La encrucijada de Nostián: recuperar o no los 13 millones que los vecinos de A Coruña pagaron de más

Entre 2011 y 2018, el Ayuntamiento de A Coruña pagó casi 13 millones a la empresa concesionaria de la planta de tratamiento de basuras de Nostián, Albada, en compensación por el coste que asumía por gestionar rechazos, esto es, material que se manda a vertedero. Pero los tribunales anularon estos pagos. El Gobierno local pidió su devolución, sumándole intereses hasta rozar los 15,8 millones de euros, pero acaba de aceptar un acuerdo por 8,3, renunciando al resto y señalando que, si se sigue por la vía judicial, podría no ganar nada.

El origen de la deuda

La raíz del perjuicio para las cuentas municipales viene de un acuerdo con la empresa del Gobierno local del PSOE y el BNG, presidido por el socialista Javier Losada. La concesionaria afirmó que tener que hacerse cargo de gestionar los rechazos le causaba un desequilibrio económico, y, en abril de 2011, el Concello aceptó compensarle, con efectos retroactivos desde enero.

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Oposición del nuevo Gobierno local

Ese año hubo elecciones municipales, y el PP ganó por mayoría absoluta. El nuevo Gobierno local, con Carlos Negreira como alcalde, se opuso al acuerdo. Empezó un procedimiento para revisarlo en diciembre, en el que indicaba que «se considera que no corresponde a este Ayuntamiento la asunción de los costes del transporte ni de la gestión del rechazo». El Concello envió una propuesta para anular el acuerdo al Consello Consultivo de Galicia, si bien este órgano emitió un dictamen desfavorable en 2012.

Años de trámites y juicios

El Gobierno local del PP tardó casi dos años y medio en dar el siguiente paso. En marzo de 2015 declaró que el acuerdo con Albada era lesivo para los intereses municipales, y luego fue a los tribunales. La sentencia llegó en marzo de 2018, ya con Marea Atlántica en el Gobierno local, cuando el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 refrendó que el acuerdo perjudicaba al interés público y lo anuló. Albada recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero este desestimó su recurso en 2019. El Tribunal Supremo rechazó un recurso de Albada al año siguiente.

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Pagos durante siete años

Durante la mayor parte de este tiempo, Albada siguió cobrando. Percibió pagos entre enero de 2011 y febrero de 2018, es decir, hasta la primera sentencia en favor del Ayuntamiento, aunque un informe del secretario general defendió en 2011 que se podía suspender el acuerdo como una medida cautelar (es decir, la que se toma antes de que haya una sentencia que la refrende). El Gobierno local del PP defendió en 2011 que lo hacía por «estricta obligación legal».

Según un informe elaborado este mes por la Consellería de Economía y Planificación Estratégica, a cargo del edil José Manuel Lage Tuñas, se podrían haber congelado los pagos, siguiendo la doctrina «del Tribunal Supremo y los tribunales menores». En el último pleno, el propio Lage reconoció que el pacto lo firmó un Gobierno socialista, pero señaló que ni los populares ni Marea dejaron de realizar los pagos.

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Casi trece millones de más

En 2019 el PSOE volvió al Gobierno local, y en 2021 empezó un procedimiento para recuperar el dinero que se había pagado de más, si bien luego lo tuvo parado hasta que caducó. En noviembre de 2023 hubo que cerrarlo y volver a empezar.

Tras algunos cambios en los cálculos, estimó que la cantidad pagada de más y que tendría que devolver Albada fue de unos 12,9 millones de euros, a lo que habría que sumar otros cerca de 2,8 millones en intereses. Es decir, 15,68 millones, aunque el PP afirma que a fecha de hoy ya habría que sumar otros 400.000 euros de intereses.

Contraoferta de Albada

La suma es muy importante. Por comparación, la reforma de los Cantones se adjudicó por algo más de 7,4 millones, y los pagos previstos a Albada durante todo este año no llegan a los diez millones. La concesionaria se opuso a la reclamación municipal, y fue una vez más a los tribunales, pero paralizó el proceso para negociar. Y el mes pasado el Ayuntamiento aceptó su oferta: 8,3 millones, de los que cerca de 1,1 ya se han abonado y el resto se pagarán este año.

Pero, ¿qué se puede cobrar?

Hasta hace pocos meses, el criterio del Ayuntamiento era que se debía recuperar todo lo que se pagó, pero Lage señaló este mes que era una «estrategia» de máximos. De acuerdo con un informe del departamento que preside, basándole en otro texto de la asesoría jurídica municipal, «la anulación del acuerdo produciría efectos desde la fecha de la sentencia», y en ese caso no se cobraría nada.

Otra posibilidad sería que hubiese que devolver la suma desde que el acuerdo se declaró lesivo en 2015; según Lage, son unos 4,8 millones (a los que habría que sumar intereses), y eso es la cantidad a la que se podría aspirar, con riesgos y tras un proceso judicial que llevaría años. Así, argumenta, con este acuerdo se cobra más de lo que se pagó desde 2015, y el Concello sale ganando.

Respaldo judicial

Esta decisión tuvo la oposición abierta del PP, que considera que es perdonar a Albada más de siete millones y que llevó una moción al pleno de este mes contra el acuerdo. Pero el Gobierno local contraatacó, aportando durante la sesión un auto de la jueza que acepta el pacto de los 8,3 millones. La magistrada indica que no hay «vicio de ilegalidad ni lesión de interés público ni de terceros». El BNG, que con anterioridad había pedido transparencia sobre el pacto, afirmó ahora que era «jurídicamente inviable» anular el acuerdo en el pleno, y que si había autorización judicial es porque no es lesivo para el interés público.

Los municipios de la comarca que usan Nostián también pagaron de más. El consorcio que los agrupa aceptó cobrar 9,2 millones de 11. Mientras, la planta sigue en prórroga forzosa desde el inicio de 2020, y el Concello todavía no ha sacado un nuevo concurso.