El Gobierno propone movilizar pisos vacíos ante la previsión de que disminuya la oferta
Aplaude la iniciativa del Concello de construir vivienda pública, pero la considera una medida a medio-largo plazo, por lo que anima a incorporar vivienda sin uso al mercado para ampliar la oferta y ayudar a contener los precios
Edificios ruinosos y vacíos en A Coruña / V. E.
El Concello de A Coruña prevé enviar esta semana a la Xunta la solicitud de declaración de zona residencial tensionada con el objetivo de contener los precios de la vivienda. Una iniciativa que va acompañada de otras medidas, como construir vivienda pública u otorgar ayudas a la rehabilitación. El Gobierno central aplaude estas actuaciones pero considera que son a medio-largo plazo y propone «movilizar pisos vacíos» ante la previsión de que, como ha ocurrido en otras ciudades, disminuya la oferta disponible.
En su análisis sobre el plan de medidas que el Concello propone aplicar con la declaración de zona tensionada, el Estado alerta de que «las experiencias en otras ciudades europeas demuestran que, si bien la medida funciona para contener el avance desbocado del precio del alquiler, puede disminuir la oferta al haber menos rotación de vivienda y una parte de la oferta se desvía a otros modelos de alquiler —como puede ser el turístico—. Por ello, considera que la solución a corto plazo es «movilizar pisos vacíos».
De hecho, en su documentación, el Concello ha incluido actuaciones en este ámbito, como la creación de una bolsa municipal para ocupación de vivienda vacía que podría destinarse a alquiler social. También cuenta con un Plan de Recuperación de Ruinas para garantizar la rehabilitación de inmuebles en desuso.
El Estado, por su parte, propone «fomentar el alquiler de viviendas desocupadas a través de la subvención de pólizas de seguro que garanticen el cobro de la renta a los propietarios reticentes a alquilar». Detalla que la medida podría subvencionar el precio anual del seguro hasta un máximo de, por ejemplo, 300 euros para los dueños de pisos que lleven vacíos uno o dos años. «Con 300.000 euros podría incentivarse la salida al mercado de hasta 1.000 viviendas», calcula y aporta ejemplos similares de Vigo, Murcia o Palencia.
También ve clave dar subvenciones para acometer obras en pisos que no se encuentren en condiciones de habitabilidad adecuadas y sacarlos ya reformados al mercado del alquiler «durante un mínimo de años al precio marcado por el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda.
Sobre la construcción de vivienda pública, el Gobierno central cree que es una buena medida, pero «pasarán varios años hasta que se pueda notar su efecto en el mercado de la vivienda». De ahí que proponga impulsar otras actuaciones como devolver al mercado vivienda vacía, sobre todo en los primeros años de la declaración de zona residencial tensionada.
De todos modos, el Estado también opina que A Coruña necesita más vivienda pública, pues cuenta con un «número llamativamente bajo»: 873 viviendas públicas —450 municipales y 423 de la Xunta—. Para alcanzar la media europea, que es de 3,2 pisos sociales por cada 100 habitantes, la ciudad necesitaría casi 8.000 viviendas más, pues su media ahora está en 0,34. El objetivo a 20 años, según el Concello, es sumar 13.024 pisos públicos. «El esfuerzo por ejecutar obra pública destinada a vivienda social es evidente con inversiones significativas de la Administración local, autonómica y estatal, y podremos ver sus frutos próximamente», exponen desde el área de Fomento.
Una vez el Ayuntamiento envíe la petición de zona residencial tensionada, la Xunta tendrá un máximo de seis meses para dar una respuesta. Si A Coruña cumple los criterios, deberá remitir toda la documentación al Ministerio de Vivivenda para proceder a la declaración.
Reforzar la seguridad jurídica de los propietarios, entre las alegaciones
La mayoría de alegaciones presentadas a la solicitud de zona residencial tensionada están en contra de esta declaración porque consideran que no soluciona el problema del precio de la vivienda en la ciudad. En cambio, proponen otras medidas, como movilizar vivienda vacía y reforzar la seguridad jurídica y económica de los propietarios.
En eso se centran las alegaciones de colectivos como el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el de Administradores de Fincas de Galicia o el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña. «Para incrementar la oferta de vivienda en alquiler y facilitar, con ello, que se contengan los precios, y partiendo de que más del 90% del mercado de vivienda en alquiler está en manos de pequeños propietarios o familias, debe dotarse a los propietarios de la necesaria seguridad jurídica y económica», exponen, y ponen de ejemplo ofrecer «seguros de impago y de destrozos en las viviendas». También opinan que sería positivo «agilizar la recuperación de las viviendas en caso de falta de pago y garantizar el normal desarrollo de los contratos de alquiler». Entienden que esto permitiría devolver al mercado los pisos que ahora están vacíos.
Estos profesionales rechazan la zona tensionada porque, argumentan, «los principales efectos, como la limitación de las rentas y el alargamiento de los plazos de los contratos, ya existieron en épocas pasadas y su principal consecuencia todavía es visible hoy: un parque de alquiler muy reducido, muy poco profesionalizado, sobre viviendas en bastante mal estado en muchos casos, y, como consecuencia de todo ello, sometido a enormes tensiones en los precios y en los plazos».
La Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña_(Aproinco) recupera ejemplos de otros lugares —como Cataluña o Berlín—para explicar que la zona tensionada puede provocar la disminución de la oferta de viviendas. La entidad está en contra de esta declaración y propone otras medidas, «como ceder suelo público, impulsar la oferta de alquiler social y de rehabilitación y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios».
Hay un usuario que sí se posiciona a favor de la zona tensionada que recoge la Ley de Vivienda pues es, a su juicio, «una medida tan necesaria y urgente como procedente y legalmente ajustada». Sin embargo, indica que el análisis sobre el mercado de la vivienda que hizo el Concello es «insuficiente y limitado». Opina que se debería tener en cuenta la vivienda social, el número de demandantes de vivienda protegida, un censo de viviendas vacías y la evolución de la vivienda de uso turístico.
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