Las fincas de la prisión de A Coruña cumplen cien años fuera del erario municipal

La escritura que ratifica que el Ayuntamiento cedió al Estado los terrenos que ocupa la antigua cárcel provincial acaba de cumplir los cien años. El 12 de enero de 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera, el alcalde y militar Victoriano Suanzes y el gobernador civil Rafael Barón comparecieron ante un notario de la ciudad, y firmaron que el Ayuntamiento entregaba al Estado las fincas, compradas ex profeso, para que este construyera una «nueva prisión». El edificio cumplió su función durante décadas, a veces albergando a presos comunes, otras a víctimas de la represión franquista, pero lleva años sin uso y sin que exista un acuerdo para que los terrenos vuelven al patrimonio del Concello. Tras una larga y complicada historia, con pactos, recursos judiciales y disputas entre los grupos municipales, el asunto sigue en los tribunales.

Cierre y pacto hace décadas

La cárcel abrió en 1927 y mantuvo usos de prisión hasta 1998, mientras que las actividades de inserción social se prolongaron hasta 2009. En 2005, el entonces alcalde Francisco Vázquez firmó un acuerdo para que el Estado devolviese la finca al Ayuntamiento, incluyendo también el edificio. A cambio, acordó cederle a la Administración central la parcela que actualmente ocupa el centro de inserción social (CIS) de Monte Alto, y pagarle 1,12 millones de euros.

Rechazo a pagar

El Concello entregó la finca, pero nunca llegó a abonar la cantidad pactada. En 2011 el PP ganó las elecciones locales con mayoría absoluta, y su criterio era que la parcela debía devolverse gratuitamente al Concello, que la había entregado sin ninguna contraprestación en 1925. Declaró que el convenio firmado por Vázquez era nulo, y la sociedad estatal que tiene la propiedad del edificio, la Siepse, recurrió a los tribunales.

Fallo en favor del Estado

La disputa legal se prolongó durante años, pasando por los mandatos del popular Carlos Negreira, el regidor Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica, y la socialista Inés Rey. En 2020 el Tribunal Supremo falló en favor del Estado, reafirmando que el Ayuntamiento tenía que pagar. El Gobierno local interpretó entonces que la vía judicial estaba extinguida, y la regidora defendió que el Estado podría pedir una ejecución de sentencia y obligar a pagar. Así, empezó a negociar.

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Acuerdo con el Gobierno

Según adelantó este diario, en febrero de 2021 el Ayuntamiento pidió a la Siepse negociar, y, de acuerdo con la documentación de esta entidad pública, hubo un pacto «pleno» en mayo de ese año. Por el acuerdo, el Gobierno local aceptaba abonar de manera completa la suma pactada en 2005, pero renegociaba los intereses que debía pagar al Ejecutivo central.

Derrota en el pleno

Aún así, el Gobierno local dejó pasar año y medio antes de llevar el asunto al pleno municipal, que debe ratificar el pacto. La tardanza, probablemente, se debió a que consideró que la oposición podría tumbar el acuerdo, lo que de hecho pasó. El Gobierno local presentó al resto de grupos, en diciembre de 2022, una propuesta por la que pagaría 2,3 millones de euros, la suma prevista en el convenio mas los gastos asumidos e intereses, y lo vendió como un buen acuerdo. El Estado, afirmó, renunciaba a medio millón que podría haber solicitado.

Pero no convenció a PP, BNG y Marea Atlántica. Las tres formaciones se negaron a pagar por el inmueble y tumbaron la propuesta municipal. Fue una de las dos únicas ocasiones del pasado mandato en las que el Gobierno local no consiguió aprobar una propuesta. Al mes siguiente, los tres grupos presentaron y aprobaron una moción en la que reclamaban una nueva negociación con el Estado, la «reversión gratuita» del edificio y que el Gobierno central asignase fondos para «la rehabilitación y puesta en valor» del edificio.

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Inmueble en ruinas

Y esto es, quizás, lo más importante, porque el coste de la propiedad palidece ante la inversión que será necesaria para hacerla útil a la ciudadanía. El edificio lleva una década y media cerrado, con la excepción de una breve apertura parcial en la época de Marea Atlántica. Sin prácticamente mantenimiento, acumula desperfectos, y el Estado cerró el inmueble y puso vigilancia tras incendios y ocupaciones. Ha habido muchas propuestas para aprovechar el edificio, desde ser un centro de interpretación de la Torre a albergar un parador nacional, pero alguien tiene que pagar la reconversión, y el Gobierno local estimó, el pasado mandato, que la obra podría costar en torno a 30 millones de euros, aunque ningún gobierno ha publicado un informe con un presupuesto justificado. En base a su superficie, desde el Colexio Oficial de Arquitectos estiman un gasto de, al menos, 21,5 millones. Y el Estado no ha hecho amago de contribuir.

Anulación del acuerdo

Y el año pasado la situación dio un nuevo vuelco. El Estado fue a los tribunales reclamando el pago acordado en época de Vázquez, medio millón de intereses, y otro millón por daños y perjuicios. En su defecto, afirmó que el Concello debía pagarle casi 15 millones por el coste de construir el centro de inserción social, su gestión y los gastos de vigilar la antigua prisión. Un juzgado de Primera Instancia declaró nulo el acuerdo firmado en 2005, afirmando que Estado y Concello nunca tendrían que haber hecho la permuta de la parcela de la prisión y la del actual centro de inserción, pero sin revertir el solar del CIS, ya que el Concello no lo ha reclamado. El Gobierno ha indicado a este diario que la Siepse «está a la espera de la resolución del recurso presentado por la Abogacía del Estado», y la alcaldesa, Inés Rey, señala que es mejor «no comentar el asunto por prudencia» hasta que haya una sentencia definitiva. «Tener un pronunciamiento judicial a favor siempre ayuda», indica, pero recuerda que el Concello ha perdido otros pleitos. Y, un siglo después, no hay acuerdo político sobre qué será de la cárcel.