Nueva indemnización municipal a la perrera por la prohibición de la Xunta de sacrificar animales

El Consello Consultivo de Galicia acaba de emitir un informe favorable a que el Concello compense con casi 99.000 euros a la concesionaria de la perrera municipal, Servigal, por los sobrecostes que le causó, en el año 2022 y el primer semestre de 2023, la ley autonómica de bienestar de los animales de compañía aprobada en 2017. Esta nueva norma, como afirmaba la empresa y reconocen el Ayuntamiento y el Consultivo, le creó un desequilibrio económico al introducir cambios como la prohibición de sacrificar animales con carácter general. El Concello ya había aprobado una compensación de 147.000 euros más IVA (la empresa pedía 300.000) para el periodo 2018-2021.

De acuerdo con el Consultivo, que debe emitir un dictamen sobre reclamaciones de indemnización a Ayuntamientos gallegos que superen los 50.000 euros, la ley autonómica cambió las condiciones del contrato que tenía entonces Servigal, firmado en 2006. Por ejemplo, derogó la tasa por adopción que percibía la empresa, e impuso la prohibición general de sacrificio de los animales.

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Esto supone un aumento de costes para Servigal, que también se encarga de la lacería y cremación de los animales domésticos, pues pasó a tener que «cuidar y alimentar a los animales de modo permanente», hasta que sean acogidos o mueran de forma natural. El propio Concello reconoció que esto «supuso un notable incremento de animales presentes en la perrera». La concesionaria también tuvo que contratar nuevos laceros y pasar trabajadores a jornada completa.

El Ayuntamiento no modificó el contrato, como considera el Consultivo que debería haber hecho. Pero eso, indica el órgano, «no significa que el contratista no tenga derecho a la reparación por vía contractual», y las modificaciones de la ley no pueden «ser consideradas cubiertas por el principio de riesgo y ventura», que establece que un concesionario puede asumir pérdidas si los gastos superan a los ingresos.

La concesionaria, argumenta el órgano consultivo, tuvo que cubrir nuevas prestaciones que no figuraban en el contrato debido a la ley autonómica, y estas «deben ser objeto de abono» por parte del Ayuntamiento, que si no percibiría «lucro sin causa». El Consultivo considera que es «conforme a derecho» el reconocimiento de una indemnización a favor de Servigal de 98.784 euros por los ejercicios de 2022 y el primer semestre de 2023. La empresa sigue gestionando la perrera desde entonces, si bien con otro contrato.

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