todos los niveles educativos» dentro de la comunidad. También citó el decreto 79/2010, que indica que en la Administración educativa de Galicia y en los centros sostenidos con fondos públicos «se utilizará, con carácter general, la lengua gallega».

«Trato discriminatorio»

Pero el padre decidió llevar el asunto a la Justicia e interpuso un recurso contencioso-administrativo. Argumentó que la Xunta «mantiene indebidamente un trato discriminatorio» hacia él y sus hijos. Según su interpretación, el Gobierno gallego estaba incumpliendo la «igualdad de trato» entre gallego y castellano, y la «preferencia» por el primer idioma «carece de amparo constitucional».

Pero la Xunta respondió que el hombre «no puede pretender» que la documentación del centro «se elabore en castellano, en contra de lo previsto en las leyes» y el Estatuto de Autonomía de Galicia. El padre, afirmó, tiene derecho a comunicarse en castellano, y a que se le envíen mensajes en este idioma si así lo solicita. Pero no tiene derecho a que «toda la documentación administrativa, rotulación, anuncios, programaciones didácticas y demás documentos internos deban ser redactados en una lengua distinta a la gallega».

El Superior coincide en que el centro debe dirigirse al hombre en español si lo pide, pero «no ha quedado acreditado que, tras la solicitud al respecto realizada por el recurrente, no se hubiesen remitido esas comunicaciones también en castellano», por lo que no se han vulnerado sus derechos. Por lo demás, indica el tribunal, «no se ha quebrado el principio de cooficialidad» y ni infringido la normativa, y le impone al recurrente pagar hasta 1.500 euros de las costas de la Xunta. El hombre podrá interponer recurso ante el propio Superior o ante el Tribunal Supremo.

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