El Concello desestima la alegación del matadero y le exige un millón de euros

El Gobierno local exige de nuevo a la concesionaria del matadero municipal, Carniceros de La Coruña S.A. (Carnicosa), el pago del canon por la gestión de la instalación entre los años 2015 y 2020. La Junta de Gobierno Local prevé aprobar este miércoles la liquidación del canon de la concesión durante esos cinco años —no es posible reclamar deudas anteriores— por importe total de 1,05 millones de euros, una cantidad que ya había reclamado en 2019.

También desestima las alegaciones de la concesionaria a la reclamación, que pedía compensar la deuda pendiente con las obras de mejora «constantes» acometidas en la instalación durante los años de gestión. El Gobierno local considera que las facturas presentadas por la empresa correspondientes a estas inversiones no acreditan «un desequilibrio económico de la concesión» que los faculte para compensar la cantidad adeudada al Ayuntamiento.

Es la misma suma que el Gobierno local reclamó en 2019 y contra la que la concesionaria, que gestiona la instalación desde 1986, recurrió defendiendo que abonar la cantidad requerida suponía «un absoluto desequilibrio financiero de la concesión». La empresa alegó también que algunos acuerdos plenarios, especialmente uno del 11 de julio de 1994, habían sido incumplidos. Del canon debían deducirse, según Carnicosa, los gastos de inversión y mantenimiento, los necesarios para el funcionamiento de las instalaciones y de capitalización.

El Consello Consultivo de Galicia emitió en 2021 un dictamen en el que calificaba de «irregular» la concesión del matadero «desde su inicio» en 1986, pues, en los 35 años transcurridos del contrato nunca se había pagado el canon, equivalente a 175.000 euros anuales, sino que se compensó con la realización de obras de mejora.

El Consultivo también hacía constar que la pretensión del Gobierno local de regularizar la situación a través del cobro de 1,05 millones de euros «no es la adecuada». El órgano consideraba que esta regularización no puede hacerse mediante la reinterpretación de los acuerdos plenarios tomados por el Concello años después de la adjudicación del contrato, que variaron las condiciones del mismo. El dictamen del Consultivo no es vinculante, por lo que el Concello ha optado por persistir en la reclamación, que considera «la única forma» de regularizar la situación. En este sentido, el Gobierno local considera que el desequilibrio financiero para la compensación de los gastos con el canon tienen que surgir de «modificaciones del contrato» introducidas por la Administración que suponga «un incremento de costes o disminución de ingresos», o bien de circunstancias imprevisibles que determinen la «ruptura de la economía de la concesión».

El Concello hace constar en el expediente que las inversiones declaradas por Carnicosa «no afirman ni acreditan» que hayan sido causantes de esta ruptura económica. Asegura que su interpretación se realiza conforme a la normativa vigente y que no contraviene las cláusulas del contrato.