El Concello de A Coruña abre los primeros 16 expedientes de cierre a pisos turísticos, que siguen al alza

La asociación gallega de propietarios de pisos turísticos, Aviturga, defiende que el criterio del Ayuntamiento de que hay que considerarlos como negocios e impedir que abran, en general, fuera de plantas bajas, primeros pisos y edificios exclusivos conllevará el cierre del 80% de los que hay en la ciudad. Pero, aunque el Concello anunció esta interpretación en noviembre de 2023, y aprobó inicialmente una ordenanza reguladora el mes pasado, los pisos turísticos han seguido subiendo, y, según fuentes municipales, todavía no se ha clausurado ninguno. Sí se han iniciado 16 expedientes disciplinarios «para el cierre de otras tantas viviendas de uso turístico», afirma el Gobierno local, pero no hay fecha para precintar ninguna.

De los procesos abiertos, siempre según fuentes municipales, cuatro se iniciaron de oficio, por inspecciones del propio Concello; el Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) ha reclamado más vigilancia, pues considera que se debe limitar el número de viviendas de uso turístico como forma de favorecer el alquiler convencional. Los restantes doce expedientes se iniciaron debido a denuncias de terceros. Además de estos expedientes de clausura, el Gobierno local había pedido a la Xunta que restringiese la apertura de nuevos pisos turísticos, pero el Gobierno gallego rechazó hacerlo con carácter general e indicó al Ayuntamiento que debía examinar caso por caso y oponerse a los que considerasen que son irregulares.

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Estos primeros 16 procedimientos de cierre suponen poco más del 1% de las viviendas de uso turístico en la ciudad, que, según el registro de la Xunta, sumaron 1.368 este mes, rozando su máximo histórico de 1.372 en octubre pasado. Si bien la cifra cayó ligeramente hasta febrero, cuando se aprobó inicialmente la ordenanza, este último mes ha habido un repunte, quizás por propietarios que precisamente quieran tener el precedente de tener el piso abierto antes de que la normativa municipal se haga definitiva y entre en vigor.

Y, ampliando el foco, la trayectoria de los pisos turísticos lleva años siendo alcista. En julio de 2017, cuando la Xunta empezó a hacer la estadística, apenas había 61 abiertos, veinte veces menos que ahora. En marzo de 2018 ya eran 151, y un año después sumaban 265. En marzo de 2020, con el estallido de la pandemia, se superaron las 390, y el COVID no consiguió estabilizar su número: en marzo de 2021 ya eran más de 450. Siempre a datos de marzo, en 2022 se alcanzaron las 584, y en 2023 las 755.

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Unos meses después el Concello anunció que aplicaría un criterio restrictivo a estos pisos, pero esto no tuvo el efecto de moderar su crecimiento: en marzo de 2024 ya eran 1.238. En los últimos doce meses subieron otro 10,5%, si bien es cierto que la estadística solo incluye a los que están dados de alta en el registro de la Xunta: puede haber pisos ilegales, que no están registrados, y otros que sí están registrados pero que no estén abiertos.

En otras ciudades gallegas hubo incrementos aún más acusados durante el último año: en Vigo y Ferrol la subida fue del 33%, en Lugo del 20% y en Ourense del 15%. Pero en Santiago de Compostela, que empezó a precintar pisos el año pasado, bajaron cerca de un 9%. Y en Pontevedra, que promovió cambios en el ordenamiento de su núcleo antiguo para limitar las viviendas de uso turístico, bajaron un 1,3%.

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Y en A Coruña la oferta de vivienda turística, al menos sobre el papel, supera a la hotelera. Los hoteles suman, siempre según las estadísticas de la Xunta, algo más de 2.120 habitaciones, y las viviendas de uso turístico son más de 3.600, un 70% más. En cuanto a plazas, los hoteles suponen más de 3.570, pero los pisos turísticos se acercan a las 6.680, un 87% por encima.

Modificación del PGOM

Los expedientes de cierre no se abren por la ordenanza, que aún no está en vigor, sino a que el Ayuntamiento asimila estas viviendas a negocios y las veta de los pisos altos en base al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), en vigor desde 2013. Pero este ordenamiento no incluye específicamente a las viviendas de uso turístico, que por aquel entonces no existían, según critica el vicepresidente de Aviturga, Rafael Serrano. Su asociación reclama que se modifique el plan general para incluirlas y regularlas, y no, simplemente, se apruebe una ordenanza.

Para Aviturga, hay un «conflicto de normativas», pues los propietarios dieron de alta los pisos turísticos «tributando como viviendas», y la Xunta las considera como tales, «no actividad terciaria». «Tributamos como rendimiento de actividad inmobiliaria», argumenta. El Ayuntamiento «está haciendo una asimilación a otra actividad económica», critica Serrano, sin cambiar el plan general, causando una «inseguridad jurídica» y un perjuicio a propietarios que han invertido en los pisos turísticos, para redecorarlos y posicionarlos en la web.

Y el vicepresidente de Aviturga añade que su organización se opone a la ordenanza y presentará alegaciones. «Entendemos que es un instrumento restrictivo y va a perjudicar, a suponer el cierre de muchas viviendas de uso turístico que llevan funcionando desde hace muchos años» y cumpliendo la normativa hasta el momento.

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