Así será la nueva factura de la basura para los vecinos de A Coruña: cuándo y cuánto

A Coruña debería haber establecido una nueva tasa de basuras que refleje el «coste real, directo o indirecto» de recoger y tratar los residuos. Así lo establece la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que entró en vigor el 10 de abril de 2022 y daba a los ayuntamientos un plazo de «tres años» para implantar una nueva tarifa que acabó el pasado jueves. El Gobierno local, si bien cuenta con implantar la tasa este año y subir en un tercio lo que cobra a las familias coruñesas, no ha puesto fecha para aprobar la nueva ordenanza necesaria para desarrollarla, que está en consultas previas. El Ministerio de Hacienda advierte de que no tener una nueva tasa puede conllevar sanciones a municipios, y también puede ser un problema para pedir ayudas a la UE.

La ordenanza actual

Los pagos que las familias y negocios de la ciudad pagan por la recogida de basura y su tratamiento se regulan por una ordenanza de 2018, si bien los precios se han incrementado desde que se aprobó. Según el libro de ordenanzas fiscales de 2024, las viviendas pagan una tasa fija de entre 60,45 y 68,87 euros al año, según en qué calle estén, y en el caso de los despachos profesionales unos 71. El comercio abona según la superficie de la tienda (una de menos de 20 metros cuadrados paga 87,77, y uno de 2.000, unos 841). Los hoteles pagan 10,64 euros por habitación, y la hostelería también tributan según tamaño, aunque las cuotas son más altas. Por cada tonelada de residuos segregados en Nostián abonan unos 68 euros.

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Todos los costes

Pero hay que actualizar la ordenanza debido a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que desarrolla una directiva europea. La norma, en sí misma, no establece que la tasa deba aumentar. Pero sí que indica que hay que trasladarle a los vecinos, en la cuota que abonan, costes como el mantenimiento de los vertederos y los gastos tras su cierre. Además la ley indica que la tasa establecida por las entidades locales no puede ser deficitaria.

La subida prevista

Los presupuestos elaborados por el Gobierno local para este año, que acaban de entrar en vigor, contemplan que la recaudación suba un 31%, de 11,4 millones a 15, y que en el «segundo trimestre de 2025 esté en vigor la nueva ordenanza de tratamiento de residuos». Los ingresos por cobros a negocios aumentan un cuarto, y los cobros a hogares un 33,7%. Una vivienda que ahora pague 60,45 euros anuales, el mínimo, pasaría a abonar cerca de 81.

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Sin fecha definitiva

Pero esto no se sabrá hasta que haya una propuesta de ordenanza, que debe ser aprobada por el Pleno. El Gobierno local no ha respondido a las preguntas formuladas de este diario sobre la tramitación, pero ha abierto una consulta pública previa para que los ciudadanos envíen sugerencias, como establece la ley. El plazo acaba el lunes de la próxima semana, día 21. Vigo, Pontevedra y Lugo han aprobado nuevas ordenanzas, mientras que en Santiago el texto ya pasó por junta de gobierno, pendiente de ir al pleno.

La Xunta no sancionará

La ley establece que los Ayuntamientos deberán comunicar las nuevas tasas, así como su método de cálculo, a la administración autonómica, pero fuentes de la Consellería de Medio Ambiente insisten en que esto no quiere decir que a la Xunta le corresponda fiscalizar que se actualicen las ordenanzas. Según señala el Gobierno gallego, la competencia de establecer las tasas es de los Ayuntamientos, y que haya que comunicarlas a la Xunta «no implica la existencia de una potestad sancionadora» por parte de la comunidad autónoma, o que la falta de aprobación de la tasa sea «una infracción administrativa sancionable». Si multase al Concello por esto, interpreta el Gobierno gallego, violaría el principio de autonomía local de la Constitución.

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Consecuencias por demora

Pero desde el Ministerio de Hacienda indican que sí puede haber castigo por parte de la UE. Así figura en una guía para ayuntamientos elaborada en mayo de 2024 por un grupo de trabajo de la cartera y de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), de la que es vicepresidenta la alcaldesa, Inés Rey. El texto insiste en que tener una tasa ajustada a la ley es obligatorio para «todos los municipios», y «puede ser exigida como criterio condicionante para el acceso por parte de las entidades locales a los fondos comunitarios». Además, el texto recuerda que la Comisión Europea apuntó en 2023 que España estaba en riesgo de no cumplir los objetivos de residuos municipales de 2025, lo que podría llevar a «sanciones comunitarias». Si se castiga a España por incumplimientos, la multa «sería repercutida» a las administraciones responsables, esto es, a los concellos «que no cumplieran con el establecimiento de la tasa». Entre ellos, al menos de momento, está A Coruña.

Reservas del interventor

No se ha hecho público cuándo y cómo se aplicará la normativa. El interventor municipal emitió un informe contrario a la previsión de subida de ingresos, afirmando que no está asegurado que se apruebe una nueva ordenanza este año. El Gobierno local tiene que presentar un proyecto y llevarlo a pleno para la aprobación inicial (y posiblemente necesite un apoyo explícito del BNG, pues el PP se ha mostrado contrario a subidas de impuestos), luego seguir la tramitación, resolver las alegaciones y volver a pleno para la aprobación final. Según Intervención, para poner en marcha la ordenanza este año debería haberse aprobado en 2024 para que no hubiera «dificultades o dudas» al cobrar las nuevas tarifas. Aunque se pueda pagar por trimestre, indica el interventor, el devengo, esto es, cuando sobre el papel se origina el deber de pagarlo, es el 1 de enero. Esto genera dudas sobre si se pagará a partir de la aprobación de la ordenanza, o todo el año, retroactivamente. La alcaldesa, señaló a este diario que «cuando se apruebe, lo estableceremos».

Contratos pendientes

Y la ordenanza no es la única cuestión a la espera de solución en los residuos coruñeses. La concesión de recogida, que presta Prezero, ha sido anulada por los tribunales, y la única otra empresa que se presentó al concurso y cuya oferta no ha sido eliminada tampoco reunía las condiciones para llevar el contrato. Está pendiente un nuevo concurso. Tampoco se ha sacado a licitación la gestión de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, con el contrato expirado desde 2019. Está pendiente también implantar un quinto contenedor, algo por lo que la Xunta ha impuesto un a multa a la ciudad de 100.000 euros. Probablemente, esto obligará a cambiar los contratos de recogida y de contenedores.

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