Las claves de la zona residencial tensionada en A Coruña: topes al precio del alquiler, más vivienda pública y movilizar pisos vacíos

A Coruña será la primera ciudad gallega en solicitar a la Xunta la declaración de zona residencial tensionada por el alto precio de la vivienda. La Junta de Gobierno Local acordó ayer enviar la petición al Ejecutivo gallego, que tendrá seis meses para dar una respuesta. Si la ciudad cumple los requisitos, se remitirá todo al Ministerio de Vivienda para proceder a la declaración. La declaración permitiría congelar los alquileres ya existentes e imponer a parte de los propietarios un límite de precios. La solicitud municipal va acompañada de otras medidas concretas para bajar los precios: construir vivienda pública, otorgar ayudas a la rehabilitación o movilizar pisos vacíos.

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Según la Ley de Vivienda, hay dos criterios para conseguir esta declaración: que el coste de la vivienda —hipoteca o alquiler— y los gastos superen el 30% de la renta media de los hogares y que el precio de compra o alquiler experimentase un crecimiento superior al 3% del IPC en los últimos cinco años. Según el informe del Concello, A Coruña cumple con los requisitos en el 50% de los distritos y en el 70% de las secciones censales.

Se trata, dijo la alcaldesa, Inés Rey, de una medida «fundamental» para «equilibrar el mercado» inmobiliario, ya que «el derecho del acceso a la vivienda está siendo vulnerado con costes desorbitados». Sin embargo, la Xunta ya dijo que estaba en contra de esta Ley y de poner un tope al precio de la vivienda, aunque el presidente, Alfonso Rueda, reconoció que tramitarán la petición si A Coruña cumple.

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El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, detalló que la zona residencial tensionada va acompañada «de medidas concretas a 20 años» para mejorar la situación. Una de ellas es la construcción de vivienda pública, según recoge el documento. Actualmente, A Coruña cuenta con 873 pisos públicos o protegidos —450 del Concello y 423 autonómicos—. Así, sale a 0,35 viviendas por cada 100 habitantes, cuando la media española es de 1,3 y la europea de 3,2. Para llegar a esta última, la ciudad necesitaría 7.200 pisos más. En tres años, el Concello se compromete a ofrecer 230 viviendas públicas, con 55 ya en construcción en Xuxán y Pontejos. «La Xunta deberá levantar 334 más y otras 120 en suelo cedido por el Ayuntamiento y el Estado 11 más en Adelaida Muro», detalló el edil, quien reveló que el objetivo a 20 años es contar con «13.024 nuevas viviendas públicas».

Un informe municipal acredita que A Coruña cumple los requisitos de zona tensionada

Pero el plan incluye otras medidas, como fomentar la cesión de suelo municipal a cooperativas y promotores y también al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para vivienda pública de alquiler. Además, el Concello pretende crear un Banco Municipal de Viviendas para su gestión.

El Concello también pone el foco en los pisos vacíos, que quiere movilizar para darles uso e incrementar la oferta en el mercado inmobiliario. Prevé, además, hacer convocatorias para dar ayudas a la rehabilitación y accesibilidad. Para los propietarios, propone ayudas en los seguros de impago y beneficios fiscales. A Coruña también ha iniciado la tramitación de la ordenanza de pisos turísticos.

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La oposición

El PP cree que la declaración de zona tensionada «no soluciona el problema de la vivienda en la ciudad». Para argumentarlo, pone de ejemplo Cataluña, donde «disminuyeron más de un 20% los contratos de alquiler firmados y los pisos en el mercado desde su puesta en marcha». «Lo que se necesita es aprobar medidas para poner en el mercado las 30.000 viviendas vacías que hay en la ciudad», añaden. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, asegura que el papel de su partido ha sido «decisivo» en esta solicitud y en la norma de pisos turísticos.