El 82% de las peticiones de pisos protegidos en A Coruña son de vivienda pública por el menor precio

Casi 3.500 personas han pedido acceder a un piso protegido en A Coruña, y de ellos 2.865, el 82%, solicitan uno por las Administraciones Públicas, y no por promotores privados, aunque los segundos tienen un precio máximo de alquiler o venta por debajo del normal del mercado. Promotores y arquitectos coinciden en la explicación: las viviendas públicas son las más baratas, si bien escasean debido a que apenas hay promociones de la Administración en la ciudad. A falta de que se concrete el proyecto de Monte Mero, las promociones del Gobierno gallego y el local suman poco más de dos centenares de pisos en los últimos años.

La diferencia de coste es muy acusada. Las administraciones no han vendido viviendas de promoción pública en los últimos años, pero la Xunta puso en alquiler 40 pisos en Xuxán en 2023. Los precios, según informa la Consellería de Vivenda, oscilan entre 91 y 170 euros, dependiendo del tamaño de la vivienda, el número de personas que acceden a ella y sus ingresos familiares. Al mismo tiempo, el Gobierno gallego fija unos precios máximos para las viviendas protegidas privadas que se alquilen en A Coruña de entre 36 y 42,5 euros por metro cuadrado útil. Para un piso de 70 metros, la renta mensual quedaría aproximadamente entre los 210 y los 250 euros.

La demanda de vivienda protegida se dispara en A Coruña: hay un un 45% más de solicitantes

Para la presidenta de la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela, la preferencia de los ciudadanos por los pisos públicos no genera «mucha duda», y se debe a que los ciudadanos calculan que van a poder acceder a un piso en «mejor condiciones» que en la promoción privada. «Este tipo de promociones salen en lugares menos interesantes, más periféricos, en barrios que no están perfectamente preparados», explica, por lo que «quieres el precio más bajo de alquiler».

«Estas promociones están en lugares periféricos, así que quieres un coste bajo»

Lo mismo considera el secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, que recuerda que «el precio de la vivienda de promoción pública es mucho más barato». Además, indica, «siempre subyace esta idea, no sé si correcta o no, de que si dejo de pagar, no me echan, por el coste político». Fuentes de la Consellería de Vivenda señalan que las viviendas públicas «son más económicas que las de promoción privada», si bien también puntualizan que «también están destinadas a población con mayor dificultad de acceso a la vivienda», y los límites de ingresos de los demandantes son inferiores.

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Casi 1.800 personas piden un alquiler social público en A Coruña, y otras 726 arrendar con opción a compra, mientras que los que reclaman comprar un piso de las administraciones son apenas 348. Probablemente se deba a que las promociones públicas se están orientando al alquiler. En Xuxán el Gobierno gallego planea poner en el mercado otros 104 pisos de arrendamiento social de nueva promoción, y contribuye con suelo o apoyo a otros proyectos privados en la ciudad. El Concello, para cumplir el acuerdo extrajudicial que le ahorra tener que pagar indemnizaciones millonarias por la licencia ilegal del edificio Fenosa, construirá otros 50 pisos sociales en el barrio.

El Ayuntamiento también lleva años rehabilitando un edificio de Marqués de Pontejos que albergará cinco viviendas sociales, y el Gobierno gallego ha sacado a concurso la reforma del 98 de San Andrés, que albergará otros cuatro pisos protegidos. La nueva oferta queda muy por debajo de la demanda, si bien la Xunta planea, a medio plazo, una gran promoción de 4.310 viviendas en Monte Mero. De ellas, el 80% serán públicas o privadas, aunque no se sabe la proporción de ambas modalidades. Este proyecto está lejos de ejecutarse, ya que el plan de la Xunta es que la urbanización empiece aún en 2028.

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Incremento en relación a 2024

Los solicitantes de vivienda protegida en A Coruña apenas han variado durante este año, y a principios de enero, siempre en base al registro de demandantes de la Xunta, eran 3.537. Pero en 2024 sí que hubo crecimiento: a inicios de ese año eran unos 2.430, con lo que se produjo un incremento del 45% en apenas doce meses, probablemente debido al propio anuncio autonómico del proyecto de Monte Mero.

Entre los que piden vivienda protegida, predominan los solicitantes de comprar: son 437, frente a 115 que se decantan por el arrendamiento y 74 que solicitan alquiler con opción de compra. Posiblemente influya que, aunque hay iniciativas para arrendamiento social privado, los promotores se inclinan por construir para vender. Desde Aproinco explican que las iniciativas de alquiler social tienen dificultades para conseguir financiación y no pueden trasladar el IVA a un comprador.

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